Derechos ambientales, patrimonio cultural, identidad de género, educación pública, y libertad de religión y enseñanza, fueron parte de los temas que se abordaron en las casi 850 audiencias públicas, realizadas por las universidades desde Arica a Magallanes este fin de semana. Esto en el marco del mes de la participación ciudadana para el proceso constitucional.
Así, tanto ciudadanos como organizaciones de la sociedad civil, tuvieron la oportunidad de exponer sus puntos de vista y propuestas sobre los temas que forman parte del anteproyecto de nueva Constitución y que serán debatidos durante los próximos meses por el Consejo Constitucional.
Al respecto, la representante de la Universidad de Tarapacá para la SPC, Paloma Tapia, comentó que la casa de estudios abrió las puertas de sus sedes Arica e Iquique para escuchar los diferentes puntos de vista de las personas y organizaciones.
Al respecto destacó que entre las audiencias se expusieron temas como por ejemplo, "los derechos colectivos del pueblo tribal afrodescendiente, el agua como un bien nacional de uso público y también aquella acerca de la movilidad humana. Tres aspectos bastante relevantes tanto para la región de Arica y Parinacota como para la región de Tarapacá".
Los encuentros simultáneos, organizados por la Secretaría de Participación Ciudadana, en conjunto con 40 universidades acreditadas del país, tuvieron lugar en 75 sedes universitarias en todas las regiones. Contaron con la participación de ciudadanos y ciudadanas, dirigentes, académicos, representantes de organizaciones, de los pueblos indígenas, organizaciones feministas, expertos y más.
Cristóbal Tello, encargado de Audiencias Públicas y Académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, celebró "las casi 850 audiencias realizadas desde literalmente Arica a Magallanes" y anunció que la próxima semana continuarán con las audiencias que se hacen ante el Consejo Constitucional y en forma remota.
"Es un proceso inédito de participación que esperamos tenga incidencia en las decisiones que tome el Consejo Constitucional sobre el proyecto de nueva Constitución", aseguró el académico.
En relación a la maratónica jornada, la encargada de Audiencias Públicas de la Secretaría de Participación Ciudadana, Claudia Heiss, enfatizó en que se trató de un desafío logístico importante y que están satisfechos con los resultados.
Además, la académica explicó que cada una de las audiencias contó con un ministro de fe y un operador audiovisual, que registró las ponencias en cámara para su posterior sistematización.
"Cada exposición se realizó bajo el mismo procedimiento con el fin de que tengan el mismo valor frente al Consejo. Ahora comenzamos la etapa de sistematización, para lo cual organizaremos las audiencias por temas y entregaremos los resultados en un informe a las y los Consejeros, de forma que puedan considerar esta información al momento de debatir", explicó Heiss.
Por su parte, Ramón Mayorga, académico de la Universidad de Magallanes expresó que han asumido "este papel importante de favorecer la participación de la ciudadanía en el marco de este proceso: de difundir, de informar y de orientar los distintos mecanismos que están dispuestos para este fin. No solamente las audiencias públicas, sino que también las consultas ciudadanas, las iniciativas populares de norma y los diálogos autoconvocados que forman parte también de este proceso".
De las audiencias no realizadas, ya se han agendado 141 presentaciones remotas y se espera que el número siga creciendo. Las audiencias públicas ya están disponibles en el canal de YouTube de la Secretaría para la Participación Ciudadana.
Además de las audiencias, otros tres mecanismos de participación ciudadana estarán abiertos hasta el 7 de julio. Las personas podrán reunirse hasta esa fecha en diálogos autoconvocados, votar en la consulta virtual y apoyar hasta 10 iniciativas populares de norma.
Jueces de Policía Local participan en ciclo de audiencias públicas
En la segunda jornada de audiencias públicas, organizada por la Secretaría de Participación Ciudadana, el Instituto Nacional de Jueces de Policía Local (INJPL) -a través de su presidenta Carola Quezada- expuso sobre la realidad de los JPL en el país y las actuales atribuciones y competencias que les han ido otorgando en los últimos años.
Repasando la historia en la cual comienzan a conformarse como una institucionalidad y también la antigua normativa que los rige, Quezada enfatizó que "las materias de que conocen los Juzgados de Policía Local son numerosísimas, reguladas en más de 60 leyes y en constante aumento, ello dada la necesidad de dar sede jurisdiccional a conflictos nuevos que se fueron presentando a lo largo del tiempo en el país".
"Se trata de leyes que en su mayor parte entregan a los juzgados de policía local facultades para sancionar con multa a quienes las infringen; adicionalmente y por aplicación del art. 9° de la ley 18.287, dichos tribunales quedan facultados, en general, para conocer de las acciones civiles derivadas de los hechos contravencionales que sancionan".
En la actualidad, los jueces de policía local dependen de la respectiva Corte de Apelaciones en lo directivo, correccional y económico, y de las municipalidades en lo administrativo, según dispone el art. 8° de la Ley N° 15.231.
"Esto -añade Quezada- crea situaciones ambiguas que afecta el trabajo de los jueces, como la autorización de días de feriado legal y permisos en general, sistemas de control de jornada vs. horario de audiencia fijado por las Cortes; asignación de personal y recursos materiales acordes a las funciones y carga de trabajo de los juzgados".