Es un debate que ya se había establecido. Sin embargo, debido a que la semana pasada se efectuó un robo al Ministerio de Desarrollo Social utilizando esa técnica, ahora ha resurgido. Se trata de la estafa telefónica y la discusión en torno a cómo evitar que lleguen los celulares a las cárceles.
Un reo del centro penitenciario de Puente Alto es el presunto autor del ilícito. En detalle, el hombre llamado Migue Ángel Apablaza Suárez, se habría hecho pasar por el ministro Giorgio Jackson con el fin de concretar la sustracción de 23 computadores y una caja fuerte desde la sede ministerial ubicada en la comuna de Santiago, todo en medio del Caso Convenios.
Claudio Martínez Cerda, ex director nacional de Gendarmería en una carta enviada a El Mercurio, expresó que la situación "deja una vez más al desnudo una falencia de nuestro sistema penitenciario,
cual es el masivo ingreso de celulares al interior de las cárceles y su articulación desde allí de ilícitos cometidos por el crimen organizado".
En tal sentido, sostuvo que "se hace cada vez más perentoria, por un lado, la necesidad de restricción de las visitas exclusivamente a sus familiares directos y el control de las comunicaciones", pero también "la implantación de locutorios (panel de vidrio donde no hay contacto físico entre las visitas y los reclusos) que permitiría de manera radical controlar y disminuir el ingreso de objetos prohibidos al interior de los penales, entre otras cosas el ingreso de drogas".
Por otra parte y, considerando la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, Martínez indicó que "Gendarmería debiera migrar desde su actual ubicación en el Ministerio de Seguridad Pública, dejando la atención de los condenados que cumplen sus penas en libertad (66.040 a junio del 2023) a un nuevo Servicio Nacional de Reinserción":
De esa manera, continuó, "se pueden concentrar los esfuerzos en Gendarmería en cortar el circuito del crimen organizado que se inicia desde el interior de los recintos penitenciarios".
Según información compartida por el Senado en mayo de este año -con datos aportados por Gendarmería- el año 2020 se incautaron cerca de 18 mil teléfonos celulares. El año 2021 alrededor de 29 mil y el 2022 cerca de 31 mil.
Este medio consultó a la institución por lo que se ha logrado decomisar en lo que va del año 2023, y esta expuso que "ha incautado 14.588 teléfonos móviles, siendo el lanzamiento desde el exterior, la principal vía de ingreso de estos aparatos a los recintos penitenciarios".
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, entendiendo el contexto, reveló el domingo a Mesa Central de T13 que "es un escándalo que lamentablemente tiene cierta frecuencia, que son los delitos cometidos por teléfono, estafas telefónicas cometidas desde recintos penitenciarios".
Y al respecto, se explayó en dos aristas. Primero, que "nosotros hemos dicho la seguridad de las cárceles. Firmamos un convenio con el subsecretario de Justicia, con el director de Gendarmería en mayo, $5 mil millones que traspasó el Ministerio del Interior a Gendarmería para mejorar la seguridad en los recintos penitenciarios". Para "tener escáner corporales para el registro no invasivo de las personas, tener arcos para detección de metales, tener drones para cuidar el perímetro y tener inhibidores de drones".
Ahora, en segundo lugar, de "esos $5 mil millones, más importante aún, el año pasado ya habíamos acordado iniciar un proceso de licitación para la inhibición del uso de teléfonos al interior de los recintos penitenciarios (...) y las licitaciones para iniciar la inhibición del uso de telefonía al interior de Colina 1, ya está subida y, por lo tanto, se cierra en septiembre. También hay una licitación para inhibir el uso de telefonía en otros 14 recintos penitenciarios".
Monsalve aclaró que "este es un hecho que el Gobierno había identificado durante el 2022, dispuso los procesos administrativos, y hoy, están levantadas las licitaciones que se cierran en septiembre, para que algo que parecía de sentido común, pero nadie había hecho, el Gobierno lo puede hacer, que es inhibir el uso de telefonía celular al interior de los recintos penitenciarios".
Consultado por las quejas que ha tenido esa idea, por ejemplo, por vecinos, la autoridad explicó primero que "hay una licitación para que una empresa se haga cargo de la telefonía fija al interior de los recintos penitenciarios y esa empresa tiene la responsabilidad de inhibir el uso de telefonía celular".
Luego, dijo: "¿Cómo se hace para evitar la externalidad negativa? Se hace vía IMEI, es decir, aquí está el recinto penitenciario, se autoriza el uso de 10 o 15 celulares que son los regulares para usar en ese espacio geográfico y la empresa, a través de la antena de telefonía celular, bloquea en ese perímetro, no fuera, el uso de cualquier otro IMEI que se quiera utilizar. Hay un mecanismo de tecnología que permite evitar las externalidades negativas, por lo que no se había podido llevar a cabo antes".
Cámara aprueba proyecto que sanciona tenencia de celulares en cárceles
El martes, la Cámara de Diputados aprobó y remitió al Senado el proyecto de ley que tipifica el delito de tenencia de celulares u otros elementos tecnológicos que permitan a las personas privadas de libertad comunicarse con el exterior.
Pese a que en noviembre de 2022, se publicó la Ley 21.494 que tipificó como delito el ingreso, por parte de cualquier persona, de elementos prohibidos que permitan a los reos comunicarse con el exterior, la iniciativa aprobada ayer en la Cámara viene a complementar dicha norma.
El proyecto establece una pena de presidio menor en su grado mínimo a medio (desde 61 días a 3 años y un día). Ello, para quien, encontrándose privado de libertad en un establecimiento penitenciario, tenga en su poder celulares, parte de ellos, chips o aparatos de telecomunicación.
También se castigará al funcionario público que, conociendo esta tenencia no autorizada, no la denuncie a la autoridad del establecimiento penitenciario. La sanción será de presidio menor en su grado mínimo (61 días a 540 días). Asimismo, se le aplicará una suspensión en su grado mínimo a inhabilitación absoluta temporal en cualquiera de sus grados para el ejercicio del cargo u oficio.