Este lunes sesionó la comisión de la Cámara de Diputados que está investigando el Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el marco del Caso Convenios. En esta instancia, el jefe de la cartera, Carlos Montes, le solicitó a los diputados algunos minutos "en secreto".
"Tengo información que no puedo entregar públicamente", indicó el secretario de Estado.
A la salida de la comisión, Montes explicó por qué le pidió a los parlamentarios reunirse unos minutos sin asesores ni cámaras.
"Nosotros tenemos un grupo interno de investigación, acá nosotros no somos ni el Ministerio Público ni la policía, por lo tanto la información que nosotros logramos recabar es una información parcial y no tenemos los mecanismos para chequearla y ver los grados de exactitud", señaló.
Durante los minutos en secreto el ministro entregó detalles sobre "algunas fundaciones y comportamientos individuales de personas" que podrían estar involucradas en traspasos de recursos irregulares.
"Todo se lo hemos ido enviado al Ministerio Público, a la Contraloría y al Consejo de Defensa del Estado", agregó.
"Quisimos hacerlo así porque queremos ser serios, no queremos aparecer vinculando a personas con hechos sin que ellos tengan la posibilidad de decir cuáles son sus argumentos. Hay que ser serios, acá no importa la noticia, acá importa llegar al origen del problema, a las soluciones y que se sancione a los responsables", acotó el ministro de Vivienda.
Durante su exposición, Montes detalló que la investigación interna del Minvu identificó siete fundaciones con posibles irregularidades: Democracia Viva, en la Región de Antofagasta, con posible conflicto de interés y contratación de personal para funciones propias de la Seremi y Serviu; Arquiduc, en la Región de O’Higgins, con un posible desvío de recursos entre fundaciones y proveedores; En Red, en las regiones de Tarapacá, Valparaíso y Ñuble, donde se detectó un posible conflicto de interés y desvío de recursos entre fundaciones y proveedores.
Además, en la Fundación Urbanismo Social en la Región del Maule se identificó un posible conflicto de interés y transgresión del deber de abstención; en Enlace urbano, en la Región de Tarapacá, altos costos; en Acción Digital, en la Región de los Lagos, se detectó la falta de reintegración de recursos no utilizados; y finalmente, enRed Integral y comunitaria en la Región de O’Higgins, se identificó un posible conflicto de interés.
