Sede fundación Democracia Viva.
Aton
El Ejecutivo confirmó la ausencia de boletas de garantía en el convenio suscrito entre la seremi de Vivienda de Antofagasta y al fundación Democracia Viva. Al respecto, el ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que esto complicaría la restitución de los recursos.
Específicamente, en conversación con radio Concierto dijo que la falta de esta documentación "implicaría mayor cantidad de gestiones y es más engorroso" a la hora de exigir la devolución del dinero. Horas antes, el secretario de Estado explicó en radio ADN que "buena parte de los convenios de transferencia a fundaciones no tienen boletas de garantía (...) Ahora, esto tiene una serie de defectos, no estoy diciendo que esto sea regular".
A esta justificación se sumó la propia seremi en cuestión. A través de un comunicado aclararon que "en el marco de los trabajos de habitabilidad primaria del programa de Asentamientos Precarios, no se contemplaron boletas de garantía con las fundaciones, toda vez que no es una exigencia expresa de la normativa".
Asimismo, sostuvieron que "esto es parte de los defectos del sistema de asignación de recursos con instituciones sin fines de lucro, motivo por el cual el Ministerio se encuentra trabajando para modificar este modelo por uno más transparente y con mejores estándares".
Cabe recordar que el Ministerio de Vivienda exigió la devolución de $391.768.516, el 92% de los recursos transferidos, pero habría $97.384.286 de diferencia entre los cálculos que hizo el Minvu y lo que tiene la Fundación Democracia Viva.
Con estos antecedentes sobre la mesa, el senador Manuel José Ossandón (RN) señaló que "esto demuestra el amiguismo, aquí se le entregó dinero sin garantía a los amigos eso es desproteger la plata de todos los chilenos (...) esto no es un error, es una falta grave administrativa".
El diputado republicano Harry Jürgensen sostuvo que "más que aumentar sospechas, confirma las evidentes irregularidades que existen. La Ley exige que se constituyan las garantías necesarias para la prestación de los servicios, entonces aquí derechamente se infringió la Ley".
En esa línea advirtió que "el Gobierno, si no hace lo que debe, entonces es cómplice o encubridor de los eventuales delitos que aquí existan. Por eso, el que nada hace nada teme, y el ministro Jackson debe entregar su celular y computador para que sea examinado".
"El Presidente es quien debe decidir si seguir justificando la corrupción o dar una señal clara al país. Él debe decirnos si este es un Gobierno o una banda. Extraña mucho la inacción o tardanza en tomar decisiones, cuando fueron ellos mismos los que decían tener moral superior, prometieron un paraíso de probidad y tienen a Chile hecho un infierno de corrupción", agregó.
Por su parte, el diputado de Evópoli, Jorge Guzmán señaló que "esto demuestra que acá hay una relación de confianza entre estas fundaciones y quiénes se le entregaban. Esto no es un error es una falta administrativa que conlleva responsabilidades administrativas y por qué no, penales".
El diputado Eric Aedo (DC) dijo que "esto habla de un nivel de negligencia inexcusable. Es increíble y absurdo tener que constatar que se entregaron cantidades gigantescas de recursos a título gratuito para hacer obras inexistentes y además, con dinero que no estaba respaldado, es una negligencia mayor".
Sin embargo, no solo voces de la oposición criticaron lo ocurrido. El diputado Jaime Araya (IND-PPD) dijo que "no se entiende cómo una fundación sin trayectoria recibe tal cantidad de dinero sin garantía para el cumplimiento, además en un solo pago y por adelantado. Es impresentable (...) espero que Democracia Viva transfiera los recursos que tienen en su cuenta corriente".
