"Se ha generado una falsa polémica con el Contralor", dijo la subsecretaria General de la Presidencia Macarena Lobos este jueves en la Cámara de Diputados, específicamente en la comisión que está investigando el traspaso de recursos del Estado a las fundaciones.
Con esa premisa por delante, Lobos intentó despejar la controversia que surgió el lunes cuando aseguró que el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) "no es un órgano de control" y minutos después, el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, contradijo a la subsecretaria y explicó que "en todo Estado de derecho, que es el que tenemos en nuestro país, hay tres líneas de control" siendo el segundo de ellos el que "tiene que estar dado por las auditorías que son las auditorías de Gobierno".
"Esa segunda línea de control debería estar operativa y ese es el CAIGG", acotó.
"Acá tenemos un ecosistema de control, y lo explicó muy bien el Contralor, acá hay distintos anillos o distintas áreas de control. El primer control, desde luego, le corresponde a la autoridad principal de cada institución y al cuerpo de funcionarios que forman parte de esa institución, y tiene que identificar las matrices de riegos y definir las metas institucionales para dar cumplimiento a las mismas", describió Lobos.
"Luego viene el anillo del control interno, donde como acá se establecía está la red de auditores de 970 auditores que son arte de todos los ministerios y servicios (...) dentro de ese rol de control interno está el CAIGG que es un órgano asesor que no tiene facultades decisorias, por tanto no puede ejecutar directamente, le corresponde hacer los lineamientos para que se pueda cumplir con esa labor tan importante de auditoría que tienen que cumplir los auditores externos", agregó Lobos.
Respecto al tema de la reportabilidad financiera contable, indicó que "es una decisión técnica, la auditoría interna no es parte del control financiero, ese control le corresponde a la Contraloría General de la República, por dos vías: por la vía ex ante, por la toma de razón, y ex post por las propias auditorías (...) también tenemos la evaluación de mérito, que es la evaluación de los programas que le corresponde al a Dirección de Presupuesto y todo el tema de gestión, que también hace una evaluación para ver si se está cumpliendo con esa normativa.
La subsecretaria continuó señalando que "acá hay un ecosistema de control, y tenemos que fortalecer el área de control interno, hay una debilidad respeto al control interno tenemos una red de profesionales muy importante, tenemos que fortalecer esto, darle carácter normativo y fortalecer su autonomía para que puedan cumplir adecuadamente su función y poder contar con esta herramienta tan importante para que las instituciones pueda cumplir sus roles y garantizar el buen uso de los recursos públicos y las normas de probidad".
"¿Quién falló?" y "¿Quién fue el responsable?" en el traspaso irregular de los recursos del Estado a fundaciones. Esas preguntas que se repitieron una y otra vez a la subsecretaria Lobos por parte de los parlamentarios.
"Están las responsabilidades penales, que está investigando el Ministerio Público; las responsabilidades administrativas, que se puede perseguir mediante sumarios administrativos en los ministerios respectivos (...) Luego, desde el punto de vista de política pública, y ha quedado de manifiesto, que hay brechas y deficiencias normativas que hay que ir mejorando. En esa línea, el Presidente de la República ha convocado a una comisión asesora ministerial - que esperamos que el día de mañana que pueda concluir su trabajo - respecto a establecer mejoras para regular las transferencias de recursos a las organizaciones privadas sin fines de lucro", argumentó la subsecretaría.
Como respaldo, la auditora de Gobierno, Daniela Caldana, en la misma comisión le presentó a los parlamentarios un dictamen de la Contraloría en que dice que "el Consejo es un órgano asesor". "En lo que concierne al Consejo de Auditoría, por tratarse de un órgano asesor, carece de las atribuciones de un servicio público y por ende, no posee facultades decisorias (...) tiene un carácter meramente asesor y no puede impartir directrices", leyó la auditora.
Se abre un flanco en la comisión
El mandato específico de la comisión investigadora es reunir información sobre las transferencias realizadas en el marco del Programa de Asentimientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. No obstante, el "Caso Convenios" - que salió a la luz por el paso de recursos de la seremi de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva - tiene varias aristas, salpicando a los Gobiernos Regionales, al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y el Ministerio de Desarrollo Social.
A juicio del presidente de la comisión, José Miguel Castro (RN), "es importantísimo" poder ahondar en la arista de los Gobiernos Regionales, "hay una arista tremenda y es imporante dar señales a tiempo en ello", indicó. Opinión que fue compartida por el diputado Marcos Ilabaca (PS), quien apuntó a ver el asunto "de manera integral" y "determinar qué es lo que ocurrió en ambas líneas (Minvu y Gores) para que el informe final de cuenta de ello".
Sin embargo, el secretario de la comisión señaló que el mandato está enfocado en el Programa de Asentamientos Precarios del Minvu y advirtió "las comisiones investigadoras no tienen facultad fiscalizadora respecto de los Gobiernos Regionales como tampoco de las municipalidades" y se comprometió a llevar la solicitud a la Secretaría General de la Corporación para dar una solución al requerimiento de los parlamentarios.
Por su parte, la diputada Mercedes Bulnes (CS), indicó que "me interesa conocer todas las transferencias discrecionales, pero tenemos un mandato y tenemos que ajustarnos a eso, no podemos transgredir los límites del mandato (...) no veo la fisura por la cuál podríamos ingresar, sería muy importante pedir una comisión investigadora diversa para investigar las transferencias de los Gobiernos Regionales".
Sin embargo, Castro (RN) insistió en que "las interpretaciones son facultad del presidente de la Cámara y se puede someter a votación, de lo contrario tendremos que solicitar a la Cámara que se amplíe el mandato".
