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Crear un Estado Popular: La propuesta constitucional de la UP que no prosperó

El Programa básico del gobierno de la Unidad Popular proponía una nueva Constitución Política que contemplaba eliminar el Senado y que el Poder Legislativo quedara constituido por una Cámara única, denominada "Asamblea del Pueblo".

27 de Julio de 2023 | 10:26 | Por María Florencia Polanco, Crónica Constitucional
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A medida que se acerca el 11 de septiembre crecen los debates respecto de la situación del país hace cinco décadas. Al igual que en los últimos años, durante la administración de la Unidad Popular se hablaba de tener una nueva Constitución, en ese caso, que reemplazara a la Carta vigente de 1925.

El Programa básico de gobierno de la UP, que había sido aprobado por los partidos Comunista, Socialista, Radical, Social Demócrata, MAPU y Acción Popular Independiente, indicaba que "las transformaciones revolucionarias que el país necesita solo podrán realizarse si el pueblo chileno toma en sus manos el poder y lo ejerce real y efectivamente".
Agregaba que "las fuerzas populares y revolucionarias no se han unido para luchar por la simple sustitución del Presidente de la República por otro (...), sino para llevar a cabo los cambios de fondo que la situación nacional exige sobre la base del traspaso del poder (...)".

En ese sentido, la administración de Salvador Allende impulsaba un "Estado popular", para lo cual postulaba la redacción de una nueva Constitución, "que institucionalizará la incorporación masiva del pueblo al poder estatal".

El programa planteaba crear “una organización única del Estado estructurada a nivel nacional, regional y local, que tendrá a la Asamblea del Pueblo como órgano superior de poder".

De esta forma, se propuso cambiar el sistema político y terminar con el sistema bicameral —que en Chile rige desde 1822— y reemplazarlo por una Cámara Única.

"La Asamblea del Pueblo será la Cámara Única que expresará nacionalmente la soberanía popular", decía el programa. Los integrantes de la asamblea, señalaba el texto, “estarán sujetos al control de los electores, mediante mecanismos de consulta que podrán revocar sus mandatos". Este organismo, además, sería el encargado de aprobar los planes de política económica y social.

Esta idea se tradujo en un proyecto de reforma constitucional que el expresidente Salvador Allende ingresó al Parlamento el 14 de noviembre de 1971, pero no avanzó en su tramitación, pues no contaba con mayoría y el mismo gobierno le quitó la suma urgencia.
La idea de una Cámara única, no obstante, ha seguido presente. En 2014, un grupo de diputados ingresó una moción para “consagrar el carácter unicameral del Congreso”. Otra propuesta en esa línea se ingresó en junio de 2019.

Luego, en 2022, en la Convención Constitucional se propuso eliminar el Senado, lo que encontró una fuerte oposición en el debate público. Finalmente, la propuesta sometida a plebiscito y rechazada el 4 de septiembre de ese año consideró dos cámaras, un Congreso de Diputadas y Diputados y una Cámara de las Regiones, aunque esta última tenía menos atribuciones que la actual Cámara Alta.

"(La propuesta de la Convención) Estaba inspirada en la misma idea de un solo órgano, porque tenían una visión negativa del rol del Senado, lo que es curioso, porque el propio Allende fue presidente del Senado", dice el abogado y exministro del TC Enrique Navarro.

En contraste, en el actual proceso constitucional, una de las 12 bases fijadas para la propuesta establece que se debe mantener el sistema bicameral.

Otros cambios que proponía la Unidad Popular era la creación de un Tribunal Supremo con integrantes designados por la Asamblea del Pueblo y comandos comunales, formados por representantes elegidos por las organizaciones comunitarias, similar a la figura de los tribunales vecinales propuestos por la Convención Constitucional, para resolver conflictos locales.

"El presidente (Allende) también envió algunos proyectos donde proponía mayores atribuciones para el Tribunal Constitucional (TC)", cuenta Navarro.

La nueva Constitución fue tema recurrente de los discursos públicos de Salvador Allende. En su tercer mensaje presidencial, el 21 de mayo de 1973, sostuvo que "el Gobierno ha elaborado un anteproyecto de Carta Fundamental. Será sometido a una amplísima discusión nacional, a todos los niveles, para recoger las críticas y sugerencias antes de su envío al Congreso". Dicho anteproyecto no se hizo público.

"El mandatario propuso una reforma constitucional crucial en el diseño general, y en la UP hubo tres opiniones distintas (...). El resultado no fue misterioso: no se hizo nada”, relata Daniel Mansuy en su reciente libro “Salvador Allende. La izquierda chilena y la Unidad Popular".

Cambios económicos


Instalar un modelo de "economía planificada", en gran medida estatizada, era también parte central del programa de la UP. Este modelo se dividía en tres áreas: propiedad social, privada y mixta. Los ejes principales, en tanto, eran la nacionalización del cobre y la estatización de las grandes empresas. "Quiero que cada hombre y cada mujer que me escucha comprenda la importancia del acto en el cual vamos a firmar el proyecto destinado a modificar la Constitución Política, para que Chile pueda ser dueño de su riqueza fundamental", dijo Allende en un discurso, el 21 de diciembre de 1970.

A los pocos meses de su gobierno, la nacionalización del cobre se legalizó a través de una reforma constitucional que, después de ser ampliamente debatida, fue aprobada el 11 de julio de 1971: "Por unanimidad por el Congreso Pleno. Nacionalizado el Cobre", publicó "El Mercurio" en su portada, junto con diversas reacciones.
No ocurrió lo mismo con el proyecto para construir el área de propiedad social, que regularía la estatización de las empresas. Fue enviado por el gobierno en octubre de 1971, pero no contó con adherencia parlamentaria. "Como no había acuerdo, senadores de la Democracia Cristiana (Juan Hamilton y Renán Fuentealba) presentaron una reforma constitucional que terminó en el Tribunal Constitucional, que se declaró incompetente, porque no era una ley, sino una reforma constitucional. Hoy día sí tiene esa competencia", explica Navarro.

El proceso de estatización, en cambio, se hizo a través de un antiguo Decreto de Ley (N° 520), de 1932, que permitía al Ejecutivo requisar empresas, aunque no adquirir su propiedad. La oposición lo tildó de "resquicio legal". "En varias empresas no requisadas, trabajadores afines al gobierno optaron por la toma", detalla Mansuy en su libro.

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