Mientras las investigaciones del Caso Convenio avanzan en nueve regiones del país, hoy el fiscal nacional, Ángel Valencia, precisó que son más de $14 mil millones los que suman las eventuales defraudaciones por los contratos firmados entre ramas ministeriales y fundaciones ligadas al Frente Amplio.
¿Dónde están esos fondos y quiénes son los responsables? Esa es la tarea que hoy está en manos de las fiscalías regionales, cuyas investigaciones buscan dar con una respuesta a la ciudadanía, pues involucra dineros públicos.
"Esos fondos eran plata de todos chilenos, cuando el Estado chileno le asignó estos dineros a estas fundaciones, dejó de asignarlo a pensiones dignas, a la reparación de una escuela, a subsidio para los más pobres; se le entregó a esta gente porque entendía que había una finalidad pública que era necesaria financiar y al parecer eso es posible que no haya ocurrido", comentó esta mañana el fiscal Valencia a Radio Universo.
En cuanto a los montos involucrados, el persecutor comentó que "de momento, el monto que se lleva hasta el momento determinado, que eventualmente habría sido defraudado, malversado, alcanzaría los $14 mil millones, en el caso que todos los contratos fuesen constitutivos de delitos. Es el monto que a esta fecha estábamos investigando, sin perjuicio de lo que, en definitiva, se establezca. Estamos investigando el ilícito cuya cuantía giraría en torno a los $14 mil millones".
Patrones detectados en los contratos
Pese a compartir la cifra, el fiscal nacional descartó profundizar en las hipótesis de investigación que están llevando adelante los fiscales, pero sí comentó que los patrones que hasta ahora se han detectado dan cuenta que "tanto entre quienes aprueban el dinero como quienes lo reciben existe algún tipo de vinculación política; también hemos dicho que en casi la totalidad, no en todas, se trata de fundaciones que han sido creadas bajo el imperio de la ley actual, esto es importante, porque la ley anterior exigía requisitos mucho más exigentes para la creación de una fundación".
"Los contratos podían cumplirse incluso al final del tiempo, es decir, no había la obligación de ir rindiendo a lo largo del año o de los dos años entregas parciales, sino que se podían llegar a cumplirse incluso al término del contrato; no hay boletas de garantía. Entonces hay una serie de situaciones excepcionales que son llamativas".
Fiscal Nacional, Ángel Valencia
"Ya no está vigente o no rige en Chile aquella imagen que teníamos todos de las fundaciones, de que era una pequeña fortuna, un pequeño tesoro o legado, de un grupo de millonarios o una empresa que constituía un fondo para la beneficencia.
Aquí pareciera que se crean las fundaciones para construir el fondo", comentó el fiscal nacional.
Otro de los patrones detectados es que existe mucha cercanía entre la fecha de creación de las fundaciones, "incluso algunos ni siquiera eran titulares de las fundaciones, sino que tuvieron que conseguir que alguna persona relacionada a ésta les permitiese operar con esa fundación para poder postular a los fondos, casi como que 'se la consiguieron' para el contrato". Además, comentó que en general el "propósito de la fundación no está directamente relacionado ni cercano al objeto del contrato, del convenio".
"Luego, empezamos a acercarnos al sentido común. Los fondos se giraron muy rápidamente (...) se consiguieron rápido, se giraron en su totalidad, de una vez, no hubo ni siquiera giros parciales, que es lo que ocurre generalmente", incluso con la característica de que los contratos "podían cumplirse incluso al final del tiempo, es decir, no había la obligación de ir rindiendo a lo largo del año o de los dos años entregas parciales, sino que se podían llegar a cumplirse incluso al término del contrato; no hay boletas de garantía. Entonces hay una serie de situaciones excepcionales que son llamativas", precisó.
En esa línea, el fiscal acotó que "la finalidad de los contratos, la cantidad de dineros involucrados, considerando los problemas sociales que estamos enfrentando, a veces son llamativos, pero ese puede ser problemas de mal Gobierno".
Consultado por las responsabilidades de los titulares de las carteras involucradas hasta ahora; en Vivienda, el ministro Carlos Montes; y en Desarrollo Social, el ministro Giorgio Jackson, el fiscal sostuvo que "es posible que tengan que declarar y en su momento se determinara la calidad; hoy día, de momento, no advierto, ni he tomado conocimiento que algún fiscal haya manifestado de que tengan rol que permite atribuirles que tienen algún tipo de participación. Sobre eso no quisiera especular".
No obstante, advirtió que los fiscales "van a hacer lo que tengan que hacer, caiga quien caiga, pase lo que pase, pese a quien pese y pise quien pise, y no nos interesa sólo el último eslabón que recibió el dinero, sino que nos interesa llegar lo más arriba posible; quiénes fueron quienes pudieron haber urdido un mecanismo si es que ese mecanismo existió", zanjó.
