Fachada de la Municipalidad de Santiago. Este lunes, tras una serie de cuestionamientos por parte de la oposición, la entidad aseguró que el renombre de calles "se ajusta a la legalidad".
El Mercurio
Diversas críticas ha recibido la Municipalidad de Santiago -y en particular la alcaldesa Irací Hassler (PC)- por parte de la oposición, por el proyecto que busca cambiar el nombre de nueve calles, dos plazoletas y un puente en la comuna, en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.
Desde el sector se calificó la situación como "lamentable" y se apuntó a que se está pasando a llevar a la ciudadanía. Sin embargo, desde el municipio, a través de un comunicado, se aseguró que el renombre de calles "se ajusta a legalidad vigente".
"Tras la resolución del Consejo Comunal de la Sociedad Civil de Santiago (Cosoc), que aprobó la solicitud de cambio de nombre de calles, la Ilustre Municipalidad de Santiago, informó que las próximas instancias para discutir esta materia serán en reunión de comisiones del Concejo Municipal y de quedar en tabla, en la sesión de este próximo miércoles 9 de agosto, lo que ajusta a la legalidad vigente", señala la misiva.
En la misma línea, agrega que "ambos procesos -Cosoc y Concejo- son en sí procedimientos participativos y representativos, de acuerdo a la Ley N°18695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, pero además, y en virtud de su artículo 5°, dicha normativa establece la atribución esencial a las corporaciones edilicias, a administrar los bienes municipales y nacionales de uso público".
De hecho, precisa que "la Contraloría General de la República, mediante dictamen N°6534 de 2001, ha establecido que el informe del Cosoc, y la aprobación del Concejo Municipal, son trámites esenciales para validar cualquier cambio de nombre".
Por otro lado, el municipio aseguró que los residentes no deberán realizar pago alguno ni tampoco, realizar ningún trámite, ya que será la propia corporación quien informará directamente a todas las instituciones, el posible renombre de calles.
Finalmente, el texto indica que "las propuestas fueron ingresadas por diversas organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones culturales y de derechos humanos, instituciones públicas, universidades y colegios profesionales, asociación de funcionarias y funcionarios de la Municipalidad de Santiago, asociación de profesionales y técnicos Pedro de Valdivia y sindicato N°1 de honorarios de la Municipalidad de Santiago, quienes detectaron aquellos lugares donde se cometieron graves violaciones a los DD. HH. y, levantaron el requerimiento al Comité Interdisciplinario por la Conmemoración de los 50 Años del golpe de Estado, de la Municipalidad de Santiago".
