El diagnóstico de la Unidad Popular sobre el estado de la economía chilena en 1970 era que este no podía ser más nefasto. “Lo que ha fracasado en Chile es un sistema que no corresponde a las necesidades de nuestro tiempo. Chile es un país capitalista, dependiente del imperialismo (...) En Chile se gobierna y se legisla a favor de unos pocos, de los grandes capitalistas y sus secuaces, de las compañías que dominan nuestra economía, de los latifundistas cuyo poder permanece casi intacto”.
“El alza del costo de la vida es un infierno en los hogares del pueblo y, en especial, para la dueña de casa. En los últimos diez años, según datos oficiales, el costo de la vida ha subido casi en un mil por ciento”.
Eso denunciaba el programa de la UP, sin sospechar entonces que la política económica que a continuación aplicaría terminaría convirtiendo justamente a la inflación en, probablemente, el más grave problema que afectaría al país, y que el gobierno de Salvador Allende se mostraría incapaz de controlar.
¿Cuál era la propuesta económica de la UP? Lo explicó el cerebro de la estrategia, el ministro de Economía, Pedro Vuskovic: “(Se propone) transformar cualitativamente la naturaleza de esa economía, no para resolver los problemas y las situaciones en el interior de ese sistema, dentro de los límites de ese sistema, sino para sustituir el sistema mismo. En suma, se trata de un Programa Básico que tiene un claro contenido revolucionario, y no un mero contenido reformista. Y si es ese nuestro punto de partida, quiero decir que esto plantea a la política económica no un problema o un conjunto de problemas de carácter técnico sino un problema esencialmente político: el de la transformación revolucionaria del país”.
En síntesis, el objetivo era transitar a un sistema “socialista”.
Sensación de bonanza
Desde un comienzo, Vuskovic buscaba crear un clima de bonanza económica. Este se generaría gracias a las denominadas 40 medidas fundamentales —que contemplaban iniciativas sociales, como asegurar medio litro de leche diaria a todos los niños y suprimir el pago de todos los medicamentos y exámenes en los hospitales, entre otras— y a través de una masiva inyección económica que aumentara sustantivamente el poder de compra de la clase trabajadora. Como muestra, un botón: el reajuste del salario mínimo alcanzó un 66%.
El desafío era llevar a cabo lo anterior, sin que —como se temía y advertía— derivara en un aumento de la inflación o en desabastecimiento.
¿Cómo pensaba hacerlo Vuskovic? Lo describe el historiador Gonzalo Vial: “Combinando las siguientes medidas simultáneas: Fuerte reajuste del salario mínimo, las asignaciones familiares, y en general las remuneraciones públicas y privadas; financiamiento del reajuste mediante emisiones sin respaldo y dirigidas a solventarlo; ‘programas movilizadores’ en áreas específicas, como vivienda, obras públicas, que fuesen óptimas para una reactivación económica; severo control de precios; y aumento de la producción, que evitara una oferta insuficiente de bienes ante el mayor poder de compra, y sus consecuencias ya dichas: escasez, desabastecimiento, mercado negro con precios superiores a los oficiales”.
Se explicaba que mediante esta inyección de dinero los sectores mayoritarios tendrían acceso a bienes de consumo antes vedados para ellos, y que no se produciría el efecto propio de la fabricación de billetes, la inflación, porque la mayor producción podría venderse a esta nueva demanda que se encarnaba en los sectores antes excluidos.
Y si bien en 1971 el país creció en un 9,6%, lo que en un principio efectivamente generó en algunos sectores una sensación de bonanza, rápidamente empezaron a surgir problemas como la inflación, que ya en 1972 se estabilizó en números de tres cifras, y en un profundo desabastecimiento y la aparición del mercado negro.
A esto último no ayudó la política de un estricto control de precios, que al final de los tres años abarcaba prácticamente toda la economía hasta sus más mínimos detalles, obligando, por poner un solo ejemplo, a fuentes de soda a disponer de menús a un precio determinado. Esto no solo era parte de la “transición al socialismo”, sino también una medida de tinte populista que buscaba generar adhesión política.
Capacidad ociosa
Otro pilar de la estrategia económica era el traspaso al Estado de los medios de producción —tierra, bancos, minería y algunas empresas industriales—, los que integrarían el Área de Propiedad Social.
Lo anterior, añadido al supuesto aumento de la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora, llevaría a una reactivación de la economía, lo que se lograría expandiendo la producción. Esto sería posible, ya que, según denunciaba el oficialismo, existía una importante capacidad ociosa en las industrias y empresas.
“En una primera etapa todas las grandes empresas y probablemente, al tenor de lo sucedido, muchas medianas y pequeñas deberían pasar a manos del Estado. Aunque quedó en una nebulosa demasiado vaga la idea de lo que pasaría después en una segunda fase, los indicios apuntan a un proceso económico completamente dominado por el Estado”, señala Joaquín Fermandois en “La revolución inconclusa”.
Cita en Lo Curro
En 1972 la situación era mala. Lo reconocían en el propio oficialismo.
“Dentro de lo malo de la situación lo bueno está en que todos comprendemos que vamos mal (…) He ahí la crisis que enfrentamos porque no hay un solo rumbo, una sola orientación y nosotros sostenemos que para salir adelante, simplemente hay que cerrar filas”. Lo decía el secretario general del Partido Comunista, Luis Corvalán.
Ante la magnitud del problema el Presidente Allende citó a la Unidad Popular a lo que se conoció como el “Cónclave de Lo Curro”, con el propósito de definir una nueva política económica, ante el evidente fracaso de los lineamientos que se habían planteado en los comienzos del gobierno.
Esa cita, donde Allende no logró definiciones de fondo, significó el cambio en la conducción del equipo económico, lo que se materializó en el reemplazo de Vuskovic por el comunista Orlando Millas (quien asumió en Hacienda) y en un esfuerzo por negociar con la Democracia Cristiana un acuerdo sobre el área social.
Si bien esta reunión se transformó en un hito para el gobierno, no marcó mayor diferencia en el plano económico. Solo meses después, el entonces ministro de Economía, Fernando Flores, en un enérgico discurso expresaba: “La inflación, fruto de la lucha distributiva entre la burguesía y las masas populares, se combate fortaleciendo las posiciones de los trabajadores y sacándole ingresos a la burguesía. El mercado negro se combate no fortaleciendo al capitalismo, sino que profundizando el control de las masas y las acciones y medidas tendientes a reemplazar el sistema vigente por formas de producción y distribución que apuntan a la sociedad socialista. Creemos que es fundamental para ello ampliar la participación y el control de las masas a todos los niveles de la vida económica, corrigiendo activamente las fallas e insuficiencias del Gobierno, de las organizaciones y de los militantes de las filas del pueblo”.
Pese a las cada vez más negativas cifras económicas, la Unidad Popular no daba su brazo a torcer...
