El escándalo por el lío de platas en la administración del Presidente Gabriel Boric sumó a una nueva autoridad que debió dejar su cargo. Esto, luego de que a eso de las 15 horas de este viernes, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, hablara en La Moneda para anunciar que le pidió la renuncia al seremi de su cartera en El Maule, Rodrigo Hernández (RD).
Hernández había sido asesor jurídico de la fundación Urbanismo Social, beneficiada con contratos con el Minvu en Antofagasta y en la región en que él era seremi. En diciembre de 2022, la repartición regional cerró un contrato por $89 millones con la entidad, ocho meses después de que el militante de Revolución Democrática pasara de la ONG a la oficina de gobierno.
Además, entre octubre y noviembre, esta misma fundación se adjudicó contratos por más de $577 millones con la Seremi de Antofagasta.
"Quiero informar de que hemos resuelto hacer un sumario administrativo completo, no solo una investigación sumaria, al seremi de Vivienda de la Región del Maule. El equipo que está investigando los antecedentes en la zona recibió nuevas informaciones en las cuales él aparece involucrado más allá de la obligación de inhabilidad que tiene, a propósito de una solicitud de darle vigencia en un organismo de Urbanismo Social", dijo este viernes Montes al dar a conocer la decisión.
"Al repetirse otro caso de la misma naturaleza, pero de un segundo caso, lo que corresponde es que el seremi deje de ser ahora seremi, Le pedimos la renuncia. Ahora está suspendido", añadió el secretario de Estado.
El caso de Hernández se suma a la lista de "víctimas" políticas y perjudicados que se ha cobrado -hasta el momento- la polémica que atañe a la Fundación Democracia Viva, serie de sucesos que comenzaron con la renuncia de Carlos Contreras.
Salida de Contreras
El 17 de junio pasado, el ahora ex seremi del Minvu de la Región de Antofagasta, Carlos Contreras, renunció a su cargo en medio de los cuestionamientos hacia su probidad por un polémico convenio que habría firmado con una fundación liderada por Daniel Andrade, ex pareja de la diputada RD, Catalina Pérez.
En un comunicado de prensa, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo lamentó "la situación de deuda que se ha generado por un convenio particular en la Región de Antofagasta, suscrito por Carlos Contreras para atender la línea de trabajo de campamentos".
Según consignó el medio Diario de Antofagasta, Contreras había firmado tres convenios por una suma de $426 millones con la Fundación Democracia Viva, cuyo representante legal es Andrade. Esta cifra representaría el 6% del presupuesto total asignado al Seremi del Minvu.
El turno de Rojas
Unos días después, a fines de junio, el Presidente Gabriel Boric le solicitó la renuncia a Tatiana Rojas (RD), quien se desempeñaba como subsecretaria de Vivienda y Urbanismo y estuvo en el ojo del huracán luego de la filtración de correo electrónico que recibió el pasado 2 de mayo de parte de la Asociación de Funcionarios del Serviu de Antofagasta, en la que relataban una "delicada y compleja situación" respecto de la fundación Democracia Viva, señalando que no se estaría cumpliendo con la cláusula tercera de los convenios, relativa al "buen uso de los recursos", confirmando que estaba al tanto de las irregularidades y que "no alcanzó" advertirle al ministro Montes.
"Puse en campaña de recopilar todos los antecedentes necesarios para poder tener información clara al respecto. Lo que hice en ese minuto es enviar un correo solicitando a la autoridad máxima de la región que me reportara detalladamente punto por punto lo que en esa acusación se exponía" aseveró Rojas.
Se sumó Maule
El caso de Hernández, como se expuso, se vincula directamente con una de las entidades patrocinantes de Urbanismo Social: Gestión de Vivienda. Este tipo de entidades acompañan a las familias en la postulación de subsidios y en este caso había suscrito un convenio de asistencia técnica para programas habitacionales en El Maule.
El convenio original fue suscrito el 8 de octubre de 2018, por la Seremi de Vivienda del Maule de esa época y Gestión Vivienda, representada en ese momento por Rodrigo Hernández. Dicho convenio debía ser renovado el pasado 24 de noviembre de 2022, pero en el proceso el ahora ex Seremi tendría que haberse inhabilitado, lo que no ocurrió.
Cabe destacar que el pasado 29 de junio, el Presidente de la República, Gabriel Boric, manifestó su respaldo tanto a la delegada regional del Biobío, Daniela Dresdner, como al ex seremi en cuestión, luego de que el Ministerio Público abriera una nueva arista penal en El Maule en contra de los convenios suscritos con Urbanismo Social.
"¿Qué es lo que se le imputa a Daniela Dresdner, concretamente? ¿De qué la están acusando? ¿O en el caso del seremi de Vivienda del Maule?", cuestionó, apuntando que Hernández, antes asesor jurídico de Urbanismo Social, se inhabilitó de "conocer todo tipo de convenios con la fundación en la que había trabajado anteriormente".
Daniel Andrade fuera de RD
Fue el 30 de junio cuando el Tribunal Supremo de Revolución Democrática determinó por unanimidad la expulsión de Contreras y también de Daniel Andrade. Eso sí, antes de la mencionada resolución, el ex asesor de la subsecretaría de Defensa -cargo al que había llegado en octubre de 2022- había comunicado su renuncia a la colectividad.
En horas previas, el representante de Democracia Viva remitió un correo electrónico al partido, solicitando suspender "cualquier resolución hasta que haya una resolución judicial" sobre su caso.
De acuerdo a La Tercera, Andrade adujo que "no puedo defender mi inocencia activamente en este procedimiento porque mis defensas mañana serán utilizadas en el proceso penal cuando todavía no he sido citado a declarar y, por lo tanto, no he podido optar a declarar o a mantener silencio", y en el mismo correo acotó: "yo ya he renunciado al partido hace unos días".
Luego de que se destapara el polémico convenio entre el Serviu de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, Andrade dimitió a la subsecretaría, donde cumplía el rol de "seguimiento (de la) división de evaluación de proyectos y empresas estratégicas de la defensa". También apuntó en su Linkedin al "seguimiento legislativo, generación de informes y articulación política".
Pérez sin militancia
Hasta el 23 de julio rige la licencia médica presentada por la diputada Catalina Pérez, a quien el Tribunal Supremo de Revolución Democrática le suspendió su militancia. Mientras dure su reposo, la legisladora no está asistiendo al Congreso ni participando de sesiones de Sala ni de comisiones.
Según explicaron desde la tienda, la determinación respecto de la militancia de la diputada es una medida cautelar, mientras dure el procedimiento disciplinario en su contra. La decisión, o sanción definitiva, se dará a conocer una vez que el TS termine el proceso.
"Yo no voy a permitir que el daño que a mí se me ha infringido, se le infrinja también al oficialismo". Esos fueron parte de los argumentos de Pérez para suspender además su participación en la mesa de la Cámara, desactivando así la moción de censura de la UDI contra la directiva de la Corporación.
