A dos semanas que estallara el escándalo de los convenios, a raíz del caso de Democracia Viva, hoy la ministra de la Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, anunció la "conformación de un equipo" de expertos para establecer nuevos parámetros de probidad.
La comisión tendrá un periodo de 45 días para elaborar lineamientos y estará coordinada por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
La secretaría general de la instancia será Valeria Lübbert, quien es la actual secretaria ejecutiva de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia de la Segpres.
"Hemos decidido conformar un equipo de expertos para la probidad y la integridad institucional, esto va a ser un equipo de trabajo que tiene un plazo de 45 días para poder cumplir con los objetivos para los cuales se les ha convocado", dijo la ministra en una vocería en el Palacio de la Moneda.
Su objetivo general, según Vallejo, será "establecer un nuevo trato con las instituciones privadas sin fines de lucro, estamos hablando de corporaciones y fundaciones donde primen los principios de transparencia, efectividad, eficiencia, rendición de cuentas de los convenios de colaboración que surgen entre estas entidades y el Ejecutivo".
Objetivos específicos
Entre los objetivos específicos, Vallejo agregó que "en primer lugar, identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades, y amenazas en la colaboración de las instituciones privadas sin fines de lucro con el Estado".
"En segundo, lugar proponer mecanismos de fortalecimiento que aseguren una mayor eficacia y transparencia en la vinculación con el Estado, que faciliten el conocimiento de la ciudanía sobre el uso de los fondos que se entregan a estas entidades (...) En tercer lugar proponer modificaciones a los requisitos de gobernanza, transparencia financiera e integridad de las instituciones, para garantizar el adecuado uso de los recursos públicos", continuó la ministra.
En cuarto lugar, añadió, la idea es "revisar los mecanismos de control y rendición de cuentas, así como propuestas para prevenir los conflictos de intereses. Y en último lugar, proponer sanciones para el mal uso de los recursos públicos por parte de dichas entidades y de quienes correspondan involucrados en estas faltas".
Cinco años
Aunque la ministra aseguró que había un grupo ya contactado y confirmado, agregó que durante la tarde se darían a conocer los nombres.
Además, la ministra anunció que se tomó la decisión de que "cada requerimiento de información será entregado con 5 años de antigüedad, insistimos esto tiene que ser caiga quien caiga". Esto incluirá a la administración del ex Presidente Sebastián Piñera.
La ministra inició su punto de prensa repasando el actuar del Gobierno ante el caso, señalando que "si la responsabilidad es política, se hace valer. Si la responsabilidad es administrativa, se hace valer. Si es penal, entonces la justicia es la que debe determinar quien cometió un delito".
"Cómo Gobierno hemos actuado. Somos los más interesados en que esto se esclarezca, caiga quien caiga. Esto no se trata de superioridad moral y nada por el estilo, se trata de como actuamos, del estándar de actuación que hacemos valer ante posibles irregularidades", comentó.
