"Se cite a declarar en calidad de imputados a Kenneth Giorgio Jackson Drago (ministro de Desarrollo Social y Familia; Miguel Ernesto Crispi Serrano (asesor de La Moneda) y Javiera Martínez Fariña (directora de Presupuestos)".
Esa es una de las diligencias que piden los diputados republicanos Cristián Araya y Juan Irarrázaval —representados por el abogado Sergio Rodríguez— en la ampliación de querella que presentaron en el caso Democracia Viva, donde se investiga el delito de fraude al fisco —por el traspaso de $426 millones desde la Seremi de Vivienda a la entidad— y que dirige la Fiscalía de Antofagasta.
La acción penal, ingresada en el juzgado de garantía de esa ciudad, está dirigida contra Jackson, Crispi y Martínez, así como "contra los funcionarios públicos que resulten autores, cómplices y encubridores del delito de fraude al fisco y por cualquier otro delito que resulte acreditado durante la investigación".
Obligación de control
Para sustentar su presentación, los congresistas recuerdan que “el uso de los recursos públicos se controla de forma externa e interna. La labor de control externo lo realiza la Contraloría General de la República; mientras que internamente —a nivel de Gobierno— dicha labor la realiza el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG)”.
Y, en ese contexto, cuestionan los controles respecto del traspaso de recursos públicos tanto a la fundación Democracia Viva, como a Procultura y Urbanismo Social, indagadas en Antofagasta.
El consejo de auditoría —advierten— "depende del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, siendo su ministro el querellado Sr. Jackson Drago entre marzo y septiembre de 2022". Y, "en junio de 2022, se dieron instrucciones —que en esencia— rebajaron los controles por parte del referido CAIGG sobre el destino y uso de los fondos públicos. Todo ello permitió la consumación de múltiples ilícitos, entre ellos, aquellos que se investigan en la presente carpeta judicial".
La validación de Procultura
Sobre qué hechos que pudieran ser constitutivos de delito involucran a los querellados, la acción penal reseña el convenio por $630 millones entre el Gobierno Regional de Antofagasta y la fundación Procultura para la recuperación de fachadas.
"Con fecha 24 de junio de 2022, el entonces subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) Miguel Crispi envió el oficio No 2377 / 2022 al gobernador regional de Antofagasta, Sr. Ricardo Díaz Cortés”, consignan los querellantes. En el documento, respondía "a la solicitud de validación del convenio" con Procultura.
El oficio de Crispi al gobernador mencionaba, agregan: "La Fundación ProCultura presenta experiencia suficiente para la ejecución de la iniciativa presentada al contar con experiencia similar en varias regiones del país junto a equipos profesionales idóneos para el desarrollo del proyecto (...) esta subsecretaría valida a la Fundación ProCultura para actuar como un organismo subejecutor del programa".
Pero, indican los diputados, "la realidad es que dicha ISFL (institución sin fines de lucro) ni siquiera tenía el giro requerido para la pintura de fachadas". Y, ese oficio, "también fue validado por la directora de la Dirección de Presupuestos (Dipres), Sra. Javiera Martínez Fariña".
La Dipres ha dicho sobre este punto que "esta tramitación es procedimental y no se pronuncia sobre el mérito del gasto ni de la institución ejecutora tal como lo establece la normativa".
Afirman los congresistas, además, que “existieron reuniones entre representantes de la Fundación ProCultura y el Sr. Carlos Contreras Gutiérrez, exseremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, quien tiene intervención en el caso de ‘fundación Democracia Viva”. Estas se efectuaron el 13 de julio de 2022 y en febrero y mayo de 2023, indica la acción penal.
Vínculo con Democracia Viva
Los diputados republicanos, asimismo, denuncian un vínculo entre Martínez y la fundación Democracia Viva, dado que "dentro de este complejo y cuantioso fraude, resultó esencial una decisión tomada por la querellada Martínez Fariña, que tuvo por finalidad entorpecer el control y fiscalización del uso de los dineros públicos, rebajando las exigencias de experiencia y antecedentes de las ISFL (instituciones sin fines de lucro)".
Y relatan en su presentación: "Desde octubre de 2020 hasta marzo de 2022 fue presidenta del directorio de la Fundación Rumbo Colectivo (...). Según la memoria de la Fundación Rumbo Colectivo del año 2021 (publicada en el año 2022) se informa que tiene como colaborador a Democracia Viva, es decir, Democracia Viva le aportó dineros a esta fundación".
"Se informa que los aportes de las organizaciones colaboradoras, dentro de la cual está Democracia Viva, ascienden a $94.244.000, por lo que la investigación del Ministerio Público debe determinar a cuánto ascienden los montos entregados por Democracia Viva y en qué época se efectuaron éstos", añaden.
Solicitan diligencias a investigadores
Según los legisladores, "el modus operandi resulta similar en todos los casos. Un funcionario público dotado de facultades para asignar recursos (entregar millonarias sumas de dinero), que arbitrariamente los transfiere mediante convenios a personas relacionadas por amistad, vínculos políticos y otros similares, fraccionándolos a fin de evitar el control de la Contraloría General de la República, y sin ni siquiera las garantías mínimas de la contratación pública".
A su juicio, además, "los sistemas de control internos —ahora se sabe— son derechamente partícipes de la conducta, entregando en definitiva millonarios recursos a entidades sin experiencia, algunas recién creadas, sin las capacidades técnicas y de personal necesarias", consigna su querella.
En ese escenario, los diputados piden múltiples diligencias a la fiscalía. Entre ellas, la toma de declaración, así como que "se disponga que el Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile concurra a las dependencias de la Dipres y del Palacio de La Moneda, y a los domicilios de los querellados, a fin de proceder a incautar los computadores y teléfonos institucionales y de uso personal".
