La empresa Enel, reveló este viernes que durante el primer semestre de 2023, los delitos de robos de cables de cobre han aumentado progresivamente en el Gran Santiago, al registrarse un alza del 17%.
Durante todo el 2022, Enel Distribución registró 759 casos dentro de su zona de concesión en la Región Metropolitana, lo que representó un aumento del 314% respecto al 2012. Hasta el 30 de junio del presente año ya se han contabilizado 413 casos.
En total,
30.975 conductores han sido robados, lo que ha significado un gasto de $894 millones para la atención de fallas y restitución de cables. Se calcula que 30 kilómetros de cables eléctricos han sido sustraídos, equivalente a 35 toneladas de cobre.
Esto ha afectado a 126.895 clientes debido a variaciones de voltajes e interrupciones de servicios, siendo las comunas de Santiago (209 casos), Recoleta (96), Providencia (32), Las Condes (28) e Independencia (20) las más perjudicadas.
En detalle, las esquinas donde se registran más casos de robos de cables son Avenida Recoleta con Juárez Larga (Recoleta); Olivos con Avenida Recoleta (Recoleta); Dominica con Loreto (Recoleta); Santos Dumont con La Paz (Recoleta); Santo Domingo con 21 de Mayo (Santiago); Bandera con General Mackenna (Santiago); Ismael Valdés Vergara con 21 de Mayo (Santiago); 21 de Mayo con Rosas (Santiago); y Paseo Puente con Rosas (Santiago).
Frente a esta problemática, el gerente general de Enel Distribución Víctor Tavera indicó: "Nos preocupa el aumento progresivo de los robos de cables, no solo porque afectan la calidad del servicio eléctrico de la comunidad, sino porque se trata de acciones que implican un grave riesgo para las personas, ya sean vecinos, nuestros trabajadores en terreno o los propios autores de estos delitos. Creemos que debiese existir una ley específica orientada a evitar la compra y venta de cobre proveniente del robo de cables y que se haga cargo de las consecuencias negativas que provoca".
La empresa advierte que estos hechos significan un importante riesgo tanto para el personal técnico que realiza labores de mantenimiento en las redes de distribución, los habitantes de la capital como para quienes cometen este tipo de delitos.
Y es que, pese a que el sistema cuenta con un corte de seguridad automática en caso de falla,
la alta intensidad de la descarga eléctrica a veces provoca un desenlace fatal para quien manipula cables sin conocimientos ni la protección adecuada.
En la actualidad Enel trabaja en implementar un plan de reparación, sellado y cambio de tapas de cámaras de media y baja tensión, de modo de prevenir o limitar los ilícitos. Esto se complementa con medidas ya existentes, como un sistema electrónico de control de acceso a las bóvedas, entre otros.
Además, para intentar reducir la afectación por este tipo de hechos, la compañía mantiene comunicación directa con distintos municipios y Carabineros de Chile y participa en una mesa de trabajo con autoridades especialmente enfocada en esta problemática.
No obstante, Enel ha ingresado 282 denuncias penales en los últimos 12 meses lo que ha permitido entregar antecedentes que pueden ayudar a su persecución criminal. De hecho, gracias a esto se han logrado cinco sentencias condenatorias en los últimos seis meses, que van desde los 61 días de pena remitida, hasta casos en que el imputado ha sido condenado a 541 de cárcel efectiva.
