El viernes 11 de agosto del presente quedará marcado como una de las jornadas más duras para la actual administración de Gabriel Boric. Una de sus figuras políticas más relevantes, Giorgio Jackson, renunció a su cargo en Desarrollo Social en medio de una intensa ofensiva llevada a cabo por la oposición que condicionaba su disposición al diálogo en materia legislativa con la salida del, ahora, ex ministro.
Jackson se suma a la lista de autoridades de Gobierno que han dado un paso al costado en medio del escándalo denominado "Caso Convenios", siendo el primer ministro en hacerlo. Anteriormente sólo fueron seremis y subsecretarias.
Carlos Contreras, ex militante de Revolución Democrática fue el primero (17 de junio). Quien fuera secretario ministerial de Vivienda en Antofagasta es parte de la génesis de esta trama político judicial. De hecho, el anuncio de su salida provocó el estallido público del Caso Convenio. Todo tras entregar dos millonarios fondos a la fundación Democracia Viva, representada legalmente por Daniel Andrade (ex RD), ex pareja de la diputada Catalian Pérez (RD), para la ejecución de proyectos en campamentos de la ciudad nortina.
Actualmente, Contreras se encuentra siendo investigado en calidad de imputado por la Fiscalía de Antofagasta -que abrió una causa de oficio- por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y fraude al fisco.
A raíz de la misma arista, días después, el 24 de junio, el Presidente Gabriel Boric le solicitó la renuncia a la subsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas (RD) ¿La razón? La ex autoridad de Gobierno fue advertida a través de correos por parte de la Asociación de Funcionarios del Serviu sobre los convenios que suscribió la Seremi de Vivienda antofagastina con Democracia Viva y los nexos existentes entre Carlos Contreras, Daniel Andrade y Catalina Pérez.
El 7 de julio, a pocos días que se anunciara un sumario en contra del seremi de Vivienda del Maule, Rodrigo Hernández (RD), se comunicó que también se le pidió la renuncia por la aparición de nuevos antecedentes relacionados a la investigación de presuntos traspasos irregulares a la fundación Urbanismo Social, entidad que lideró previo a integrarse al Ejecutivo.
Al igual que Contreras, Hernández se encuentra en calidad de imputado por el Ministerio Público. De hecho, su vivienda fue allanada el pasado 11 de julio previa autorización del Juzgado de Garantía de Antofagasta.
El 27 de julio, en la arista Lencerías en la Región del Biobío, el seremi de Gobierno Eduardo Vivanco (PR) renunció a su cargo.
Pese a que el Ejecutivo no detalló las razones de su salida, el origen de esta determinación se debe a su vínculo con Camila Polizzi, quien habría hecho uso irregular de dineros públicos, los que fueron obtenidos de un convenio con la Gobernación Regional (Gore) del Biobío, para cursos de capacitación en Barrio Norte.
Polizzi, a través de la fundación Para Ti, se adjudicó a finales del año 2022 una suma de $250 millones otorgados por el Gore del Biobío para un programa de "capacitación e identidad patrimonial".
Un día después, el 28 de julio, en otra arista, Andrea Gutiérrez, que se desempeñaba como subsecretaria de las Culturas puso su carta de salida sobre la mesa luego que el Gobierno abriera un sumario administrativo en su contra.
Gutiérrez es cuestionada por dos aristas. Primero por autorizar dos traspasos de $120 millones y $88 millones a la Asociación Gremial Red de Salas Independientes de Cine, ONG representada legalmente por la pareja de su jefe de gabinete, Pablo Casals. Segundo, por dos transferencias de más de 300 millones de pesos realizadas a la Corporación de Desarrollo de Santiago, entidad en que trabajó previo a su incorporación a la Subsecretaría de Patrimonio Cultural.
72 horas posteriores a la renuncia de Andrea Gutiérrez, Alejandra Jiménez, seremi de Las Culturas dio un paso al costado luego de los cuestionamientos en su contra por la transferencia de $10,2 millones a la ONG, Circo del Mundo Chile -que al igual que en los casos de Hernández y Gutiérrez- se había desempeñado antes de su arribo a la secretaría ministerial metropolitana.
No obstante, la salida más mediática ha sido la de este viernes con Giorgio Jackson. No solo por las reacciones del mundo político, sino por el despliegue que tuvo su partido, Revolución Democrática, que, contrario a las salidas anteriores, la colectividad llevó a cabo un mitin para respaldar a uno de sus fundadores.
Según RD, y el propio Gobierno, Jackson ha sido objeto de una "persecución política". La oposición -y Fidel Espinoza (PS)- lo acusan de estar involucrado en el Caso Convenios, dardos que se intensificaron tras el robo de computadores y una caja fuerte desde el Ministerio de Desarrollo Social.
La Fiscalía ha dado luces que el ex secretario de Estado deberá concurrir a declarar en calidad aún no determinada. Pese a esto, La Moneda lo sigue respaldando y manifestó que su salida fue "por un acto de generosidad", como expresó el propio Presidente Boric.
Uno de los últimos en salir en su defensa fue el ministro de Justicia, Luis Cordero, portavoz del Gobierno: "Hasta el día de hoy no existe ningún antecedente, pero ninguno que comprometa al exministro Jackson, en ninguna de las irregularidades que se trataron de deslizar", dijo este sábado.
