Este lunes, la Comisión Asesora Ministerial para la regulación del vínculo entre el Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro, se encuentra realizando una cuarta sesión, pero, previo a la cita, su presidenta, María Jaraquemada, entregó el análisis que se tiene hasta ahora.
Enfatizando en que han estado escuchando activamente a distintas instituciones del Estado -y personas que han colaborado en otras oportunidades al mismo para entender de mejor modo cómo funciona el financiamiento de las fundaciones y corporaciones cuando prestan servicios públicos-, como también, a la División de Gobierno Digital y de Integridad de la OCDE, y a la ciudadanía -que ha presentado cerca de 40 propuestas que serán consideradas en el proceso-, Jaraquemada sostuvo que "hemos visto que muchas veces hay dispersión de institucionalidad, de normativa y de registros, y quizás, podríamos tratar de pensar en tener un sistema, no sé si único, pero algo que converse de mejor modo".
"Esta dispersión dificulta no solo el trabajo de la sociedad civil, sino que también, el control que puede hacer la Contraloría General de la República o, incluso, la Cámara de Diputados, por lo tanto, creo que se pueden modernizar los procesos, los registros, y es importante que mucha de la información que quizás se tiene desde el Estado, se pueda disponibilizar para la ciudadanía y los medios de comunicación", acotó.
La líder de la comisión si bien resaltó que "no toda transferencia de recursos implica que haya una defraudación", "sí el sistema presenta ciertas debilidades que podrían prestarse para que abusen de el".
En detalle en cuanto a las propuestas que se les han presentado, Jaraquemada dijo que "tienen que ver con cómo debieran actuar o transparentar las organizaciones el financiamiento que reciben y cómo el Estado pudiera actuar de mejor modo".
"Muchas veces lo que se nos ha señalado es que la rendición de cuentas depende de la entidad que otorga el financiamiento y, por lo tanto, hay distintos estándares y formatos, y lo que se trata de hacer es uniformar formatos para que sea más sencillo procesar la información y que se pueda transparentar a la ciudadanía". añadió.
"Una buena respuesta" -como señaló- a lo que está ocurriendo actualmente, "es hacer las investigaciones necesarias, pero también hacer cambios institucionales para que en el futuro esto se dificulte, y quienes quieran abusar, tengan que ingeniárselas con más sofisticación para hacerlo".
