La Fundación
Comprometidos emitió un comunicado -luego que se expusiera que la Fiscalía de Atacama iniciaría una investigación por posibles delitos en los convenios suscritos con el
Ministerio de Vivienda- en el que anunció acciones legales por la "
difusión alejada de la verdad por parte de algunos medios de comunicación".
De acuerdo con información conocida la jornada del viernes, la indagatoria de la fiscalía surgió a raíz de una denuncia puesta por la diputada Sofía Cid (RN), luego que se supiera que la ONG recibió $190 millones para entregar agua en los campamentos de Copiapó, y las sospechas que nacieron por el giro de actividades de la misma.
Si bien, originalmente este era "actividades en producción de películas cinematográficas" y "actividades de clínicas veterinarias", en marzo de este año se añadieron "asistencia social" y "fundaciones y corporaciones".
En la página web oficial de la ONG, se publicó el texto público que indica, en primer lugar, que "lamentamos profundamente las afirmaciones desinformadas e injuriosas que se han vertido por intermedio de diferentes medios de comunicación en sus diferentes plataformas digitales sobre el trabajo que nuestra organización está ejecutando en los campamentos de la región de Atacama para el Programa Piloto Gobernanza sector Paipote y Villa el Cerro, Copiapó".
Asimismo, añade que "dichas afirmaciones, que buscan enlodar el trabajo honesto que realizan los miembros de nuestra fundación, así como todo el aporte que realiza la sociedad civil organizada en colaboración con organismos del Estado, lo que provoca un detrimento al servicio de vocación pública que día a día prestamos y desarrollamos junto a cientos de familias que necesitan de iniciativas de colaboración".
En tal sentido, la ONG aclaró algunos puntos como, por ejemplo, que "la organización tiene diferentes áreas de trabajo", que "su proyecto pasa por una auditoría mes a mes, siendo requisito tenerla aprobada para continuar con la siguiente rendición", que la fundación "no tiene injerencia alguna sobre el cobro que se realiza por la entrega del agua potable. El valor cobrado a las familias, es parte de las condiciones contractuales establecidas por el Seremi de Vivienda de Atacama para el desarrollo del proyecto", y que "no tienen ni han tenido ningún vínculo con ningún partido político o personalidad política".
De hecho, respecto a lo último, expresó que "descartamos categóricamente que quien preside nuestra fundación sea partidario, adherente o simpatizante de alguno de los partidos políticos oficialistas o de Gobierno".
