Pensar en cómo generar políticas públicas para tener un mejor estándar regulatorio hacia el futuro. Esa es la tarea encomendada a la comisión ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL) y el Estado; iniciativa anunciada ayer por el Gobierno para salir al paso de la polémica por
Caso Convenios.
Se trata de un grupo técnico integrado por distintos académicos, con larga trayectoria en políticas públicas y transparencia, que tendrán 45 días para generar propuestas frente a una serie de objetivos fijados por el propio Ejecutivo. Entre ellos, mecanismos para la transparencia, rendición de cuentas, integridad, y que se utilicen de manera adecuadas los recursos públicos y se sancione el mal uso de los recursos.
Esta mañana, el ministro de la Segegob, Álvaro Elizalde, comentó a Tele13 Radio que la instancia generará propuestas tanto de carácter legal -para que se conviertan en proyectos de ley- como administrativas, y "la idea es elevar el estándar regulatorio que existe en esta área, entendiendo que las instituciones colaboradoras del Estado tienen un rol muy importante, por lo tanto se requiere un marco regulatorio que esté a la altura".
Al ser consultado por si esta instancia es comparable con la "comisión Engel" que se instauró en el segundo gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, el ministro explicó que "es similar el sentido; básicamente en cómo actualizar nuestro marco regulatorio en la materia".
En el caso concreto de la probidad municipal, el ministro sostuvo que existe en el Parlamento un proyecto sobre "integridad municipal" que apunta en esa línea, no obstante, esta comisión, adicionalmente, "debería hacer propuestas específicas respecto de las corporaciones municipales, para que exista mejor regulación en el área".
Elizalde también abordó las aristas abiertas en materia estrictamente política, a raíz de los distintos anuncios de acusaciones constitucionales y la serie de críticas que ha recibido Revolución Democrática y el Frente Amplio en general por el Caso Convenios.
En esa línea, comentó que "el Gobierno está comprometido con el total esclarecimiento de los hechos y la aplicación de las sanciones que corresponden. El Gobierno va a promover el esclarecimiento de los hechos; no sólo va a colaborar con las investigaciones que se están desarrollando, sino que considera que es positivo que esto se esclarezca".
"Y ahí hay distintas investigaciones: algunas en el marco del Ministerio de Vivienda, otras que está llevando adelante la Contraloría, y por cierto, la investigación que está llevando adelante el Ministerio Público", dijo el ministro.
Asimismo, defendió el rol del ministro de Vivienda, como titular una de las carteras involucradas en la polémica. "Yo creo que el ministro (Carlos) Montes es una persona con dilatada trayectoria, y nadie puede cuestionar su compromiso con la probidad y con el esclarecimiento de los hechos (...) él ha sido muy activo para que esto se esclarezca completamente".
Por último, consultado por las críticas que apuntan a que aún falta que el Gobierno presente querellas frente a los hechos ya conocidos, Elizalde precisó que "habrá que hablarse en su momento, la propia ministra (Camila Vallejo) no lo ha descartado, pero es algo que tendrá que evaluarse en su momento una vez que avance la investigación".
