Los millonarios convenios entre la
Seremi de Vivienda de Antofagasta y
Democracia Viva siguen generando coletazos, tanto a nivel político, como judicial. El caso no sólo golpea al Gobierno y a RD, a través de militantes involucrados, sino que también ha instalado dudas respecto a los acuerdos que pudieron suscribir otras fundaciones con el Ejecutivo.
Si bien aún hay varios procesos e investigaciones en curso, la polémica ya ha significado la salida del seremi de la región Carlos Contreras y más recientemente de la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas. Esto último, según dijo el Presidente Gabriel Boric, para "dar la señal de que acá no habrá defensa corporativa a nadie y que los estándares que en el pasado tuvimos para juzgar y criticar a nuestros adversarios ante casos contra la fe pública, tenemos que aplicárnoslo a nosotros mismos".
La polémica por los convenios además ha traído a la memoria situaciones pasadas como el caso MOP-Gate destapado en 2003 y que derivó en un acuerdo político transversal para avanzar en medidas sobre probidad y transparencia. Sumado a ello, en 2015, el caso Penta y SQM sobre el financiamiento irregular de campañas, además del caso Caval, permitieron avanzar en otros cambios.
Con ese contexto, algunos políticos y expertos creen que la polémica por los convenios y otras situaciones que han afectado al Estado, como indagaciones en varios municipios, abren la necesidad de concordar nuevas medidas y acuerdos en materia de transparencia y probidad.
En esa línea, los diputados del movimiento Avancemos Chile, Yovana Ahumada, Víctor Pino y Enrique Lee, plantearon el martes que "hacemos un llamado al Presidente de la República, parlamentarios, partidos y movimientos políticos a unirnos en un pacto para trabajar juntos en la búsqueda de soluciones efectivas y sostenibles para los problemas que enfrenta nuestro país, para que haciendo más con menos, nuestro estado prospere al servicio de nuestros ciudadanos y no de unos pocos que se aprovechan para beneficio personal".
"Establecer representantes de todos los sectores políticos centrados en buscar la eficiencia y eficacia del Estado, es el primer paso antes de que cualquier actor, llegue a pensar en hacerlo crecer aún más, por ello el objetivo de este pacto es promover una cultura de eficiencia y eficacia en el Estado, donde se fomente la innovación y se implementen mejores prácticas para lograr un gobierno más ágil, transparente y responsable", agregaron.
¿En qué se puede avanzar?
El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Francisco Leturia, consideró que "en Chile y en todas partes del mundo las crisis sirven para hacer cambios. En su momento fueron las platas políticas u otras cosas por el estilo y el sistema político dijo 'ordenemos esto o cambiemos las reglas', y yo creo que si éste no es el momento para generar un cambio transversal donde estén todos los actores políticos unidos y hacer los cambios -que todos tenemos claro cuáles son- rápido, significa que no nos estamos tomando el tema en serio y que las autoridades y políticos tienen un discurso, pero en la acción se traduce en otro".
A su juicio, un acuerdo transversal para avanzar en esta materia es "urgente y la única solución. No sacamos nada con pedir hacer una nueva Constitución, sino enfrentamos estas cosas".
En esa línea, Leturia explicó que "las medidas de probidad alcanzan tanto a los traspasos a fundaciones como en el ámbito municipal, que son casi idénticos. Hoy estamos hablando de esto (de los convenios), pero la semana pasada estábamos hablando de Vitacura (...) Una cosa que hay que hacer es aprobar la Ley de Transparencia 2.0, cuando tú tienes más transparencia, la gente tiene acceso a la información concreta, periódica, tienes a la propia gente y además a los medios de comunicación vigilando minuto a minuto cómo se están gastando las platas, hace que la gente tenga mucho más cuidado a la hora de hacer trampa o mal uso de los recursos".
Respecto a iniciativas concretas, Leturia planteó la idea de "limitar todo lo que es el trato director a situaciones realmente excepcionales. Aquí la regla general tiene que ser licitación, concurso y poder explicar muy bien por qué los dineros se los diste a una persona y no a otra", añadiendo además que "los traspasos a privados tienen que ser mucho más informados al menos mensualmente".
A la vez que cree que se pueden tener canales de denuncia más protegidos, junto a información más completa y responsabilidades más claras y efectivas para las autoridades.
"La regla general debiera ser la competencia"
La directora Ejecutivo de Chile Transparente, María Jaraquemada, coincidió en que "las crisis hay que aprovecharlas para hacer cambios, pero también hay que tratar que no nos lleve a legislar de manera apurada, porque si vamos a hacer algo para salir del paso y dar la idea de que estamos haciendo algo puede que mañana mismo esa ley puede fallar (...) Por otro lado, este caso nos demuestra que es necesaria mucha más transparencia de la sociedad civil y particularmente de aquellas que recibe fondos públicos, pero también creo que no hay que meter en el saco a toda la sociedad civil", aunque igual piensa que se debe transparentar información.
Sobre el caso puntual de los convenios, Jaraquemada sostuvo que "me hace sentido que montos altos puedan adjudicarse de manera tan discrecional y directamente, yo creo que la regla general debiera ser la competencia, que hayan criterios objetivos, transparentes y que se abra la opción a que distintos tipos de organizaciones puedan participar. Debemos pensar que sea un sistema con reglas generales y similares a las que hoy existen del sistema de compras públicas".
Con ello, planteó que "podrían haber ciertas inhabilidades e incompatibilidades en que aquellas organizaciones que tienen vínculos con los partidos políticos o que no tengan experiencia suficiente no pudieran participar", acotando además que un punto importante sería "poder hacer el seguimiento del dinero, yo creo que es muy importante que cuando hay recursos públicos involucrados nosotros podemos seguir la ruta del dinero para asegurarnos que esos recursos fueron dónde tenían que ir".
Ambos se mostraron además partidarios de poner más filtros y controles en los nombramientos de autoridades públicas.
Asignaciones directas
El abogado y ex fiscal Carlos Gajardo, indicó en entrevista con EmolTV que "si esta condena (de estos hechos) es transversal y es real, a mí me parece que es el momento preciso para impulsar con rapidez una agenda de probidad 2.0, donde podamos avanzar en muchos de estos puntos".
Así, Gajardo apuntó que se podría "limitar, por ejemplo, las asignaciones directas. No hay buenos motivos en el Estado, salvo situaciones excepcionales de urgencia, en que los dineros del Estado se deban asignar directamente sin que exista previamente un proceso de licitación".
Asimismo, propuso que "debiéramos limitar fuertemente la posibilidad de contratar a personas en el Estado de exclusiva confianza", añadiendo que los cargos de "confianza política debieran ser los menos".
Y agregó que "debiéramos ver con mucho mayor detalle el tema de las corporaciones municipales privadas", además de poder "flexibilizar el secreto bancario".
Nombramientos en el Estado
El caso de los convenios entre el Minvu y Democracia viva, también ha puesto sobre la palestra los riesgos que supone la designación de cercanos para cumplir funciones del Estado.
Frente a esto, Bernardo Larraín de la fundación Pivotes, planteó que "es imperativo la reforma al régimen de empleo público, de manera que el Estado se vuelque a resolver con eficacia y eficiencia los problemas de la gente. Y como no ha existido voluntad política, la gran oportunidad es habilitar esta reforma desde la Constitución". De hecho, la fundación, junto a Horizontal e IdeaPaís, ingresaron la iniciativa popular de norma "Por un Estado sin pitutos".
"Hay un consenso transversal, en el que este caso y otros previos puede ayudar a materializar, en que se requiere avanzar en la profesionalización de la función pública"
David Bravo
A través de ésta, acotó, "proponemos distintos mecanismos para que el Estado vuelva a estar al servicio de las personas. La primera es separar el Gobierno de la Administración Pública para atribuirle al primero la conducción política y la definición de las políticas públicas, y que el segundo resguarde su naturaleza técnica y se encargue de implementarlas. También es que se cree constitucionalmente una Agencia de Calidad de Políticas, Servicios y Programas Públicas que evalúe si son efectivas y su impacto".
"En paralelo, debe existir un nuevo estatuto único de designación, contratación, promoción y cese para funcionarios del Estado que también contenga una regulación especial para los funcionarios de confianza, que sea coherente con su condición de excepcional y limitada. Para esto es importante que exista un Consejo Autónomo de Alta Dirección Pública que regule los procesos de selección", sostuvo Larraín.
El docente investigador de Faro de la Universidad del Desarrollo (UDD), Miguel Ángel Fernández, manifestó, en tanto, que "un perfeccionamiento del sistema de Alta Dirección Pública es necesario para potenciar la administración pública del país. En este sentido, el desafío no es solo ampliar la cantidad de plazas bajo dicha modalidad, sino también trabajar en una restructuración de los mecanismos de contrato y carrera funcionaria al interior del Estado. Una de las áreas más débiles aún es la contratación en gobierno locales (municipios). Allí tenemos una fuerte deuda pendiente".
Asimismo, David Bravo, del Centro Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica (UC), aseveró que "hay un consenso transversal, en el que este caso y otros previos puede ayudar a materializar, en que se requiere avanzar en la profesionalización de la función pública".
En ese sentido, sostuvo que "se han hecho avances en esta materia en términos de la Alta Dirección Pública, pero hemos visto cómo, independientemente de quién asuma el Gobierno, se producen cambios excesivos en jefaturas de servicio que debieran tener una vocación de servicio público profesional. Ello con mayor razón ocurre en todos los otros cargos de confianza que llegan con las nuevas autoridades. Al mismo tiempo, sabemos que el sector público tiene un problema de carencia de evaluación objetiva Un servicio público de excelencia requeriría también de evaluaciones por mérito que hoy no se producen en el marco del actual estatuto".
