Una solicitud para crear una comisión investigadora a raíz del caso de los millonarios convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, realizaron al presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic (PL), un grupo transversal de diputados de oposición e incluso representantes de izquierda.
La petición impulsada por la bancada de diputados de RN, logró la firma de 65 parlamentarios, desde Chile Vamos, Republicanos, el PDG, ex PDG y ex DC e incluso de algunos parlamentarios como Pamela Jiles y Félix González (Partido Ecologista Verde Social).
"Los diputados que suscriben los diputados que suscriben vienen en solicitar la creación de una Comisión Especial Investigadora a fin de reunir antecedentes relativos a los actos de gobierno relacionados con las transferencias de recursos realizadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de sus Secretarias Regionales Ministeriales, así como del Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para los años 2022 y 2023, con especial énfasis en los recursos entregados por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta", se lee en el escrito.
De esta forma, argumentan que "parece contraproducente y poco correcto transferir estos millonarios montos a una Fundación que no solo carecía de la expertise, sino que además detentaba un giro completamente alejado para el cual se habían aprobado tales dineros (asentamientos precarios o campamentos)".
Y se agrega que "deben ser detalladamente analizadas estas actuaciones para conocer sus alcances y la manera cómo se han ejecutado los recursos transferidos, atendiendo también, los importantes vínculos afectivos, políticos y personales de quienes intervinieron en la operación".
El jefe de bancada RN, Frank Sauerbaum, especificó que la solicitud tiene "firmas de distintos partidos políticos para poder establecer la responsabilidad política y administrativa del Ministerio de Vivienda en la entrega de recursos millonarios a Fundaciones y ONG's que han hecho mal uso de los recursos públicos".
"Es bueno que la gente tenga claridad que la Cámara de Diputados va a hacer una investigación profunda donde el Gobierno va a tener que declarar en esa comisión y establecer definitivamente las responsabilidades que se tuvieron y los antecedentes se mandarán luego a la fiscalía para continuar con la investigación penal", sostuvo.
La diputada Camila Flores acotó que "todo indica que estamos frente a una maquinaria para defraudar al fisco. Aquellos que tenían un estándar moral distinto, han demostrado ser de lo peor. Verdaderamente, no deja de sorprender todo el aparataje que tenían a nivel nacional desplegado para poder hacerse de platas públicas para fines que no son precisamente para lo que se esperaba en estas fundaciones".
"La comisión investigadora es una necesidad para el país que exige transparencia de sus políticos, pero también porque quiere claridad respecto al uso que se le da las platas que todos pagamos a través de los impuestos. Lo que está ocurriendo es muy grave, porque hay fondos entregados a la ligera, sin requisitos cumplidos por parte de las fundaciones, sin rendición de cuentas, sin boletas de garantía", planteó el diputado Eduardo Durán.
A inicios de mayo, la presidenta de los funcionarios del Serviu de Antofagasta, pusieron en alerta a las autoridades del Minvu enviando un correo electrónico alertando de las irregularidades.
Por ello, los diputados argumentan que eso "deja en evidencia que hubo autoridades a nivel regional y en el nivel central que conocían de las irregularidades y que hicieron caso omiso de los antecedentes, no comunicándolo a sus jefaturas. Solo así se explica que el Ministro del ramo evidenciara tal nivel de sorpresa al ser consultado sobre la fundación Democracia Viva. No obstante lo anterior, el presidente del partido Revolución Democrática ha señalado que el ministro Carlos Montes conocía de las denuncias. Esto deja a la vista la liviandad
con la que se abordó la denuncia o, en el peor de los casos, de una red de protección al interior del Ministerio".
En la misma solicitud para conformar la CEI, se hace alusión a la denuncia de los funcionarios de Antofagasta, del "pago de un arriendo por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, a la Fundación Procultura, por un monto mensual de casi $3,4 millones por 16 meses, lo que importa una suma total de $54,2 millones".
