A medida que pasan los días, crece la presión desde el propio oficialismo hacia el Gobierno para efectos de que este transparente la información que maneja, y que ha ido remitiendo al Ministerio Público, respecto al caso Convenios.
Así zanjó solicitar al Ejecutivo el partido Socialista tras la comisión política que tuvo lugar la tarde de este lunes. Su timonel, Paulina Vodanovic, indicó que es "bueno y es deseable" que "se entregaran públicamente todos los antecedentes que se están haciendo llegar a la Fiscalía y a los demás organismos, como la Contraloría, en el sentido que sea la ciudadanía la que los conozca".
Adhiriéndose a esa petición, el presidente de la DC, Alberto Undurraga, dijo este miércoles a radio Pauta que "a mi juicio tienen que hacerse cosas. Por lo pronto, hacerse lo que dice el partido Socialista".
"Estoy de acuerdo con lo que dicen ellos, entregar toda la información y no por goteo, sino que rápidamente completa, y además hacerla pública para que la conozca la ciudadanía y cada una de las distintas instituciones", añadió.
Consultado por Emol, el líder del Partido Radical, Leonardo Cubillos, señaló que "más que estar de acuerdo o no con lo señalado por el PS -de lo cual respetamos su legítimo derecho orgánico de expresar lo que consideren pertinente- es un tema de absoluta lógica y sensatez, que toda instancia con responsabilidad, debe socializar y transparentar todo antecedente que diga relación con la gestión pública que desempeña, sea a través de los mecanismos que defina voluntariamente, o la ley".
A juicio del dirigente oficialista, "ello permitirá no solo diagnosticar de mejor manera los problemas para soluciones más eficaces" y asimismo, acotó que "una agenda pro-probidad, que busca tener resultados efectivos, debe apuntar justamente a dónde están identificados los problemas a fin de que ellos no vuelvan a repetirse".
En tanto, el presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, señaló a este medio que la solicitud al gobierno de hacer pública la información del caso Convenios "es algo que se ha conversado dentro del Socialismo Democrático y creemos que es la forma de salir adelante y reducir el impacto de todos los hechos que van apareciendo, algunos con ciertas dudas y otros absurdos".
La mirada del Palacio
Dichos emplazamientos los recibe el Ejecutivo desde la cautela con la que ha decidido enfrentar la trama de presunta corrupción, misma que ha derivado a la renuncia de dos seremis de Vivienda -Carlos Contreras (Antofagasta) y Rodrigo Hernández (El Maule); la salida de la subsecretaria de la cartera, Tatiana Rojas; y la arremetida de la oposición sobre los ministros de Vivienda, Carlos Montes y Desarrollo Social, Giorgio Jackson.
Sobre la trama, altas fuentes del Palacio indican que "todavía estamos en la etapa en que se está abriendo", considerando que a diario se dan a conocer nuevos antecedentes de traspasos presuntamente irregulares a fundaciones. De ahí que estiman necesario ver cómo decantan los procesos para ir sacando las conclusiones del caso.
Con todo, el Ejecutivo hace hincapié en que ha llevado la crisis de manera proactiva. Este lunes, la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, indicó que las críticas sobre una gestión "errática" del gobierno sobre el caso "responde a quienes están buscando hacer cacerías de brujas" y que por el contrario, "el caso de los convenios ha tenido una capacidad de respuesta por parte del Ejecutivo que se ha traducido en varias medidas".
"En primer lugar, se han hecho valer responsabilidades políticas; en segundo lugar, se han instruido investigaciones sumarias y sumarios administrativos cuando se ha detectado posibles irregularidades en el uso de recursos públicos o que puedan vulnerar las normas que establece nuestros estatutos; en tercer lugar, se ha estado colaborando proactivamente con la justicia; en cuarto lugar, diríamos además que se ha puesto en conocimiento al Consejo de Defensa del Estado sobre estos casos y se le ha solicitado también evaluar querellas para justamente defender al Estado frente a estas situaciones; en quinto lugar además, hemos conformado una comisión de expertos y expertas para ver cómo mejoramos la relación del Estado con las instituciones privadas sin fines de lucro", detalló.
