Este domingo, el ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió a la polémica que surgió tras conocerse los millonarios convenios suscritos entre el Ministerio de Vivienda y fundaciones ligadas al oficialismo, cuya causa matriz fue el caso que envuelve a Democracia Viva y los $426 millones que se adjudicó en Antofagasta.
Consultado sobre una eventual restitución de los fondos conferidos a la entidad liderada por el ex RD Daniel Andrade, el secretario de Estado aseguró que
"están en proceso", en conversación con Estado Nacional.
"Era un proyecto que estaba en etapa de ejecución inicial, por lo tanto, la mayoría de los recursos van a ser restituidos", señaló.
Respecto del total de los montos a devolver, el titular de Justicia manifestó que "ese detalle preferiría entregarlo con más detención", e hizo un llamado a "tener cuidado en todas estas dimensiones, cuando miremos retrospectivamente en un tiempo más, cuáles eran casos genuinamente penales, cuáles eran casos de infracción administrativa y cuáles son de responsabilidad política".
Sobre esto, la diputada independiente por la segunda región, Yovana Ahumada, una de las primeras voces en alertar al Gobierno de anomalías en el caso de la Fundación Democracia Viva, valoró que la reintegración de los montos se estuviera cumpliendo. "Yo esperaba que se pusiera término a los contratos que había con esta fundación y que los montos fueran reintegrados en su totalidad", dijo.
"Sin embargo, espero que esto no quiera decir que al devolver los dineros se puedan eximir de responsabilidades", añadió, resaltando que en este tipo de situaciones se requiere "que hayan responsables reales, es decir, que, efectivamente, veamos nombres, y personas tras las rejas. Creo que lo que la ciudadanía hoy espera es que este tipo de situaciones no queden en la impunidad, o simplemente con clases de ética".
Por su parte, el senador Pedro Araya (Ind.), también representante de la Región de Antofagasta, comentó que "hay que tener presente que nuestra legislación contempla distintos tipos de responsabilidades, por lo que el hecho de que Democracia Viva restituya los dineros al Estado tiene efectos muy acotados. Por lo pronto no extingue la responsabilidad penal de las personas que están siendo investigadas, así como tampoco extingue la responsabilidad civil, administrativa o política".
"Eventualmente podría constituir una atenuante en materia penal, y en materia civil, lo que se reembolse debería descontarse de los montos que el Fisco pueda demandar por indemnización de perjuicios", añadió.
Otro parlamentario por Antofagasta, el diputado José Miguel Castro (RN) apuntó que "el ministro de Justicia está circunscribiendo solamente en Democracia Viva el escándalo de las fundaciones. Hay que entender que por algo la Contraloría ha pedido el no pago durante 90 días a todas las fundaciones, porque estamos seguros, y me imagino que ellos también, de que hay muchas otras fundaciones que simplemente han sido una caja pagadora para militantes de Revolución Democrática y cercanos a la extrema izquierda".
Junto con ello, cuestionó la defensa de Cordero, subrayando que "decir que no tiene ninguna implicancia el ministro Jackson es no entender lo que es una responsabilidad política. Él, el ideólogo de Revolución Democrática, la cabeza en parte de este gobierno, tiene que haber sabido todo lo que está pasando. Me parecería muy extraño si no sabía".
Por su parte, el diputado y jefe de bancada PS, Daniel Manouchehri, indicó que "el ministro Cordero está en lo correcto", agregando que por lo mismo, junto a la también diputada Daniella Cicardini, presentaron el proyecto Fundaciones Transparentes, el cual "exige a lo menos dos años de existencia a las fundaciones para postular a fondos públicos. Se sanciona con la restitución de fondos, se obliga a transparentar 100% los ingresos y egresos de las fundaciones y se otorga al Ministerio la facultad de disolver las fundaciones. Esperamos que el Ejecutivo pueda ponerle urgencia a esta importante iniciativa".
"Que hayan responsables reales, es decir, que, efectivamente, veamos nombres, y personas tras las rejas. Creo que lo que la ciudadanía hoy espera es que este tipo de situaciones no queden en la impunidad, o simplemente con clases de ética"
Yovana Ahumada, diputada Ind.
Mientras que la diputada
Carolina Tello (PC), expuso:
"me parece que es una buena señal que los dineros adjudicados a la fundación sean restituidos, más aún cuando el proyecto se encontraba en etapas tempranas. Tal como lo hemos mencionado, es importante que se revise de manera exhaustiva la forma en que los recursos fiscales son entregados, entendiendo que tenemos una oportunidad de mejorar la forma en que el Estado se relaciona con las organizaciones, avanzando en transparencia y probidad".
"Valoramos enormemente además la forma en el Gobierno ha actuado, adoptando rápidamete todas las medidas necesarias para investigar a fondo este caso, y no solo eso, sino también el cómo ha operado el traspaso de recursos en los últimos años", recalcó Tello.
Desde la otra vereda, el diputado UDI Cristhian Moreira, manifestó que "la restitución de los millonarios fondos con los que esta fundación ha pretendido defraudar al Estado no exime en nada las responsabilidades políticas, penales y administrativas que existan en este grave caso de corrupción. Es un paso que correspondía realizar, por cierto, pero que naturalmente debiera extenderse al resto de las organizaciones vinculadas a partidos políticos, especialmente Urbanismo Social, considerando que el monto que la Fiscalía está investigando supera los $14.000 millones".
"No deja de llamarnos la atención que a tres semanas de conocido este caso aún no veamos actuando de manera proactiva al Consejo de Defensa del Estado. Son ellos los encargados de resguardar los intereses y recursos que le pertenecen a todos los chilenos y de perseguir a los corruptos que han pretendido apropiárselos, pero lamentablemente siguen con una actitud absolutamente pasiva frente a este caso", acotó Moreira.
