Encabezados por el Presidente Gabriel Boric, esta tarde se reunió la Comisión ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL) y el Estado, la cual tendrá un plazo de 45 días para generar propuestas en materia de probidad e integridad. Esto a raíz de la polémica por las millonarias transferencias entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y Democracia Viva, caso que ha abierto dudas en otras fundaciones.
Según explicó hoy la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, el objetivo general de la instancia será "establecer un nuevo trato con las instituciones privadas sin fines de lucro, estamos hablando de corporaciones y fundaciones donde primen los principios de transparencia, efectividad, eficiencia, rendición de cuentas de los convenios de colaboración que surgen entre estas entidades y el Ejecutivo".
La instancia estará integrada por Valeria Lübbert, quien es la actual secretaria ejecutiva de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia de la Segpres y también lo hará en la naciente instancia.
También formarán parte de la misma, la directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada, que presidirá la instancia, y el ex contralor general de la República, Ramiro Mendoza.
Además, serán parte del grupo la consejera del Consejo Fiscal Autónomo y economista, Jeannette von Wolfersdorff; el profesor de Derecho en la Universidad de Chile, Francisco Agüero y el director del Centro de Políticas Públicas UC, Ignacio Irarrázaval.
Al término de la cita, el Presidente Boric destacó que la idea es "convocar a un grupo técnico de trabajo de carácter transversal, que aborde de manera seria, profesional, con visión de largo plazo, en función del bien común, la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro, ya sean corporaciones o fundaciones, con el Estado, sobre la base de los principios que debieran inspirar la labor pública; transparencia, efectividad, eficiencia y rendición de cuentas, entre otros".
De este modo, el Mandatario recalcó que los integrantes de la comisión contarán con el apoyo del Gobierno y con "independencia, poniendo todos los antecedentes que requieran, a disposición".
"Esta no es una comisión para la foto, no es una comisión cuyos informes y recomendaciones que entreguen en 45 días más va a quedar guardada en un cajón llenándose de polvo. A mí personalmente y como Gobierno lo que nos interesa es implementar las recomendaciones, dar las discusiones que correspondan en el Congreso por supuesto, donde va a haber una deliberación de los aspectos que sean materia de ley, pero también en materia administrativa implementar desde ya", sostuvo.
De acuerdo al Presidente, "acá no queremos que esto sea solamente pensando en salidas políticas de la crisis, sino en cómo mejorar la relación entre las valiosas organizaciones de la sociedad civil con el Estado, pensando en las personas, porque no podemos perder de vista que todo este debate se trata de cómo creamos una mejor calidad de vida para quienes habitan nuestro territorio".
