La Contraloría General de la República decidió declarar como representados o ilegales
22 convenios de transferencia entre el Gobierno Regional (Gore) de Los Lagos con fundaciones y corporaciones.
Aquello, provocó que los consejeros regionales recordaran la sesión plenaria del 24 de mayo de 2023 realizada en San Juan de la Costa, donde fue el profesional de la Unidad Jurídica del Gore, Ernesto González, quien aseguró que todas las representaciones del ente contralor respecto de los convenios realizados durante 2022 fueron respondidas "con la celeridad correspondiente" y solucionadas.
Según consignó El Llanquihue, la información dada a conocer por La Tercera en cuanto a que 22 convenios "no cumplían con las disposiciones legales ni el estándar establecido por Contraloría", entonces, constituyó un duro golpe por lo que solicitarán un pronunciamiento formal en la sesión plenaria que se realizará el martes y miércoles de la próxima semana en Maullín.
En detalle, el 29 de junio el contralor general Jorge Bermúdez decidió paralizar la toma de razón de los convenios entre reparticiones públicas y fundaciones para hacer un análisis.
Ese mismo día, la Fiscalía Regional anunció el inicio de una investigación de oficio por eventuales irregularidades en las millonarias transferencias del Gore a Chinquihue, Participa y Corporación Kimün.
Un mes después, Contraloría expuso que 29 de 34 convenios que fueron congelados en su tramitación, no cumplían con los estándares requeridos, de los cuales 22 tienen su origen en el Gore de Los Lagos, cuyo gobernador es Patricio Vallespín.
Entre lo que se destaca, está que las fundaciones representan giros muy amplios para recibir transferencias del Estado. Además, que hay falta de claridad de los ítems de gastos y la inexistencia del registro de personas jurídicas receptoras de fondos públicos.
En los 22 convenios objetados por Contraloría, aparecen las tres fundaciones mencionadas anteriormente, pero la que está en la mira es la "Corporación privada para la educación y el desarrollo local El Canelo" (su representante es Francisco Vío Grossi), ya que el Gore le transfirió $552 millones para financiar un programa de recuperación y fortalecimiento del sector silvoagropecuario indígena de la Provincia de Osorno, y la transferencia se hizo pese a que en una revisión previa de Contraloría, el convenio había sido declarado "ilegal". Por este hecho, se determinó iniciar un sumario.
Al respecto hubo algunas reacciones. Por ejemplo, la consejera representante de Osorno, Andrea Iturriaga (UDI), indicó "me siento muy sorprendida y muy preocupada por las noticias del nivel nacional, que son bastante diferentes a las explicaciones recibidas por parte del área jurídica del Gobierno Regional. Nosotros preguntamos hace varios meses, en la reunión ampliada que realizamos en Río Negro, justamente sobre la toma de razón de Contraloría y que se habían presentado varias observaciones que volvían a ser ingresadas por algunos 'adendum' que estaban pendientes. Eso estaba en el informe trimestral de la Unidad de Control, entonces nosotros observamos eso y lo preguntamos".
Agregó que no obstante, "hoy día se nos habla de ilegalidades, que es muy diferente de presentar observaciones".
En tanto, el consejero de la Provincia de Llanquihue, Rodrigo Wainraight (RN), manifestó que "generalmente cuando habla de ilegalidades se refiere a observaciones de forma. Lo que pasa es que se plantea como ilegalidades y suena como fuerte, pero son observaciones y, por lo tanto, hay que ver cuáles son las observaciones, porque nosotros cuando estuvimos en la comuna de Río Negro se preguntó por qué se transfirieron los recursos sin que exista toma de razón y por parte de Contraloría y ahí lo que dijo la Unidad Jurídica fue que se había conversado personalmente con la contralora y que eso ya estaba subsanado".
Por su parte, el consejero de Osorno, Francisco Reyes (PS), apuntó a que "lo que corresponde antes de emitir un juicio público, es conocer desde el Gobierno Regional la información sobre el sumario que ha levantado Contraloría, sobre las observaciones que ha planteado, algunas al parecer de carácter grave".
Por último, el jefe jurídico del Gore, Alejandro Macías, respondió señalando que "el Gobierno Regional de Los Lagos se encuentra trabajando desde hace algunos días en responder las observaciones formuladas por la Contraloría a los diversos convenios (...) Entendemos que dichas observaciones forman parte de alcanzar la finalidad que es compartida tanto por la Contraloría como por nuestro gobernador regional, consistente en resguardar el correcto uso de los recursos públicos".
Tras ello, añadió que en los próximos días enviarán al órgano contralor el nuevo modelo de convenio que cumpa con todas las observaciones formuladas.
Los receptores del Gore Los Lagos son: Corporación Kiñe Fuxa Ruka Kimün, Fundación Centro Universitario para la innovación, Fundación Bordemar, INPROA, Fundación La Araucana, Corporación de Desarrollo de la comunicación Joaquín de los Andes, Corporación privada para la educación y el desarrollo local El Canelo, Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural, CODESSER, Fundación Aprendizaje, Emprendimiento e Innovación, ONG Poloc, Fundación Chinquihue, Fundación Travolution, Fundación Desafío Levantemos Chile, ONG RIMSP, Fundación Participa, Fundación Desarrollo Sustentable Frutillar y ONG Canales.
