La subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales, envió esta semana un oficio a la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, señalando que consideran que "procede" la realización de una consulta indígena respecto a las normas que los afectarán en la nueva Constitución.
Esto para responder la inquietud formulada por Hevia, a raíz de la petición hecha por el único representante de los pueblos originarios en la instancia Alihuén Antileo, para que el Ministerio de Desarrollo Social se pronunciara sobre el tema.
En el escrito remitido por Perales a Hevia se señala que "esta Subsecretaría es de la opinión que resulta procedente la realización de un proceso de consulta respecto de los contenidos del anteproyecto susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas".
Asimismo, se establece que "dada la naturaleza especial y excepcional que reviste el actual proceso constitucional y la autonomía de los órganos dispuestos por el artículo 144 y siguientes de la CPR, corresponde al Consejo Constitucional, en tanto órgano responsable de la medida, identificar en el marco del proceso constitucional el contenido a consultar, el diseño del proceso y la consideración de los acuerdos y resultados de las consultas realizadas con motivo de los procesos constitucionales recientes, además de la coordinación y ejecución de un proceso de consulta indígena".
"En ese mismo sentido, corresponde al órgano responsable cautelar que dicha participación indígena, como en cualquier proceso de consulta, se lleve a cabo a través de procedimientos apropiados y de buena fe, procurando que se implemente de manera adecuada a las circunstancias", sostuvo la subsecretaria.
Desde la Subsecretaria señalan que lo señalado por ellos es una "recomendación", a partir de los convenios y tratados suscritos por el Estado de Chile en esta materia. Sin embargo, aclaran que es el Consejo Constitucional, quien debe definir si efectivamente se realizará o no la consulta indígena.
En el oficio, el Gobierno además argumenta que "a modo ejemplar, tanto en el proyecto de reforma constitucional elaborado durante los años 2016 y 2017, como en el proceso constituyente desarrollado entre los años 2021 y 2022, se llevaron a cabo procesos de consulta indígena a nivel nacional que involucraron a todos los pueblos indígenas reconocidos en la ley N° 19.253 que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, y, en cada caso, su implementación se llevó a cabo de manera adecuada a las circunstancias".
