De cara a la votación el miércoles de la acusación constitucional (AC) en contra del ministro de Educación,
Marco Antonio Ávila, desde el Gobierno recalcaron que el libelo "carece de fundamentos" jurídicos, a la vez que plantearon que era "absurdo" vincular esto al Caso Convenios.
"Nosotros no vamos a especular respecto de eventuales resultados, pero lo que sí vamos a hacer es expresar una convicción profunda: Esta acusación carece de fundamentos jurídicos, por tanto, debiese ser rechazada", dijo tajante el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, en el ex Congreso Nacional, en Santiago, tras exponer ante el Pleno del Consejo Constitucional.
En ese contexto, Elizalde afirmó que "creemos que se está utilizando este instrumento de manera inadecuada, toda vez que tal como quedó acreditado una vez que el ministro Ávila respondió la acusación, ésta carece de fundamentos, por tanto, no existe una infracción por la cual debiese aprobarse la misma".
"Esperamos que la Cámara actúe con responsabilidad, por tanto, finalmente se rechace la acusación", acotó.
¿Impacto caso Convenios?
Consultado por si el Caso Convenios podría afectar la AC contra el ministro Ávila, Elizalde expresó que "las casuales que establece nuestra Constitución para presentar y eventualmente aprobar acusaciones constitucionales son claras. Por tanto, cualquier otra consideración ajena al mérito de la acusación misma me parece que es inadecuado, no da cuenta de instituciones que tienen que actuar con seriedad y responsabilidad al momento de emitir su pronunciamiento".
En tanto, en su vocería en La Moneda, la titular de la Segegob, Camila Vallejo, planteó sobre este punto que "todos los que estamos en política tenemos que demostrar estar a la altura de lo que es hacer política, la alta política, y no jugar a la pequeñez política, porque fíjense al absurdo de lo que nos lleva al debate del Caso Convenios, se trata de perseguir políticamente a cualquier militante de un partido, un partido que ha tenido un caso asociado a actos que pueden vulnerar la probidad e incluso pueden constituir delito".
La ministra recordó que ha habido otros casos de corrupción en Chile, acotando que "si fuera por esa lógica o racionalidad, estaríamos diciendo que cualquier militante de casi todos los partidos que existen en Chile, incluyendo los de la oposición, deberían estar siendo expulsados, sancionados, sólo por el hecho de ser militante de u partido involucrado con esos casos de corrupción. Eso es muy poco serio, es irresponsable, es de una miopía que es insostenible, es ilógico y absurdo".
Y emplazó a que esto no sea utilizado por el sector que sea "para ganar un gallito político y dar golpes coyunturales, y lo mismo aplica en este caso, esperamos que el argumento no sea ese", aludiendo a la militancia en RD el ministro Ávila.
Respecto a la AC al titular del Mineduc, sostuvo que "no hay argumento político jurídico que la sostenga, esta es una discusión que se ha inspirado en la homofobia y la discriminación, no hay una línea de esa AC que tenga sustento político y jurídico".