En medio de la serie de indagatorias que se han abierto por el denominado Caso Convenios, ayer viernes se conoció de la primera detención vinculada a estos hechos.
Se trata de Diego Ancalao Gavilán, ex precandidato presidencial de la Lista del Pueblo, para quien se decretó prisión preventiva esta jornada luego de ser formalizado en el Tribunal de Garantía de Puerto Montt.
Se le imputaron los delitos de lavado de activos, estafa y apropiación indebida de recursos públicos, por presuntas irregularidades en el traspaso de $1.200 millones desde el Gobierno Regional de Los Lagos a la Corporación Kimün.
La medida cautelar se le dictó debido a que "su libertad puede constituir un peligro para el resultado de las diligencias de investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público; y en menor medida también por un riesgo de fuga", explicó el magistrado Francisco Almonacid. La investigación durará 120 días.
Inicio de la indagatoria
Si bien la trama Convenios se descubrió públicamente el 16 de julio con el caso de Democracia Viva, las complicaciones en Los Lagos ya se conocían al menos desde el 29 de junio, cuando el contralor general Jorge Bermúdez decidió paralizar la toma de razón de los acuerdos entre reparticiones públicas y fundaciones de la región para hacer un análisis.
Ese mismo día, la Fiscalía Regional anunció el inicio de una investigación de oficio por eventuales irregularidades en las millonarias transferencias del Gore a las fundaciones Chinquihue, Participa y Corporación Kimün.
Un mes después, Contraloría expuso que 29 de 34 convenios que fueron congelados en su tramitación no cumplían con los estándares requeridos, de los cuales 22 tienen su origen en el Gore de Los Lagos, cuyo gobernador es Patricio Vallespín.
Entre lo que se destaca, está que las fundaciones representan giros muy amplios para recibir transferencias del Estado. Además, que hay falta de claridad de los ítems de gastos y la inexistencia del registro de personas jurídicas receptoras de fondos públicos.
A raíz de esta situación, el Gore interpuso una querella por defraudación y apropiación indebida contra los representantes legales de la corporación. Asimismo, se iniciaron acciones legales para asegurar el reintegro de los fondos. Se trata de una demanda ejecutiva en que se pide el embargo de bienes de la corporación, así como del aval y codeudor solidario.
"No existe posibilidad" de devolver los fondos
En medio de la causa abierta, el pasado 17 de julio el Gore de Los Lagos declaró el término anticipado del convenio de transferencia a Kimün, aduciendo diversos incumplimientos y solicitó el reintegro de los dineros. Ante esto, la corporación presentó un recurso para apelar a la decisión, el que fue rechazado.
Sin embargo, según publicó diario "El Llanquihue", el vicepresidente de Kimün, Arnoldo Ñanculef, sostuvo que "nosotros como corporación no tenemos ninguna posibilidad de devolver los dineros, porque esos dineros no los manejó esta corporación".
"Aquí yo quiero hacer una separación. La responsabilidad de quienes firmaron esos documentos en nombre de la Corporación Kimün está en la señora (Rosalía) Currimil –tesorera– y (Jaime) Huincahue –presidente–. Por lo tanto, ellos son responsables de esos recursos, no la corporación, en su totalidad", afirmó.
Ñanculef señaló que "el recurso, yo tengo que decirlo responsablemente, hoy día no existe, porque este señor Huincahue en forma verbal me informó a mí que había traspasado 900 millones de pesos al IP y CFT para cubrir y colocar capital de trabajo, para pago de deudas. Pero yo no tengo los antecedentes de respaldo para decir en qué se gastaron los $900 millones, porque tampoco consta que hayan sido sacados de este proyecto".
"Lo hemos citado a dos reuniones para que venga a entregar un informe completo de este proyecto, y de lo que está pasando internamente en el IP y CFT, pero él se ha negado a participar", agregó. Se refiere al IP y CFT Los Lagos –que tiene 9 sedes y atiende a 3 mil alumnos–, cuya administración dependía de la Corporación Kimün, y donde Jaime Huincahue ejercía como rector y Rosalía Currimil como directora general académica.
No obstante, éstos vendieron el IP y CFT Los Lagos el pasado 7 de julio a la Fundación para el Desarrollo y Liderazgo Indígena (Fundelin), que preside Diego Ancalao Gavilán, ex candidato presidencial por la Lista del Pueblo que el Servel determinó que presentó firmas ante un notario ya fallecido, y que además se desempeñó como coordinador del programa de saneamiento de títulos de la Corporación Kimün ante el Gobierno regional de Los Lagos hasta el 29 de junio.
"Esta venta nunca fue autorizada por la Corporación Kimün. No hubo acuerdo de directorio y el señor Huincahue y la señora Currimil violaron todos los estatutos; en forma arbitraria, en forma clandestina, vendieron la institución", acusó el vicepresidente de la corporación.
Fiscal suspendido
Por otro lado, este sábado se conoció de la suspensión del fiscal de Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de Los Lagos, Marcelo Sambuceti, por orden de la Fiscalía Regional.
Según El Llanquihue, la decisión tendría relación con contactos telefónicos indebidos del persecutor con el gobernador regional, Patricio Vallespín, y la administradora del Gobierno Regional, Viviana Godoy. Esto, en el marco del caso Convenios.
La situación habría sido descubierta por la Policía de Investigaciones (PDI) tras el allanamiento realizado hace dos semanas en el Gore de Los Lagos.
De forma paralela, se habría iniciado un sumario administrativo y una investigación penal, por el presunto delito de obstrucción de la investigación e incluso un delito funcionario.
