"Esperamos congregar un grupo de analistas para (...) seguir homogeneizando y compartiendo criterios comunes", dijo ayer el
fiscal nacional, Ángel Valencia, en medio de las indagatorias que avanzan en el Caso Convenios, y que continúan sumando aristas tras los hechos conocidos en Valparaíso, a raíz de los convenios suscritos por la Subsecretaría de las Culturas con la Asociación Gremial Red de Salas Independientes de Chile.
En las últimas semanas, el líder del Ministerio Público ha sostenido reuniones con los persecutores que dirigen las causas por posible fraude al fisco y otros ilícitos en 10 regiones de país. Según comentó hace algunas semanas Valencia, los montos comprometidos llegarían, hasta ahora, a los
$14 mil millones.
Según consigna El Mercurio, la idea es ir uniformando criterios en las distintas jurisdicciones, mediante la asesoría del jefe de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, Eugenio Campos. En la misma línea, los persecutores y la PDI también analizan la existencia de un "mecanismo" para el retiro de dinero, mediante fundaciones, que podrían ser "ideológicamente" falsas.
Operaciones inician con fecha cercana a traspasos
Uno de los patrones identificados apunta a que las fundaciones comienzan a existir con poco tiempo de diferencia a la recepción de los montos. En el caso de Democracia Viva, ésta se inscribió en Ñuñoa el 25 de febrero de 2022, y casi ocho meses después, recibió el primero de tres traspasos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta. En total, sumaron $426 millones.
Otro ejemplo es el de la fundación TomArte, que se inscribió el 24 de enero de 2022 en el Registro Civil y la Seremi de Vivienda de Antofagasta firmó con ellos cuatro convenios; el primero, según el Mercurio de Antofagasta, fue el 23 de septiembre de 2022, por $150 millones. Luego hubo otros dos, que sumaron $250 millones, y el último, por $56 millones.
En la Araucanía, en tanto, se indaga la fundación Local, que habría informado su "ampliación de giro" en diciembre de 2022, y el primer pago de aportes fiscales lo recibió el 4 de enero pasado. Fueron seis transferencias por parte del Gobierno Regional que suman $2.113 millones.
Financiamiento no exigió avances de trabajos
Otro de los patrones se relaciona con la entrega de fondos en un solo pago sin que se dividieran en función de los avances de los proyectos. Por ejemplo, en la indagatoria de Democracia Viva, hubo pagos sin mayores exigencias del proyecto.
Según el Ministerio de Vivienda, sólo se ejecutó el 8% del presupuesto y es por eso que se exige la restitución de fondos. En total, la cartera pide $391 millones, pero la fundación afirma que el monto a devolver es de $294.384.230, lo que en definitiva correspondía al 92% de lo solicitado por el Minvu; una diferencia de $92.384.286 entre ambos cálculos.
En paralelo a las causas penales, desde el Ministerio de Justicia iniciaron la fiscalización de varias fundaciones involucradas en eventuales irregularidades administrativas, a través de su Departamento de Personas Jurídicas. Esto incluye a Democracia Viva, Urbanismo Social, ProCultura, Movimiento Fibra, Asociación Campamento de Ideas y TomArte. Al día de hoy, son 18 las entidades pesquisadas por la cartera.
El objetivo de la fiscalización es determinar si las entidades están cumpliendo con el objeto social para el que fueron autorizadas en su constitución y actualizar la información financiera y actividades para las cuales están constituidas.
Ausencia de boletas de garantía
También se detectó que en la mayoría de los contratos con las fundaciones no se solicitó boleta de garantía para asegurar los recursos.
Según informó el Minvu, sólo en las regiones de Tarapacá, Atacama, Biobío, la Seremi de la cartera pidió esos documentos de caución, lo que depende de cada secretaría regional.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló al respecto que "es un error no haber exigido boletas de garantía, porque no obstante ser transferencias de capital, las transferencias a fundaciones suponen la ejecución de un conjunto de acciones sujetas a un plan de trabajo que están asociadas a rendición de cuentas; por lo tanto, un buen uso de los recursos públicos, entendiendo que se debe cumplir el fin para el cual son transferidos, llevaría razonablemente a exigir cauciones o boletas de garantía".
Financiamiento político o personal
En varias de las indagatorias, la fiscalía ha identificado un elemento político. En un inicio, y como es sabido, el caso Democracia Viva y Urbanismo Social está asociado a personas de Revolución Democrática; y otras fundaciones también se asociaron a otros sectores, aunque principalmente al oficialismo, pese a algunas excepciones.
También está el caso de las fundaciones Chinquihue, Participa y Kimün, a las que se les asocia con la DC, PPD y la extinta Lista del Pueblo.
La fiscalía ya ofició al Servicio Electoral (Servel) para verificar si el destino del dinero fiscal pudo tener distribución a miembros de partidos o fue a cuentas personales, y se trabaja, además, en establecer la trazabilidad del dinero con diligencias más intrusivas, como los primeros levantamientos de secretos bancarios.
