Por 18 votos a favor, 11 en contra y 3 abstenciones, este miércoles la Sala del Senado aprobó un proyecto de acuerdo ingresado por la oposición que apunta a declarar inconstitucional la "Comisión Asesora contra la Desinformación" impulsada por el Gobierno.
En la resolución, se acordó "hacer presente a S.E. el Presidente de la República, la opinión de esta Corporación en el sentido de que, sin perjuicio de otros vicios de constitucionalidad, el Decreto N° 12 del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, publicado en el Diario Oficial el 20 de junio de 2023, que Crea Comisión Asesora Ministerial del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, denominada 'Comisión Asesora Contra la Desinformación', es inconstitucional por incidir en una materia de ley que debe ser discutida en el Congreso Nacional".
Junto con esto, el proyecto de acuerdo "autoriza a esta Corporación a comparecer ante el Excmo. Tribunal Constitucional, mediante el correspondiente requerimiento de inconstitucionalidad en contra del ya referido Decreto N° 12 del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ejerciendo todos los derechos que la Constitución y la ley le franquean y alegando los vicios de constitucionalidad que correspondan".
Para argumentar la iniciativa, los parlamentarios firmantes del texto plantean que la Constitución "consagra la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder por los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado".
Asimismo, recuerdan que "este derecho fundamental está consagrado en los tratados internacionales" suscritos por Chile, y que la Carta Magna "reserva a la ley la posibilidad de regular o complementar las garantías que ésta establece, o de limitarlas en los casos en que ella lo autoriza, sin afectar los derechos en su esencia".
También exponen que "la reserva legal establecida en la Constitución respecto de los derechos fundamentales y, en particular, de la libertad de emitir opinión y la de informar, es una garantía esencial del estado democrático de derecho, por la cual se garantiza que el debate y la regulación sobre el más sensible de los derechos políticos sea realizada en el foro democrático por excelencia que es el Congreso Nacional".
Por último, cuestionan que "dicha Comisión, dentro de sus finalidades, tiene por objeto analizar, evaluar e informar sobre la 'desinformación' en Chile, respecto de su 'impacto en los procesos democráticos' y 'en la calidad de la democracia'. Por lo anterior, el Decreto N°12 pretende crear una entidad que analice e informe sobre supuestas expresiones constitutivas de 'desinformación' en materias políticas altamente sensibles para la sociedad, como son los 'procesos democráticos', pese a que la regulación de la libertad de opinar e informar y el establecimiento de entidades que se pronuncien sobre dicha libertad son materia de reserva legal".
