"Ahora se pone bueno". Un consejero republicano resume así el ánimo actual en las bancadas de la oposición del Consejo Constitucional, representada por el Partido Republicano y Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), previo a la discusión y votación en comisiones.
Según el cronograma, agosto es el mes en que se deben debatir y votar en comisiones las más de mil enmiendas al anteproyecto de nueva Constitución para pasar en septiembre al debate y votación en el pleno. Sin embargo, hasta ayer solo algunas comisiones estaban sesionando, pero sin discutir el fondo de las enmiendas, lo que hizo que algunos pensaran desde afuera que el Consejo estaba en “tiempo muerto”.
Dos factores aplazaron el inicio del debate. El primero fue que el oficialismo recurrió el domingo a la Corte Suprema por eventuales vicios de procedimiento en indicaciones presentadas tanto por los republicanos como desde Chile Vamos para sumar nuevos capítulos al anteproyecto.
Para sectores de la derecha, el reclamo de la izquierda ante el tribunal fue un punto político dirigido a sus bases, en especial porque era un recurso que venían anunciando hace días.
La izquierda, que con 16 representantes más el escaño mapuche, Alihuen Antileo, son minoría en el proceso sin votos para aprobar o bloquear normas, argumentó en el recurso que “lo único que nos quedaría sería estar a merced de la buena voluntad de los consejeros y las consejeras que, habiendo infringido las normas de procedimiento, estén dispuestos, luego, a incluirnos en el debate y construcción común de las normas. Esta es una desventaja inaceptable en un proceso constitucional”.
El PC en un comunicado del 1 de agosto expresó que el agregar capítulos en las enmiendas “daña el carácter democrático que debe tener la elaboración de una nueva Constitución para Chile”.
Pese al aviso, la estrategia molestó a la derecha. Esto se relaciona con el segundo factor que atrasó el debate: el recurso ante la Suprema se presentó cuando ambos sectores estaban en conversaciones para instaurar una mesa de coordinación. Si bien por minutos se tensionó la creación de esta instancia, finalmente este miércoles los consejeros concordaron sentarse a la mesa para buscar posibles consensos, destrabar nudos y sincerar posiciones intransables. La primera reunión fue ayer pasadas las 15:00 horas.
Sacar adelante el proceso
Tanto en las bancadas del Partido Republicano como en Chile Vamos afirman que harán todo lo posible para conseguir un texto que sea aprobado en el plebiscito de salida de diciembre. Si bien en ambos sectores de la oposición existen voces que han estado en contra del proceso constitucional, creen que tanto el compromiso suscrito por Chile Vamos cuando pedían rechazar la propuesta de la Convención para trabajar por “una nueva” como la eventual carrera presidencial de José Antonio Kast son razones potentes para buscar que el proceso sea exitoso. Y para eso, saben, es necesario acercar posturas.
El consejero republicano Luis Silva, delegado de la mesa de coordinación, cree que este mes “se va a imponer como algo necesario la transparencia total de las posiciones y el porqué en cada una de las de la enmiendas (...). Por una parte se van a esclarecer aquellas materias donde definitivamente es muy difícil, por no decir imposible, llegar a acuerdos, y también se van a esclarecer aquellas materias en las que sí hay espacio para acuerdos. Y, por lo tanto veo que hay varias oportunidades de enmiendas con unidad de propósito”.
En la etapa final de la redacción del anteproyecto, para destrabar diferencias en la Comisión Experta se recurrió a esta medida de excepción considerada en el reglamento que permite “introducir enmiendas durante la votación, con la única finalidad de salvar posibles incoherencias o errores de estilo, o de concordar una redacción que concite unidad de propósitos”.
En esto coincide Pilar Cuevas, delegada de la bancada RN-Evópoli: “Con este acuerdo y la integración de la mesa de coordinación se facilita bastante más lograr esta unidad de propósitos”. Agrega que “sintonizando con la ciudadanía vamos a ‘pasar agosto’”.
Interés ciudadano
¿Cómo sintonizar con la ciudadanía cuando las encuestas muestran que está más inclinada a votar en contra en diciembre? Es una pregunta que ronda en las bancadas de oposición. El Partido Republicano y Chile Vamos han estado atentos a los estudios de opinión pública. Tomaron nota de la última encuesta CEP, que si bien muestra que un 49% no está interesado en el proceso, refleja un interés en combatir la delincuencia y tomar medidas contra la corrupción.
La consejera RN Ivonne Mangelsdorff, miembro de la mesa coordinadora, lo resume: “Nos encantaría lograr muchos temas de acuerdo con la izquierda como normas contra la corrupción, en la defensoría de las víctimas, y en derechos sociales respetando la libertades individuales”. Y su par Pilar Cuevas afirma que “la ciudadanía hoy día demanda seguridad por sobre todas las cosas. Creemos que esta Constitución sí puede dar ciertos marcos de donde la seguridad sea el tema principal”.
En la oposición aventuran que hay al menos cinco factores que influirían en que gane la opción a favor: la principal sería seguridad. Luego, enumeran, estaría la defensa de las víctimas, el derecho preferente de los padres en la educación de sus hijos, la libertad de elección en salud y educación, y normas sobre las Fuerzas Armadas.
Otro tema que preocupa en la derecha es que en sus bases han encontrado detractores a distintos temas, incluso aquellos que están en los bordes del proceso. Por ejemplo, algunos republicanos cuentan que hay militantes o simpatizantes contrarios al proceso que les han afirmado que temen que las 12 bases constitucionales “impongan el socialismo en el país”. Por eso, cuentan en privado, que buscarán también hacer un trabajo en terreno para informar sobre lo que discutan en el ex-Congreso.
En busca de aliados
En el Consejo, los republicanos pueden bloquear normas, pero necesitan al menos de los votos de Chile Vamos para aprobar cambios al anteproyecto. Aunque en la opinión pública ambos sectores han sido señalados como aliados naturales, este jueves el consejero Edmundo Eluchans (UDI) aclaró, al dirigirse al expresidente Ricardo Lagos en la comisión de Sistema político: “Usted hizo un análisis donde suma la bancada de republicanos con las bancadas nuestras (UDI, RN y Evópoli) y con todo respeto, hay un error. Nosotros hemos pagado un alto costo por estar aquí. Fuimos muy disminuidos en el voto ciudadano por defender este proceso. Creemos en este proceso, estamos comprometidos en este proceso y queremos que sea exitoso”, expresó buscando diferenciarse de la tienda de José Antonio Kast.
Por el otro lado, las cerca de 400 enmiendas de los republicanos han sido foco de críticas desde la izquierda, tanto dentro como fuera del proceso. Primero fue la indicación que propone que “las personas mayores de 75 años de edad o que padezcan enfermedades terminales, debidamente calificadas, cumplirán la prisión preventiva, presidio o reclusión en su domicilio”. La izquierda ha cuestionado que de aprobarse la norma podría beneficiar a condenados por delitos de lesa humanidad, algo en especial delicado en medio de la conmemoración de los 50 años del Golpe.
La última polémica se originó el domingo luego que el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, en Mesa Central de Canal 13, opinó que la propuesta republicana sobre el derecho a la vida no ponía en riesgo la ley de aborto en tres causales, pero agregó: “El día de mañana, cuando seamos mayoría en el Congreso, vamos a presentar un proyecto que se haga cargo de las tres causales, que, creemos, atenta a la vida”.
Esta semana el Presidente de la República, Gabriel Boric, señaló —sin nombrar a Squella— que “hay algunos incluso que plantean abiertamente que quieren hacer retroceder el derecho a elegir de las mujeres sobre su propio cuerpo, que es lo que hemos avanzado gracias al movimiento feminista durante los últimos años, por ejemplo, con la ley de aborto en tres causales”.
Pese a ello, entre los republicanos habría intención de ceder o al menos discutir algunos puntos con la izquierda como la paridad de salida, el reconocimiento a las labores de cuidado y normas sobre libertad de elección sin consagrar un modelo en particular.
Además, aunque no habría respaldo de los republicanos para establecer escaños reservados para pueblos originarios, sí podría mantenerse la redacción del anteproyecto que señala que “la ley podrá establecer mecanismos para promover la participación política de los pueblos indígenas en el Congreso Nacional”.
En el P. Republicano hay una creciente sensación de que, de conseguir acuerdos, estos podrían incluir a sectores del Partido Socialista y del Frente Amplio, pero ven difícil contar con el Partido Comunista.
