Con satisfacción en la oposición y muestras de preocupación en el oficialismo, la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja despachó a Sala el proyecto de ley de usurpaciones tras cinco horas de sesión.
Resistida por el Ejecutivo, pese a la urgencia ingresada para "no frenar el debate" como consignó la ministra Carolina Tohá, la iniciativa tipifica como delito y sanciona con cárcel la usurpación de inmuebles y la toma de terrenos, además de establecer la legítima defensa para el propietario en caso de una toma violenta. Algo que fue calificado en su momento como "bomba de seguridad" por la jefa de gabinete.
Ahora, será discutido en el hemiciclo de la Cámara de Diputados.
Tras la sesión, en el oficialismo mostraron su preocupación por el proyecto. La diputada comunista, Alejandra Placencia, señaló que "se mantiene lo que fue en un inicio nuestra preocupación" y tildó de irresponsables a "los diputados de derecha".
"Lamentablemente el proyecto es peligroso para las instituciones, es peligroso para la democracia, lo que hace es promover un enfrentamiento entre civiles y podría ocurrir que existan grupos armados que se dispongan a recuperar inmuebles o predios sin la intervención de Carabineros quienes son la institución habilitada o quienes debieran estar habilitados", explicó Placencia.
En esa línea, indicó que en Sala repondrán todas indicaciones presentadas por el oficialismo y el Ejecutivo que fueron rechazadas por la instancia para "realmente resolver un problema que es real en nuestro país y que tiene que ver con la toma de predios de forma ilegal, de personas que hacen esto para cometer otros delitos, para hacer loteos irregulares".
Asimismo, diputados pro gobierno insisten en que la iniciativa "criminaliza la pobreza". "Bajo este proyecto, las personas que se ven imposibilitadas a acceder a viviendas podrían ser desalojadas de manera violenta por particulares, porque combina la detención que podrían hacer civiles con la legítima defensa que podrían hacer esos mismos civiles", señaló Lorena Fries (CS) en relación al artículo que considera la legítima defensa.
"La oposición ha actuado con una tremenda irresponsabilidad y pasando por encima cuestiones básicas de un estado democrático, que es que los conflictos se solucionan institucionalmente y no entre particulares. Esto es un retroceso", agregó la diputada Fries.
Por otro lado, desde la oposición mostraron su satisfacción al avance de la iniciativa por proteger el derecho a la propiedad. "Esta es una tremenda noticia para quienes han visto vulnerados su derecho de propiedad, su derecho sobre los terrenos que le han sido usurpados, muchos de manera violenta. Dejamos gran parte de lo que establece el Senado, instaurado en la Comisión de Seguridad y aprobado, como es que va a ser un delito ya no de multa, va a tener penas de cárcel, la usurpación violenta como no violenta", dijo el legislador Andrés Longton (RN).
"Establecimos y dejamos la flagrancia permanente, esto es que las policías van a poder ingresar en cualquier momento al territorio, al terreno para poder desalojar a las personas que usurparon los terrenos. Esas son noticias tremendamente importante para las personas que hoy día han visto vulnerados su derecho de propiedad y que viven con la angustia constante y que claman por justicia", dijo Longton.
Mientras que el presidente de la Comisión, Jorge Alessandri (UDI) sostuvo: "Hay personas del Gobierno que le han llamado a la ley de la autotutela. El ministro Jackson ha dicho que es la ley de la autotutela. Para nosotros la ley como está, llama a la autotutela. Hoy día las personas van a poder llamar a las policías en cualquier momento, flagrancia permanente, y el Estado va a tener que ir y responder. Si el Estado no responde, evidentemente que la gente va a tomar la justicia, o va a querer tomar la justicia por su propia mano. Pero es deber del Estado responder a tiempo y forma, de manera eficiente".
