En los últimos meses han saltado las alertas por la compleja situación financiera que estaría enfrentando la Universidad de Aysén, una de las dos casas de estudio estatales que fueron creadas por ley en 2015 y que recibieron por primera vez alumnos en 2017.
Según datos de la Superintendencia de Educación Superior (SES), el plantel arrastra pérdidas por cerca de 415 millones de pesos, al año 2021.
En abril pasado, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) certificó a esta universidad en nivel "Básico", por solo 3 años, y en dos de las cinco áreas posibles: gestión institucional y docencia de pregrado; no así en investigación, por ejemplo.
En su informe, la CNA señala que la Universidad de Aysén "aún no cuenta con una estructura financiera equilibrada que le permita sustentar su proyecto educativo en un ciclo normal de operación, considerando las elevadas pérdidas operacionales y netas que presenta desde su creación, y que explican sus indicadores financieros ajustados y un patrimonio decreciente".
También alude a su "infraestructura insuficiente" y advierte que hay sobredotación de personal: "Es necesario que la institución evalúe su estructura organizacional y su dotación administrativa, pues se advierte una gran cantidad de órganos de deliberación y gestión y de personal profesional y administrativo, lo que no se condice con una universidad que recién comienza a instalarse y que cuenta con baja matrícula y escaso personal académico". Ante esto, le recomienda "revisar su estructura de costos" y "diversificar sus fuentes de ingresos".
A esto se suma una investigación que lleva adelante la Fiscalía Regional de Aysén para aclarar presuntas irregularidades en el traspaso de recursos públicos desde la Universidad de Aysén hacia la fundación Democracia Viva, que realizó una escuela de verano para la casa de estudios.
A la luz de estos antecedentes, a mediados de julio, distintos parlamentarios de la región se reunieron con el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, y le solicitaron que esta universidad sea intervenida. "La situación es de crisis terminal", aseguró en esa oportunidad el senador David Sandoval (UDI).
Superintendencia lleva adelante una profunda auditoría financiera
El subsecretario de Educación Superior señaló a Emol que su cartera ha entregado los antecedentes de esta universidad a la Superintendencia de Educación Suerior, que está realizando una investigación a dicha casa de estudios.
"Respecto al caso de la Universidad de Aysén, y al diálogo que hemos sostenido con los parlamentarios de la región, desde la Subsecretaría hemos estado presentes en el territorio, y también hemos entregado los antecedentes a la Superintendencia de Educación Superior, que es el órgano que tiene las competencias de supervigilancia de las instituciones de educación superior, y es quien está llevando adelante un proceso investigativo", señaló el subsecretario.
También dijo que "más allá de la situación inmediata que vive la universidad, estamos trabajando en soluciones de fondo enfrentando los problemas de financiamiento y gestión que tiene la educación pública para que esté al servicio del desarrollo de las regiones, que es lo que necesitamos como país". En esa línea, sostuvo que "estamos convencidos de que se requiere una modernización del financiamiento de la educación superior que sea sensible a las condiciones territoriales particulares de las instituciones".
La Superintendencia de Educación Superior confirmó a este medio que la Universidad de Aysén está siendo investigada producto de un déficit financiero que arrastra y que se traduce en pérdidas por 415 millones de pesos, a diciembre de 2021, lo que le ha generado problemas para financiar la operación institucional en el corto plazo.
En medio de este proceso, la Superintendencia le ha solicitado a la universidad que entregue distinta información, en el marco de una profunda auditoría financiera, para conocer en detalle la real dimensión del problema que enfrenta la institución y proponer soluciones.
Una vez que concluya la investigación, la entidad podría exigirle a la Universidad de Aysén un plan de recuperación, que debe ser monitoreado por la Superintendencia durante dos años; o bien designar un administrador provisional o, en último caso, un administrador de cierre, que son las opciones que establece la Ley 21.091.
