Cinco diputados de la República declararon este martes ante funcionarios de la PDI en el marco de la investigación que se lleva a cabo tras la filtración de un audio por parte de Miguel Mellado (RN) que revelaba el contenido de la reunión entre el Presidente Gabriel Boric y parlamentarios de la Macrozona Sur, hecho ocurrido en junio.
Hasta las dependencias del Congreso Nacional llegaron detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos para tomar declaración a diputados.
Fueron cinco quienes habrían participado del procedimiento:
Gloria Naveillán (IND), Mauricio Ojeda (REP), Flor Weisse (UDI), Henry Leal (UDI) y Miguel Mellado (RN), este último quien filtró -y reconoció- el audio.
Al respecto, el diputado Ojeda señaló: "Me parece muy positivo que los temas que involucran al mundo público y político se cierren con prontitud. La gente demanda que estas situaciones no queden debajo de la alfombra, por tanto la declaración de hoy a la PDI no busca otra cosa que la justicia se pronuncie conforme a derecho".
Por su parte, Henry Leal indicó: "Sí fui citado a declarar en calidad de testigo, como estamos siendo citados todos los que estuvimos presentes, para manifestar nuestra opinión de lo que ocurrió. Relatábamos los hechos tal como fue".
"Se nos preguntó mucho si el diputado Mellado estaba o no en el inicio de la reunión. Yo declaré que obviamente no estaba. Se nos preguntó si la reunión había sido declarada secreta o no. Dijimos que no. ¿Cuál era la normativa para que una reunión fuera secreta? Yo expliqué que había una ley, se declaraba que era secreta se borraban todas las cámaras, que esta reunión no fue secreta, porque nunca se pidió que fuera secreta, solo se pidió no grabar", relató Leal.
Mientras que Flor Weiss manifestó: "Son parte de la diligencia que está efectuando la PDI. Me hicieron consultas respecto a cómo se habían desarrollado o cómo se había llevado adelante la reunión. También si yo había detectado o tenía alguna información sobre el hecho investigado, lo cual evidentemente respondí".
Cabe destacar que esta investigación se desarrolla a partir de una denuncia realizada por el Gobierno. La querella cayó en manos de la Unidad Regional de Anticorrupción de la Fiscalía Regional de Valparaíso, quien instruyó labores a la PDI.
El episodio fue catalogado como grave por el Ejecutivo, dado que en la cita se trataron "temas sensibles como es el tema de la seguridad, el hecho que alguien haya registrado lo que se conversó, sin duda no solo podría representar eventualmente un delito, sino que también lesiona confianzas que son fundamentales para el diálogo que tiene que existir entre las distintas autoridades para coordinar las iniciativas de seguridad que está llevando a cabo el Gobierno", como dijo Álvaro Elizalde en su momento.
