Que el proceso constituyente, en este segundo intento que Chile se ha permitido, coincida con el debate en torno a los 50 años puede verse como un obstáculo más para alcanzar un acuerdo susceptible de concitar adhesión popular, o como una oportunidad.
Y es que aquello que parece difícil de convenir en retrospectiva —no solo las violaciones a los derechos humanos (en eso habría acuerdo), sino también que el golpe militar nunca debió ocurrir— no parece tan difícil de constituir un compromiso político hacia el futuro, fundante del nuevo orden constitucional: las fuerzas políticas que suscriban el futuro proyecto de Constitución pueden y deberían comprometerse a preservar la democracia y renunciar al recurso de la violencia para promover o impedir el cambio político.
Este compromiso hasta cierto punto puede parecer trivial y está implícito en las bases institucionales que enmarcan el proceso, así como en una serie de disposiciones acordadas por la Comisión Experta, acerca de las formas de constituir y organizar el poder o de los derechos políticos reconocidos a las personas, que el Consejo Constitucional razonablemente debería mantener. También está implícito en la disposición del borrador que permite declarar inconstitucionales a los partidos políticos, movimientos u otras formas de organización "cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático (…), hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella".
Aun así, el Consejo Constitucional podría ser más explícito en el compromiso con la democracia, aprovechando el debate en torno a los 50 años como una oportunidad para concitar mayor adhesión hacia su propuesta de nueva Constitución. Sabemos que su trabajo enfrenta el peligro de un nuevo fracaso, no solo si se propone un texto que nuevamente sea visto por amplios sectores de la población como partisano —ahora, de otro signo—, que movilice activamente a esos sectores hacia el rechazo, sino también, y esto es nuevo, si el texto que se somete a plebiscito no moviliza a nadie, porque carece de propuestas significativas que apelen a un cierto sentido histórico, propio de los momentos constituyentes. Sin eso, la apatía, indiferencia y desconfianza de la ciudadanía, como lo advierten algunas encuestas, pueden fácilmente traducirse en rechazo por parte de quienes de todos modos están obligados a ir a votar.
Este asunto debe preocupar al Consejo Constitucional. Enrique Barros, en estas mismas páginas, ha advertido la oportunidad de que la propuesta de nueva Constitución sea apoyada por la población si garantiza la profesionalización del servicio civil, sentando las bases de un Estado moderno y probo, que termine con la idea del Estado como botín, conectando así con el repudio que los episodios de corrupción, recientes y menos recientes, despiertan en la población. Es posible que esas propuestas —valiosas, en cualquier caso, y necesarias en mi opinión— contribuyan a concitar nuevos apoyos para la Constitución.
Pero me parece que la dimensión histórica del compromiso que está envuelto en el "nunca más" apela a significados más profundos sobre los fundamentos del orden constitucional, teniendo en cuenta la historia reciente de Chile, que no deberían ser ignorados en el relato con el que la propuesta se presenta.
Esos significados, en el lenguaje del compromiso político, deberían estar relacionados con renuncias recíprocas, sin las cuales no es imaginable un orden democrático estable para el nuevo ciclo político que la Constitución ha de acompañar y enmarcar. La renuncia se refiere al recurso de un nuevo golpe militar para derrocar un gobierno democráticamente elegido, así como a promover la violencia revolucionaria como forma de acción política, como ocurrió hace 50 años, junto a otras acciones reñidas con la democracia, como el intento de aprovechar graves situaciones de conflicto social, como el estallido de 2019, para forzar la renuncia de un Presidente también electo democráticamente.
El compromiso no supone ignorar las razones que han llevado a unos y otros actores políticos a recurrir a la violencia, buscando atajos; y no es ingenuo frente a la necesidad de ofrecer salida a graves crisis, en la medida en que el diseño político de la propuesta constitucional incluye salvaguardas —más y mejores que en el pasado— para hacerles frente. Pero supone un genuino compromiso de "nunca más" .
El Consejo Constitucional puede evaluar si los dispositivos políticos del borrador entregado por la Comisión Experta que buscan garantizar el funcionamiento estable de la democracia y protegerla de ataques antidemocráticos son suficientes, y complementarlos si es necesario.
Pero haría bien en hacer explícito, tal vez en el propio preámbulo, sobriamente, que la nueva Constitución, a partir del reconocimiento de diversas manifestaciones de falta de suficiente apego a la democracia en el pasado, expresa un compromiso inquebrantable con ella hacia el futuro.
