Al menos en cuatro frentes al Gobierno le han llegado críticas y cuestionamientos por su manejo en lo que ha sido la contención del sistema frontal.
El primero de ellos radica en el conflicto que se abrió con una serie de alcaldes que reclamaron falta de ayudas por parte de la autoridad central. Luego que el jefe comunal de Santa Cruz, William Arévalo, acusara que el Ejecutivo está "politizando" su despliegue, ignorando la emergencia de su comuna, afectada por una inundación que -según él- cubre al 90% del territorio, el directorio de la Asociación de Municipios de Chile (Amuch) también hizo un pronunciamiento.
La entidad encabezada por el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, respondió a los dichos del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien replicó las críticas de los ediles aduciendo que
"no es posible enviar ayuda si el comité comunal no levanta las necesidades".
"Cuando las ideologías chocan con la realidad, uno debe ser capaz de darle paso a la realidad y aquí estamos frente a un Gobierno que gobierna para algunos y no para todos", sostuvo Alessandri, cuestionando: ¿Hasta cuándo prevalecen las ideologías? Estamos viviendo la ineficiencia pura, hace agua el Gobierno y los chilenos nos inundamos, el ejecutivo calentito en La Moneda no lee la realidad de Chile, perdió la noción", acusó.
Por lo demás, la Amuch exigieron al Ejecutivo "que priorice la entrega de ayuda a los compatriotas afectados por inundaciones "dejando de lado la burocracia y temas administrativos que pueden ser solucionados una vez atendida la emergencia".
Cabe destacar que la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, abordó la polémica afirmando que "nosotros entendemos que puede haber mucha desesperación de las autoridades locales en muchos casos, porque esto sobrepasa las capacidades incluso de un municipio".
Ahora bien, en la línea de Monsalve reiteró que "para que nosotros podamos llegar con los recursos del Estado y la coordinación interinstitucional que se produce (...) requerimos que la primera institucionalidad a nivel local funcione con el levantamiento de la información".
"En esto ya tenemos que aprender como país", zanjó, apuntando que "en la media que no existe la cooperación y la coordinación institucional e interinstitucional para atender a las distintas etapas de la emergencia y luego los procesos de reconstrucción, entonces no logramos salir adelante como corresponde".
Fichas FIBE
Otro flanco que se abrió al Ejecutivo fue la diferencia que se produjo respecto a la aplicación de las fichas básicas de emergencia (FIBE) entre la ministra Camila Vallejo y la ex ministra de Desarrollo Social de la administración Piñera, Karla Rubilar.
Durante su inspección del aumento del caudal del canal Santa Marta, en Maipú, la titular de Segegob, indicó que las FIBES "se levantan en los domicilios, no en los albergues, porque nos ha pasado en otras oportunidades que cuando se levantan en los albergues, hay que volver a rectificar en los domicilios".
"En las medidas que estén las condiciones para llegar a los domicilios, se van a seguir levantando todas las fichas FIBE, para que, cuanto antes, las familias afectadas, anegadas, puedan tener el bono de emergencia", complementó.
A su vez, Rubilar replicó a través de X (ex Twitter). "No es así ministra Camila Vallejo. La FIBE puede aplicarse en albergues y domicilio de familiares y luego validarse. Así lo dice la ley vigente", afirmó, adjuntando un extracto de la Resolución 510 Exenta, promulgada el 30 de junio de 2022, que "Aprueba manual de procedimiento para la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia y de la Ficha Básica de Emergencia Hídrica", que dejó sin efecto la resolución 1.040 de 2016.
En su artículo primero, se señala que el cuestionario (FIBE) "puede aplicarse en el domicilio del grupo familiar, albergue, o domicilio de un familiar o en el lugar designado para tales efectos por la autoridad responsable de la ejecución de la ficha, previa coordinación de los encargados de emergencia, conforme a lo establecido en la guía de aplicación vigente. No procede la aplicación del instrumento en establecimientos comerciales".
Según consigna El Mercurio, desde el ministerio de Desarrollo Social contestaron a la diferencia apuntando que "la ficha se aplica en los domicilios, ya que cuando se inicia en albergues o donde estén las familias, el daño debe evaluarse posteriormente en cada vivienda".
"Dada la experiencia del anterior sistema frontal el Gobierno ha evaluado que lo más eficiente es aplicarla en los domicilios, para no realizarla dos veces". Mientras que desde la subsecretaría de Servicios Sociales agregaron que "puede que algunos ministerios sí la estén aplicando en albergues".
Crisis agricultura
Una de las voces más críticas con el Ejecutivo en lo que ha sido su despliegue por el sistema frontal, ha sido el empresario y ex presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) Juan Sutil, quien denunció faltas de medidas de prevención para mitigar las consecuencias que han acarreado las lluvias, en un contexto en que los principales gremios de la industria agrícola, han acusado que distintos productores del rubro se han visto muy golpeados por inundaciones en sus cultivos.
En esa línea, Sutil indicó a El Mercurio que se pudo "tener predispuestas en los lugares más complejos, donde ya vivimos en el mes de junio, las maquinarias disponibles para poder conducir mejor el cauce de las aguas y los desbordes de los ríos".
"Puedes planificar las necesidades que van a tener las personas a tiempo para poderlas distribuir de forma inmediata. Eso es capacidad de anticipación", sostuvo, acotando que "muchas veces uno ve que el sector público y en este caso, el Gobierno no actuó como debía, no se anticipó".
Cabe destacar que en EmolTV, el titular de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, aquilató las pérdidas que el sistema frontal está provocado en el rubro advirtiendo que "a mi no me había tocado ver un daño tan importante en los últimos 40 años".
En esa sentido, reconoció que "todas las medidas de emergencia que hemos tomado, han sido pocas para la magnitud del problema".
Fuerzas Armadas
Otra complicación surgió con el oficio que la bancada de diputados de Renovación Nacional envió a la Ministra de Defensa, Maya Fernández, manifestando preocupación por la ausencia de militares en los lugares declarados como zonas de catástrofe el lunes recién pasado.
En esa ocasión, el Presidente Boric decretó Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe a las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío por un plazo de 7 días. Ahora bien, en RN advirtieron que a pesar de la prontitud con que se dictó el decreto, hay lentitud en el despliegue militar.
"En efecto, vecinos afectados por las inundaciones han advertido la falta de presencia del Estado, particularmente de efectivos de las Fuerzas Armadas, pese a encontrarse vigente el estado catástrofe y a la designación de los jefes de la Defensa en los términos requeridos por la Constitución de la ley", argumentaron en el escrito los diputados, Paula Labra, Diego Schalper y Carla Morales.
A juicio de los legisladores, la ausencia "evidente" de los efectivos militares comienza a ser un tema recurrente, por lo que le demandaron a la ministra una "explicación a la brevedad y por cierto el despliegue inmediato de los mismos en las zonas afectadas para que puedan aportar en la mitigación de las consecuencias propias de las lluvias torrenciales que han afectado a la zona centro sur del país".
La ministra Fernández defendió hoy que "las solicitudes a las Fuerzas Armadas se canalizan a través del Estado Mayor Conjunto, no desde el Ministerio de Defensa. Esta es una buena oportunidad para aclararlo".
En radio Pauta sostuvo que "es muy importante tener claro cuál es el objetivo. Queremos mayor contingente, pero ¿para qué tareas específicas? Esa es la información se está levantando en las distintas comunas... Cuando veía las declaraciones de algunos alcaldes, yo pregunté preocupada, ¿Cuántas solicitudes nos han llegado? ¿Hemos cumplido las solicitudes?, y no teníamos ninguna".
