En el marco del Caso Convenios el contralor Jorge Bermúdez compareció ante la comisión de Vivienda del Senado para exponer sobre cómo opera el traspaso de recursos fiscales a fundaciones y entregar una serie de recomendaciones para mejorar la regulación.
Respecto revuelo que se generó por la transferencia desde la seremi de Vivienda de Antofagasta a la Fundación Democracia Viva, Bermúdez señaló que en las últimas dos semanas y media se han recibido 172 denuncias relacionadas al tema, aunque aclaró que son todas muy diversas.
Asimismo, dijo que estas transferencias no son realizadas solo por un ministerio en particular, sino que provienen de distintos organismos como por ejemplo, los Gobiernos Regionales y que estas aprensiones ya había sido manifestadas con anterioridad por parte de la Contraloría General de la República.
Seremi Vivienda Antofagasta y Democracia Viva
Sobre el polémico caso de Democracia Viva que involucra a exmilitantes de Revolución Democrática, el contralor detalló los convenios de transferencias suscritos.
En esa línea dijo que el 20 de septiembre del 2022 se le adjudicó la ejecución de proyectos de habitabilidad primaria del campamento EcuaChilePe por $200 millones y sin un plazo de actividades establecidas.
Lo mismo en el campamento Irarrázabal etapa 1 suscrito el mismo día por $170 millones y sin plazos. Además, la ejecución de diagnósticos socio-territoriales en diversos campamentos firmado el 25 de octubre del 2022 por $56 millones y este sí cuenta con plazos establecidos.
Siguiendo con su exposición, Bermúdez explicó la cronología de las acciones que ha tomado la Contraloría desde que estalló el caso. El 22 de junio se solicitó el informe al Ministerio de Vivienda y el 30 de junio se recibió la respuesta por el ministerio.
Posteriormente, el 4 de julio se instaló personal especializado del departamento de auditorías en la dependas de la seremi de Vivienda de Antofagasta para indagar los traspasos y rendiciones de cuentas y el 5 de julio la Contraloría ofició auditorías las transferencias del Minvu y desplegó otras acciones de fiscalización a los Gobierno Regionales.
Con estos y otros antecedentes sobre la mesa, Bermúdez aclaró que "la Contraloría no puede hacer un análisis de mérito. La Contraloría hace una auditoría del cumplimiento normativo (…) lo que tiene que hacer es identificar si se cumplieron o no las normas".
Sin embargo, advirtió que estas normas tienen "grietas" por lo que "no necesariamente van a haber grandes hallazgos, puede parecer poco ético, pero no necesariamente será un incumplimiento de la normativa".
Además, argumentó que se trata de convenios "amplios, no hay puntos de control, no hay reglas de rendición, el problema es que el convenio es fácil de cumplirse con la laxitud en la que están establecidos".
Casos Gobiernos Regionales
En este contexto, el contralor también advirtió "debilidades" en la ejecución presupuestaria de los Gobiernos Regionales. "En diciembre del año pasado el promedio de ejecución fue de 32%. Esto quiere decir que en diciembre se gastó casi un tercio del presupuesto y hay regiones que gastaron casi un 40%. El problema es que la transferencia es una forma de ejecución de presupuestaria".
En esa línea dijo que "una forma de ejecutar el presupuesto de los Gobiernos Regionales es transferible bomberos y a otros más (…) El Gore es un órgano para transferir recursos", advirtió.
