Medio en serio y medio en broma, en los pasillos del ex-Congreso consejeros y asesores, de izquierda a derecha, preguntan si el proceso constitucional “pasará agosto”.
Hay consenso en que se trata de un mes clave para el futuro del proceso, pues es la etapa en que las cuatro comisiones —Sistema político, reforma constitucional y forma de Estado; Función jurisdiccional y órganos autónomos; Principios, derechos civiles y políticos, y Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales— debatirán y votarán las más de mil enmiendas ingresadas al anteproyecto de la Comisión Experta.
Se prevé que el debate se tome el mes. Cada enmienda debe aprobarse por tres quintos de sus miembros. Al final cada comisión hará un informe que remitirá al pleno, donde también se requerirán tres quintos de los consejeros para aprobar la propuesta final, la que luego será revisada por la Comisión Experta, que podrá hacer sugerencias, las cuales deberán ser votadas por el Consejo.
Son solo estimaciones, pues hay señales de que el proceso no será así de lineal. Por ejemplo, desde la izquierda socializaron que podrían recurrir a la Corte Suprema ante enmiendas de la derecha, en especial la que establece un capítulo para las Fuerzas Armadas, lo que, a su parecer, infringiría las reglas del procedimiento. El reclamo debe ser suscrito por al menos un quinto de los miembros en ejercicio del Consejo (10) y presentarse ante la Corte hasta cinco días después de que se tomó el conocimiento del vicio reclamado. Las dudas están sobre si se puede recurrir al inicio del debate en comisiones o solo una vez que una enmienda o capítulo haya sido aprobado. En agosto se aclararía esto.
Además, la izquierda no descarta activar al Comité Técnico de Admisibilidad por eventual vulneración a las 12 bases constitucionales. Para ello también se requiere un quinto de los consejeros y presentarse hasta cinco días después que una norma haya sido aprobada en comisión o en el pleno.
Por eso, el oficialismo tomó nota de una investigación del CEP titulada “La política de la identidad en el Partido Republicano”, de Aldo Mascareño y Juan Luis Ossa, que indica que “un conjunto de enmiendas republicanas refleja este impulso identitario, se sitúan en una posición divergente con algunas bases institucionales del Acuerdo por Chile y, a la vez, introduce problemas normativos superados democráticamente en la discusión política nacional”.
El consejero comunista Fernando Viveros lo ve así: “Agosto es uno de los meses más importantes porque se empieza a vislumbrar el futuro de la Constitución y lo primero que vamos a ver es si pasamos agosto o no, como dice la jerga popular. En eso va a depender mucho el comportamiento que tengan las fuerzas de la derecha, a propósito de las enmiendas radicales y poco transversales que hemos visto”.
En la izquierda admiten que las casi 400 enmiendas de los republicanos fueron un remezón. En estas incluyen rebajar el número de congresistas, que el derecho a huelga sea supeditado a la negociación colectiva, robustecer —a su juicio— la vida del que está por nacer, posibilitar que mayores de 75 cumplan condena fuera de recintos penitenciarios (que según la izquierda podría aplicarse a condenados por delitos de lesa humanidad), la eventual exención de contribuciones, por nombrar algunas.
Los republicanos defienden que ellas fueron una señal hacia sus bases y votantes y que están abiertos, en esta etapa de las comisiones, a buscar acuerdos amplios. Es más, al interior de la bancada aseguran que en las cuatro comisiones podría haber “gestos concretos” hacia la centroizquierda y retirarían enmiendas que han causado ruido al oficialismo, aunque sin adelantar cuáles podrían ser.
Desde sectores de Unidad para Chile (Convergencia Social, RD, PS, PC y el cupo pueblos originarios) comentan en privado que en la actualidad están más atentos a cómo actuará Chile Vamos (UDI, RN, Evópoli), quienes además de ser una suerte de bisagra —los republicanos tienen los votos para bloquear, pero no para aprobar normas— ya acordaron al menos cuatro puntos clave con los republicanos en salud, pensiones, educación y Fuerzas Armadas.
Es más, en el oficialismo no descartan que republicanos terminen por bajar enmiendas para apoyar otras similares de Chile Vamos. “El ambiente actual es de un cierto escepticismo acerca de las perspectivas que esto (las comisiones) va a tener”, comenta el consejero Yerko Ljubetic (CS), quien agrega, “pero también hay voluntad de agotar todos los esfuerzos”. Para el consejero, es clave que no se siga “eludiendo el debate en las comisiones, sobre todo debiera conformarse un espacio concreto de diálogo y de búsqueda de acuerdos, búsqueda que probablemente no sea en las comisiones”, esgrime. Agrega que “una Constitución no deja de ser un pacto político y, por lo tanto, hay que mirarlo desde su integridad. Agosto es clave para ver si se da esa instancia”, concluye.
Unidad hasta el fin
Durante la semana pasada, conocidas las enmiendas de republicanos y Chile Vamos, al interior del Consejo surgió la duda sobre si la centroizquierda podría llamar a votar en contra en diciembre.
Según fuentes consultadas, el viernes de la semana pasada se juntaron los partidos políticos de Unidad para Chile y acordaron actuar como bloque. Es decir, si se decide llamar a votar en contra, se hará en conjunto. Cualquier decisión al respecto se tomaría en noviembre, pues —comentan— querrán insistir en cada comisión.
Un primer debate entre comisionados, asesores y consejeros de izquierda fue el mecanismo para votar las enmiendas en las comisiones. Aunque algunos habrían postulado que era mejor debatir y votar cada indicación por separado para forzar a la derecha a tener definiciones desde un primer momento, primó la idea de debatir primero y votar al final.
La izquierda, al contrario que en la Convención, es minoría. Esto se vio reflejado en la decisión tomada por los delegados de las bancadas de declarar que el Consejo no tiene facultades para hacer la consulta indígena. En ella bastó que los delegados de oposición estuvieran en contra. Esto hizo que el único escaño indígena, Alihuen Antileo, expresara que “esto va a marcar las negociaciones en las próximas semanas”.
Desde la derecha están atentos a las declaraciones de la izquierda. Y toman nota. La consejera de Chile Vamos Ivonne Mangelsdorff cree que desde ese sector “están construyendo de a poco hechos, hitos, diciendo de a poco: ‘Si esto sigue así me bajo’. Es preocupante”.
Sumado a la controversia por la consulta indígena, entre el 21 y 24 de julio el PC y el Frente Amplio publicaron comunicados sobre el proceso. El equipo constitucional del PC manifestó su preocupación por lo que llamó “la ofensiva de la derecha, liderada por el Partido Republicano”, con enmiendas que buscarían desfigurar el anteproyecto, enmiendas que “de ser aprobadas, sería un retroceso para los derechos y la democracia”. En el escrito valoró el piso mínimo que significó el anteproyecto “porque a pesar de sus insuficiencias, consagra el Estado social y democrático de derecho de una manera que habilita y hace posible responder a las demandas sociales largamente esperadas por Chile a través de las mayorías democráticas: trabajo decente y libertad sindical, derecho a la salud, derecho a la seguridad social, a la vivienda y derecho al agua”.
En resumen, concluía el texto, “con una Constitución a la medida de la derecha, todo seguirá igual o peor, arriesgando que el proceso fracase por su responsabilidad”.
El escrito del Frente Amplio, en tanto, mostró inquietud ante las enmiendas republicanas, las que buscarían “desmantelar por completo el anteproyecto de nueva Constitución”. Resaltó que “el anteproyecto de nueva Constitución se elaboró gracias a un acuerdo amplio de buena parte del espectro político representado en la Comisión Experta. Tal acuerdo tuvo como objetivo permitir un debate democrático continuo sin cerrar prematuramente la discusión”.
Frente a esto, Mangelsdorff opina que “por lo que hemos visto no hay un ánimo de construir, (los consejeros de izquierda) presentaron muy pocas enmiendas, ¿les parece estupendo un texto escrito por expertos entre cuatro paredes no electo por la ciudadanía?”.
La defensa actual al anteproyecto de la Comisión Experta contrasta con las críticas del Frente Amplio y el PC a que el proceso tuviera expertos, bases y un órgano que velara por su cumplimiento, cuando se discutía el Acuerdo por Chile.
Tras el fracaso de la Convención, el diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, señaló que un anteproyecto elaborado por expertos “sería sustituir el debate democrático”. En diciembre, Comunes opinó que “existen excesivos elementos de tutelaje que restringen el debate democrático”. Y el 5 de septiembre, un día después de la derrota del Apruebo, el exconvencional comunista Marcos Barraza expresó en El Siglo, medio ligado al PC, que “privilegiar técnicos, tecnócratas, por sobre la voluntad ciudadana, sería un error de magnitudes”.
