Una controvertida indicación aprobó este miércoles la
comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, que busca castigar con penas de cárcel efectiva (presidio menor en sus grados mínimo a medio) a quienes sean
sorprendidos portando líquidos acelerantes en el contexto de manifestaciones.
La situación generó pugna al interior de la instancia, ya que en principio la idea era sólo modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal para sancionar como falta el porte injustificado de combustibles, pero luego la oposición presentó la polémica norma a fin de aumentar las penas.
Producto de esta situación, la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien estaba presente en la comisión, hizo reserva de constitucionalidad de parte del Gobierno y adelantó un posible veto en caso de que la indicación avance en su tramitación en Sala.
El resultado de la votación dejó sensaciones contrariadas entre los miembros de la instancia. Por ejemplo, a juicio del presidente de la comisión, Jorge Alessandri (UDI) "este era un problema que tenían las policías al fiscalizar o controlar a alguien cerca de una protesta que portaba un bidón de combustible sin tener armada la bomba molotov. Eso no permitía tomarlo detenido, no permitía controlarlo, no era una falta, no era una multa, no era un delito. Se ha aprobado este proyecto de ley para que esas personas sí puedan ser controladas y también se ha puesto una pena alta para que esa persona pueda ser llevada a la comisaria más cercana".
"En el proyecto original del Ejecutivo era una multa en dinero que permitía retener el bidón, llevarlo a la comisaría, pero luego dejarlo en libertad, citado a pagar una multa. E indicaciones de los parlamentarios subieron eso a presidio menor en su grado mínimo, por lo tanto en opinión del Ejecutivo cambia la idea matriz del proyecto porque pasas de una multa a un delito penal con pena corpórea, o sea, con cárcel", complementó.
Una mirada similar manifestó su par José Miguel Castro (RN), quien señalo que "el Gobierno ha amenazado con un veto debido a que no le ha gustado que nosotros hayamos subido las penas a una pena corporal, eso quiere decir presidio, a una persona que va con una botella con bencina, que va con una mecha. Para mí eso tiene absolutamente todo para generar una bomba. Por lo tanto ellos han amenazado que el Presidente Gabriel Boric vete este proyecto que justamente va en contra de aquellas personas que muchas veces hemos visto atentan contra Carabineros".
Desde el oficialismo, en tanto, el diputado Raúl Leiva (PS) enfatizó que "esta es una indicación que fue absolutamente inadmisible, incompatible con lo ya aprobado y llega al sinsentido de que una persona que tenga elementos, como por ejemplo combustible, sea sancionada".
"Llama profundamente la atención que se apruebe una norma tan inverosímil, que no tiene sentido alguno y que efectivamente en la práctica va a ser imposible probar el ánimo a la disposición a fabricar", profundizó Leiva.
Mientras que para el diputado independiente-PPD, Jaime Araya, "es preocupante cuando la comisión de Seguridad pierde el sentido del ridículo".
"El Ejecutivo planteaba modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal y estábamos todos de acuerdo, y nos meten esta norma en la ley de control de armas que se crea mediante una indicación que no tiene presentación. Nos va a llevar al ridículo que por ejemplo una persona que está limpiándose las manos con una botella con bencina y un trapo, está cometiendo el delito que se ha aprobado hoy día en la comisión de Seguridad", acotó.
