Acusando irregularidades y problemas administrativos y de gestión, que mantendrían a la Universidad de Aysén sumida en serios problemas económicos, los cinco parlamentarios que representan a la Región de Aysén solicitaron al subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, que esta casa de estudios sea intervenida.
En abril pasado, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) solo le otorgó a esta universidad estatal un nivel básico de acreditación, de tres años. En su informe, la entidad señaló que la universidad tiene sobredotación de personal, exceso de procedimientos burocráticos, "infraestructura insuficiente", "elevadas pérdidas operacionales" y un "patrimonio decreciente", por lo que le recomendó "revisar su estructura de costos y realizar acciones que le permitan diversificar sus fuentes de ingresos", que hasta ahora solo se limitan a aportes estatales, además de su "escaso desarrollo en investigación", entre otras situaciones.
A esto se suman los vínculos que mantuvo la universidad con la cuestionada fundación Democracia Viva, ya que miembros de dicha fundación realizaron una escuela de verano en el plantel en enero de 2022. Además, los parlamentarios consignan que la rectora de la Universidad de Aysén, Natacha Pino, aparece en las redes sociales de la fundación como parte de su consejo asesor.
Al respecto, el senador David Sandoval (UDI) sostuvo que una de las conclusiones a las que se llegó en la reunión con el subsecretario de Educación Superior fue que "la situación es de crisis terminal" y lamentó que la universidad "esté en manos de gente con este nivel de capacidad de gestión académica".
Sostuvo que se está haciendo un enorme daño a toda la Región de Aysén, especialmente a los jóvenes y familias que ven en esta universidad una alternativa para su futuro. "Es una situación dramática que probablemente va a significar –y así lo acordamos los cinco parlamentarios con el subsecretario– que se impulse una intervención formal de la universidad", indicó, agregando que la idea es buscar el saneamiento administrativo de la casa de estudios.
"No podemos perder un proyecto de esta naturaleza, un proyecto tan anhelado", manifestó Sandoval, quien también criticó que hasta ahora la universidad no cuente con un inmueble propio. "Cuando se aprobó la ley (que creó la universidad), se asignaron importantes recursos para temas de infraestructura, pero hasta el día de hoy no se ha levantado una tabla del nuevo edificio institucional, y todos los años se pagan más de mil millones de arriendo", cuestionó.
En tanto, el diputado Miguel Ángel Calisto (Independiente, comité PDG) sostuvo que "los cinco parlamentarios coincidimos absolutamente en la urgencia y necesidad de intervención de la Universidad de Aysén". "Oficiamos a la Superintendencia de Educación para solicitar la intervención de la universidad, para cuidad la universidad, para garantizar que siga funcionando y el proyecto no se pierda", afirmó.
"Hoy en día, lamentablemente, debido a los hechos de público conocimiento, donde la fundación Democracia Viva ha tenido vinculación con este establecimiento, queda en entredicho la credibilidad de esta administración (...) y los alumnos sufren por la incertidumbre de continuación de sus estudios en una universidad que ni siquiera tiene para pagar el sueldo a los profesores, debido a una mala administración interna", afirmó.
Finalmente, la diputada Marcia Raphael (RN) indicó que "desde el primer momento hemos alertado a las autoridades de la delicada situación vive la Universidad de Aysén", reafirmando que "es muy necesaria una intervención real al plantel, con el fin de poder subsanar la delicada situación administrativa y financiera, con el objetivo de poder entregar a los jóvenes de nuestra región una educación de calidad".
