El rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña.
Emol
Una de las ideas más fructíferas de John Rawls (quien es uno de los filósofos más relevantes del siglo pasado) es la de consenso superpuesto y de pluralismo razonable. Y conviene revisarla ahora que los miembros del Consejo buscan ponerse de acuerdo.
El gran problema de las sociedades modernas —enseña ese autor— es la diversidad que las constituye. Los miembros de esas sociedades poseen formas de vida y convicciones acerca de la realidad final de la existencia que son diferentes y a veces tan distintas entre sí, que son inconmensurables unas con respecto de las otras. Algunas de esas diferencias son triviales, usted es vegano y su vecino, carnívoro; otras son cruciales, usted cree que la vida comienza al nacer (y aboga por la prohibición del aborto) y su vecino piensa que desde la concepción (y arguye a favor de los derechos reproductivos) o usted piensa que consumir drogas forma parte de la autonomía (y cree que debe liberalizárselas) y su vecino piensa que es una forma de esclavitud (y que el consumo debe prohibirse) o usted cree que la religión que la gente profesa es una preferencia privada (y que no debe expresarse en público) y su vecino piensa que la fe es una buena noticia para todos (y tiene una dimensión pública) o usted piensa que los impuestos son una forma de aprovecharse de lo ajeno (un robo) o una forma de distribuir el riesgo de la vida (un asunto de justicia). Y así. La pluralidad de convicciones y formas de vida es una de las fuentes de la riqueza de la sociedad contemporánea; pero también el origen de muchas de sus dificultades.
¿Cómo establecer formas de cooperación social entre personas que parecen estar divididas por puntos de vista irreconciliables?
Esa es la pregunta fundamental que una Constitución debe ayudar a responder.
No se trata de establecer las reglas que mejor satisfagan mi modo de vida o el de la mayoría, sino que se trata de satisfacerlos a todos.
Sin embargo, algo así como satisfacer a todos los modos de vida en todo no es simplemente posible, equivale a cuadrar el círculo. Es obvio, para dar un ejemplo flagrante, que usted no puede, a la hora de consagrar el derecho a la vida, satisfacer en igual medida a quien piensa que la vida humana comienza en la concepción con aquel que cree que empieza en el nacimiento. No se puede dejar satisfechos por igual al republicano y al frenteamplista, al socialista y al neoliberal, al creyente y al ateo. Y, sin embargo, este es el desafío constitucional: construir reglas en las que todos ellos, tanto quien piensa en la vida del embrión como quien no, tanto quien ve en los impuestos un robo como quien ve en ellos un acto de justicia, puedan consentir.
¿Cómo hacerlo? Las sociedades modernas conocen dos caminos para ello.
Uno de ellos consiste en disminuir al máximo la decisión constitucional, resignándose a que buena parte de los temas sea objeto de la deliberación política, de la lucha de convicciones que se despliega en la esfera de la cultura. Una Constitución en este caso se limita a ordenar cómo se genera y ejerce el poder (el sistema político), a disponer algunas reglas generales para distribuir las pedradas y las flechas del destino (el riesgo de la enfermedad y la vejez) y a diseñar un catálogo de inmunidades a favor de los ciudadanos (los derechos fundamentales).
Pero como incluso lo anterior puede ser insuficiente para que todos puedan consentir, hay todavía otro camino.
Este último consiste en admitir que las convicciones finales que animan la vida de cada uno no pueden, sin sacrificar la pluralidad, orientar las decisiones colectivas. Y que entonces no queda otro camino que poner en paréntesis esas convicciones y adoptar acuerdos globales y abstractos al amparo de los cuales todas las convicciones tengan un lugar. De esa manera surge un pluralismo razonable y diverso, cuyos partícipes se comprometen a promover sus convicciones en la esfera pública y cultural, esgrimiendo razones que sean admisibles a la luz de esos acuerdos globales y abstractos.
Pero lo fundamental es caer en la cuenta de que diseñar un texto constitucional no consiste en resolver todas nuestras controversias o satisfacer la totalidad de nuestras convicciones, sino en discernir de qué forma es posible la vida compartida sin sacrificio de aquello en lo que creemos. No se trata pues de que la Constitución sea republicana o frenteamplista, nacionalista o indigenista, conservadora o liberal, sino de que sea un sistema de reglas de competencia e interacción en el que todos ellos, el republicano y el frenteamplista, el nacionalista y el indigenista, el conservador y el liberal, usted y su vecino, sigan siendo tales, ocupando un sitio en la comunidad política y participando en ese diálogo sin fin que lleva el nombre de democracia.
