Han pasado 20 días desde que la opinión pública conoció lo que sería la primera capa con la que se había tapado una profunda grieta en el Frente Amplio: las millonarias transferencias de la Seremi de Vivienda de Atacama a la fundación
Democracia Viva de Daniel Andrade, ahora ex pareja de la diputada Catalina Pérez.
La información la dio a conocer a mediados de junio el medio Timeline, y hasta ese entonces, no se sospechaba que el caso de Democracia Viva abriría una "caja de pandora" -en palabras del senador Fidel Espinoza (PS)- que continúa dejando secuelas en la alcaidía confianza hacia el oficialismo y al propio Gobierno del Presidente Gabriel Boric.
Lo anterior, no sólo porque los tentáculos del caso tocan a las carteras de Vivienda y de Desarrollo Social, sino porque en los últimos días se han instalado una
serie de contradicciones respecto al "momento" en que la información llega a los oídos de las autoridades políticas involucradas y las acciones -u omisiones- al respecto.
Esta semana, el presidente de RD, reconoció que había recibido información "parcial" sobre el polémico convenio con Democracia Viva, antes de que se diera a conocer por los medios de prensa. En tanto, ayer, lo que se suponía tenía que ser una aclaración por parte del Presidente Boric, terminó por dejar más dudas respecto al momento en que se enteró del tema.
Los dichos del Mandatario dejaron la sensación de que conoció el caso a raíz de un oficio que presentó la diputada Yovana Ahumada (Ind ex PDG), el cual fue ingresado el 7 de junio; nueve días antes de que Timeline destapara el caso matriz. Ante las dudas, la ministra Camila Vallejo sostuvo esta mañana que al Presidente le preguntaron cuánto toma conocimiento "el Gobierno, no La Moneda"; mientras que el ministro de Justicia, Luis Cordero, planteó antes que el Mandatario "hizo una reconstrucción cronológica de como fueron los hechos".
Así, en medio del enredo de fechas y dudas por el momento en que cada actor político se entera del caso, a continuación una recapitulación de los hechos que han dado forma a una de las más grandes polémicas que el Gobierno enfrenta hasta ahora.
2 de mayo: el correo que alertó a Rojas
"Junto con saludar, me dirijo a ustedes en calidad de presidenta de la Asociación de Funcionarios Serviu, para exponer una situación delicada y compleja que desde hace un tiempo y a la fecha ha estado atravesando el equipo de Asentamientos Precarios".
Así comienza el correo que Carla Olivares, presidenta de la Asociación de Funcionarios del Serviu envió el pasado 2 de mayo a militantes de RD, también a la entonces subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas y a una lista de autoridades del Minvu.
En la carta, la dirigenta advertía que "la fundación Democracia Viva, actualmente posee 02 convenios cuyo director -quien firmó los convenios- es la pareja de la Diputada Srta. Catalina Pérez, lo que nos parece complejo puesto que el seremi es del mismo partido político. A su vez, dicho director celebró estos convenios en el mes de octubre de 2022, mismo mes en el cual ya era asesor del Ministerio de Defensa".
Por esos días, el senador y presidente de RD, Juan Ignacio Latorre sostuvo que cuando la subsecretaria Rojas recibió la información, lo conversó "con el ministerio, con el ministro y también con todo su gabinete"; pero el ministro Carlos Montes salió a desmentir los dichos, asegurando que no tenía conocimiento del caso.
7 de junio: oficio fiscalizador de Ahumada
El 7 de junio, la diputada Yovana Ahumada (Ind ex PDG), envió un oficio fiscalizador al Gobierno, donde pide que se informe "sobre el convenio celebrado con la Fundación Democracia Viva, indicando si la forma de seleccionarla se realizó por medio de concurso público, existiendo más de un participante o se realizó de manera directa y el criterio que permitió priorizar la entrega de recursos a una institución de la Región Metropolitana y que, según los antecedentes disponibles, carece de experiencia en el área".
En el documento, la parlamentaria también pide que se señale "los avances y beneficios a la fecha, derivados de este convenio para los habitantes de la Región de Antofagasta y si existe postulación o proceso pendiente en el cual la mencionada organización se encuentre solicitando nuevos recursos".
16 de junio: publicación del caso matriz en la prensa
El 16 de junio, el medio Timeline destapó el caso tras recibir un mail anónimo con la denuncia sobre presuntas irregularidades en las transferencias de recursos fiscales hacia la organización de la sociedad civil. Una vez hechas las investigaciones para comprobar la veracidad de la denuncia, el medio se contactó con Pérez, Contreras y con Democracia Viva.
En conversación con ADN, el director del medio regional, Jorge Ortiz, comentó que lo que les resultó llamativo en ese momento fue que los consultados estaban "más o
menos coordinados,
porque las respuestas llegaron como en el mismo tono, casi al mismo tiempo (…) además, porque todos pidieron que las preguntas fueran escritas, y hubo preguntas que nunca respondieron que siguen dando vuelta en el aire que son super sencillas:
si este convenio nunca fue público, sin licitación, quién llamó Democracia Viva".
Lo cierto es que al día siguiente renunció Contreras, y que luego Pérez se intentó desmarcar, pero no pudo evitar la presión de la oposición y terminó por renunciar a la testera de la Cámara de Diputados. En tanto, Andrade, renunció a RD poco antes que la misma colectividad decidiera expulsarlo -el 30 de junio-, al igual que Contreras.
24 de junio: renuncia de Rojas
El sábado 24 de junio, la hasta entonces seremi de Vivienda, Tatiana Rojas, reconoció que sí tuvo conocimiento del caso Democracia Viva y que "no alcanzó" a advertir a Montes antes de que explotara el caso.
"Como jefa de servicio tengo que poner las alertas al ministro, teniendo los antecedentes ciertos y ordenados, no puedo poner alertas previas porque la idea es, justamente, bajo mi responsabilidad, tener esos antecedentes ordenados, organizados y transparentes", sostuvo Rojas sobre el tema, lo que de paso, terminó por sepultar la primera tesis de Latorre respecto a que ella sí había informado al ministro del caso.
Luego de esto, el propio Presidente Gabriel Boric le solicitó la renuncia y en su lugar asumió, de manera subrogante, Carlos Araya Salazar, quien se desempeñaba hasta entonces como jefe de la División Política Habitacional del Ministerio.
4 de julio: Latorre reconoce haber manejado información
El martes 4 de julio, Latorre reconoció haber manejado antecedentes sobre el polémico convenio entre Contreras y Andrade, antes de que el caso se diera a conocer por la prensa. Esta información la obtuvo mediante una reunión por Zoom donde participaron integrantes de la directiva regional en Antofagasta y algunos miembros del equipo de la diputada Pérez.
"Lo que sale hoy día en un medio de comunicación da cuenta de una información parcial que recibimos como directiva nacional, no solo yo, como directiva nacional completa", dijo Latorre.
Consultado respecto a si notificó a los titulares de Vivienda y Desarrollo Social sobre esa información, Latorre reconoció que "no, para nada (...) nosotros no le informamos ni al ministro Jackson ni al ministro Montes".
5 de julio: el "enredo" del Presidente Boric
En medio de las fuertes críticas que continúan por el momento en que se "conoció" y se decidió "tomar medidas" respecto al caso, los dichos que emitió ayer el Presidente Boric tras su viaje a El Maule, dejaron más dudas que certezas.
Esto, porque el Mandatario dio a entender que se enteró del convenio suscrito entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y Democracia Viva días antes de que éste fuera publicado por la prensa. Esto, a raíz del oficio ingresado con fecha 7 de junio por parte de la diputada Yovana Ahumada (ex PDG).
"Acá el medio Timeline publica la noticia si mal no recuerdo el 16 de junio y el conocimiento que nosotros tuvimos fue entre un oficio -el conocimiento de que había una investigación- que envía la diputada Yovana Ahumada, que es la semana anterior", señaló el Presidente.
Sin embargo, agregó que apenas supo del caso, "que es alrededor de la fecha de publicación del medio Timeline, que podían existir irregularidades, dije inmediatamente: se tiene que entregar toda la información, se tiene que averiguar todo lo que corresponda".
De todas formas, lo señalado por el Mandatario contrasta con lo que dijo el 27 de junio, cuando afirmó que "hay una duda razonable que se genera cuando suceden estas cosas, que es si el Gobierno hubiese reaccionado si es que la prensa no lo hubiese sacado a la luz".
