"La Fiscalía de Arica y Parinacota inició una investigación de oficio, a través de la cual busca establecer o descartar eventuales hechos constitutivos de delito en el traspaso de recursos públicos desde el Gobierno Regional local hacia una fundación con domicilio en la Región de Coquimbo".
Así, el ente persecutor informaba respecto del puntapié inicial a las investigación que busca establecer si existieron eventuales irregularidades en la asignación de $2.500 millones a la Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones.
"Lo anterior, luego que mediante redes sociales se denunciara dicha transferencia de fondos públicos", señalaron desde el Ministerio Público.
Entre las denuncias, se encuentra una donde figura como donante el Gobierno Regional de Arica y como receptor la mencionada fundación. En el objetivo del aporte se lee "transferencia apoyo social y económico a personas en condición de vulnerabilidad y/o pobreza".
El monto total de la operación fue de $ 1.299.354.000.
"La investigación quedó radicada en la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de Arica, a cargo del fiscal adjunto Carlos Eltit Ortega, quien instruirá las respectivas diligencias investigativas con una policía especializada", concluyeron desde la fiscalía.
Perfil
Según información obtenida a través del Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades, la entidad, de área temática sobre gestión organizacional, cuenta con un patrimonio de $2.000.000.
Con su casa matriz emplazada en Juan Cisternas 2682, La Serena, en la fundación se contemplan dos personas en cargos: Roberto Pizarro Diaz, como el representante legal; Pablo Herrera Diaz, secretario.
En diálogo con El Día, los parlamentarios de la UDI por la región de Coquimbo, Sergio Gahona y Juan Manuel Fuenzalida, señalaron que la institución se adjudicó $2.500 millones para desarrollar proyectos de negocios para emprendedores en esa zona del norte del país.
En ese sentido, los congresista aseveraron que del anterior total ya se había concretado un primer traspaso de $1.300 millones a la fundación.
Es más, Gahona indicó que Pizarro Díaz "tiene una consultora que presta algunos servicios de capacitación".
"La ficha de creación del proyecto es del 3 de febrero y el señor que la crea, es don Ramiro Moreno Valenzuela, profesional del Gobierno Regional (de Arica). Pero el mismo 3 de febrero, se hace un informe ejecutivo de este proyecto, realizado por el señor Héctor Droguett. Y el mismo 3 de febrero (se hace) el acta de admisibilidad del proyecto", dijo Gahona.
"En menos de 8 horas se aprueban $2.500 millones a una fundación que, dudamos, realmente, que tenga las capacidades para hacer este proyecto", señalaron.
De acuerdo con el senador, las personas autorizan el acta de admisibilidad de la iniciativa son "los mismos señores que crean la ficha de identificación del proyecto y los mismos que hacen el informe ejecutivo, quienes son parte del grupo de profesionales del Gore de Arica y Parinacota".
Respuesta de Gore
Gobernador regional de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, le señaló a Emol que "nosotros vamos a entregar todos los antecedentes que disponemos".
Asimismo, no rechaza la indagatoria y aseguró que "me parece bien que se investigue todo".
"Aquí no hay nada ilegal, por lo tanto, las cosas tienen que seguir su curso. Vamos a entregar todos a quien lo necesite y lo requiera", completó.
Más tarde, a través de un comunicado público, el gobernador puntualizó que "el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, lamenta profundamente la situación generada a nivel nacional por las transferencias de fondos a la fundación que está siendo investigada por vínculos con familiares de políticos o con campañas electorales, pero de la misma manera señalamos que esta situación no puede empañar la correcta labor de otras instituciones y comenzar una verdadera cacería de brujas de todos los recursos que se entregan para fines sociales".
Comentó que el proyecto es ejecutable a dos años y que la transferencia de 1.299 millones de pesos desde el Gobierno Regional a la Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones de un total de 2.598 millones "no permite ningún margen de duda y se realizó conforme a todos los protocolos y con un tiempo de tramitación desde enero a junio entre la fecha de ingreso decreto y la total tramitación de este, es decir con un amplio plazo para seguir todas las etapas".
"Estos recursos fueron votados y aprobados por el Consejo Regional previo proceso de admisibilidad y legalidad respectivamente, y posteriormente se realizaron dos tomas de razón de la Contraloría General de la República, máximo organismo fiscalizador del país", sostuvo la primera autoridad regional.
