La presentación de más de mil enmiendas al anteproyecto de Carta Fundamental elaborado por la Comisión Experta tensionó el ambiente al interior del Consejo Constitucional. Con ellas, los bloques políticos evidenciaron las distintas posturas que tienen en temas como la provisión de derechos sociales y el rol de los privados; el mecanismo de reforma y reemplazo constitucional; y la creación o no de un capítulo de Fuerzas Armadas, entre varios otros.
A diferencia de lo que ocurrió en la última etapa de trabajo de la Comisión Experta, los consejeros abordaron sus indicaciones al interior de sus bancadas y sin mantener mayor diálogo entre los partidos de izquierda y los de derecha. Pese a ello, igualmente existen coincidencias en algunos puntos que podrían servir para abrir los primeros caminos de diálogo.
Por un lado, hay tópicos que no fueron materia de enmiendas de ningún sector o que las propuestas son formales y no cambian el fondo del anteproyecto. Así ocurre, por ejemplo, con la nueva gobernanza que se propone en Justicia —se crearían cuatro órganos y un consejo coordinador, para separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales que hoy tiene la Corte Suprema—, con la idea de que el Presidente de la República deba cada 1 de junio informar sus tres proyectos de la agenda legislativa prioritaria que deben ser tramitados en un año; el funcionamiento de órganos autónomos como el Banco Central; el establecer la protección a consumidores, entre otras.
Además, las bancadas propusieron algunas indicaciones que coinciden en las modificaciones que buscan introducir al texto.
Por ejemplo, el derecho a la salud fue largamente debatido al interior de la Comisión Experta; sin embargo, en varios aspectos no hubo consenso. Así, no quedó en el texto que podrá haber cotizaciones obligatorias para financiar las prestaciones.
Sobre el punto se presentaron cuatro enmiendas de los consejeros del Partido Republicano, de RN-Evópoli, de la UDI y de Unidad para Chile. En todas ellas, con redacciones distintas, se incluye que podrá haber cotizaciones obligatorias.
Eso sí, en RN-Evópoli van más allá y plantean agregar un nuevo literal que establezca un "plan universal, solidario y uniforme para la cobertura de las prestaciones de salud. Este plan será financiado con cargo a las cotizaciones obligatorias y los aportes fiscales que determine la ley". En la misma línea, los consejeros UDI postulan: "Existirá un plan uniforme para la cobertura de las prestaciones de salud. Este plan será financiado con cargo a las cotizaciones obligatorias y los aportes fiscales solidarios que determine la ley (...)".
En Educación, por su parte, los consejeros PS, PC, CS y RD proponen agregar el literal: “el Estado promoverá la diversidad de los proyectos educativos”. En el mismo artículo, los constituyentes del P. Republicano proponen: "el Estado deberá promover la diversidad de proyectos educativos a nivel local y regional".
A lo largo de distintos capítulos, además, los cuatro grupos de consejeros que presentaron enmiendas postulan, con distintos énfasis y detalles, que en el texto final haya mayor desarrollo sobre los derechos y protección de la infancia.
Entre ellas, los partidos de izquierda plantean que "toda acción estatal orientada a garantizar sus derechos, deberá considerar primordialmente el interés superior de niños, niñas y adolescentes, su protección frente a toda forma de violencia y el desarrollo de condiciones adecuadas para crecer y desarrollarse en el seno de un ambiente familiar”. Mientras, los representantes de la UDI pretenden añadir que los niños tienen derecho "a ser protegidos contra cualquier tipo de explotación, maltrato, abuso o abandono". Y RN-Evópoli propuso un nuevo artículo para incluir la frase: "Es deber del Estado velar por el desarrollo de niños, niñas y adolescentes en un medio libre de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, ingestión abusiva de alcohol, tabaco y sustancias tóxicas, de conformidad a la ley".
Aunque con distintas miradas, hay al menos dos propuestas que se refieren a las labores de cuidados y las obligaciones del Estado. Los consejeros de izquierda proponen añadir que "(...) Es deber del Estado fomentar la corresponsabilidad y la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal, garantizando el derecho de las personas cuidadoras a ejercer dicha labor en condiciones de dignidad y protección social".
Mientras, consejeros republicanos buscan agregar "(...) El Estado debe crear las condiciones necesarias para que el cuidado se realice de forma adecuada y conforme a las necesidades tanto de la persona que cuida como aquella que es cuidada".
En el capítulo de Medio ambiente, el anteproyecto establece: "La distribución de cargas y beneficios ambientales estará regida por criterios de equidad y participación ciudadana oportuna, de conformidad a la ley", pero desde distintos sectores esperan detallar más el rol de la ciudadanía.
La izquierda propone un nuevo artículo, que diga: "La Constitución garantiza el derecho de acceso a la información ambiental, a la justicia ambiental y a la participación ciudadana en materias ambientales". Por su parte, los representantes del P. Republicano plantean sustituir el artículo 203 por uno que incluye la frase "es deber del Estado facilitar la participación ciudadana en conformidad a la ley. Las personas tienen derecho a interiorizarse de las decisiones administrativas ambientales, a formular observaciones en los procedimientos e informarse de otras medidas administrativas que les afecten directamente".
Por otro lado, en el artículo que menciona que "son territorios especiales los correspondientes a Rapa Nui y el Archipiélago Juan Fernández (...)" todos los sectores pretenden incluir en esa categoría el "Territorio Chileno Antártico".
En el mismo apartado, desde la derecha y la izquierda buscan crear una categoría nueva: los "territorios estratégicos".
"Pisos mínimos"
Respecto de las coincidencias, el consejero Carlos Recondo (UDI), afirma que "si se observa con más atención las enmiendas, en materia de medio ambiente hay coincidencias en la necesidad de mantener equilibrios, en términos de que hay espacio para el desarrollo, pero también en el cuidado del medio ambiente. También veo coincidencias en materia de cuidados donde podría haber acuerdos (...). Hay conciencia de cuidar a los adultos mayores, a los niños. Veo acuerdos en la posibilidad de ampliar las libertades también para mujeres y hombres. Veo muchas más posibilidades para encontrarnos que separarnos".
Por su parte, el delegado de la bancada PS Alejandro Köhler menciona que "esos pisos mínimos son importantes para poder construir un espacio común", aunque advierte que "no son suficientes para lograr un pacto constitucional como el que necesita Chile. El anteproyecto de la Comisión Experta es eso, un pacto político y constitucional que tiene acuerdos amplios (...). Para que este proceso sea exitoso, el Consejo Constitucional no puede ser menos, sobre todo teniendo como base este pacto político exitoso que fue el anteproyecto".
Luis Silva, representante del Partido Republicano, en tanto, opina: "Cada sector presentó enmiendas que plasmaron su identidad. Tal como hemos dicho varias veces, esto es un punto de partida para el debate en el interior del Consejo, donde debemos tener la capacidad de conversar sin hacer juicios apresurados sobre el impacto de las enmiendas. En esta fase del proceso no hay nada escrito en piedra, ahora lo que viene es dialogar para lograr una buena propuesta que ofrecerle a los chilenos".
