Como una
"señal absolutamente negativa" calificó la oposición el anuncio del Gobierno de
vetar la ley de "usurpaciones", recientemente aprobada y despachada por el Senado.
Según indicó la ministra del Interior, Carolina Tohá, la acción del Ejecutivo se enfocará en la legítima defensa privilegiada, algo que de acuerdo a la secretaria de Estado supondría un "retroceso civilizatorio".
Al respecto, el senador por La Araucanía y uno de los impulsores de la iniciativa, Felipe Kast, señaló que "la legislación es muy clara en esto y manifiesta que solamente cuando alguien hace agresión de una persona o hace defensa de una persona que está siendo agredida, es cuando se aplica el principio de eximición de responsabilidad".
"La ministra Tohá nunca le transparentó al país que en este proyecto de ley la legitima defensa no se aplica con las usurpaciones no violentas, e incluso desinformaron diciendo que alguien que estaba acampando en un lugar, finalmente alguien podría llegar y dispararle a esas personas. Eso es falso. Solamente se permite la legitima defensa que no es otra cosa que eximir de responsabilidad penal en un juicio a alguien que se defiende, en el caso de las usurpaciones violentas. Creo que es importante que toda esta campaña de desinformación que ha hecho el Gobierno ojalá la pueda ver la comisión que le gusta la ministra Vallejo contra la desinformación", complementó Kast.
Una mirada similar planteó el presidente de Renovación Nacional (RN), el senador Francisco Chahuán, quien afirmó que "este proyecto viene a responder a la explosión que ha habido de usurpaciones, no solamente en la Macrozona Sur, también en la región de Valparaíso (...) Es por eso que este proyecto de ley después de muchos años se consiguió finalmente que estuviese en la agenda de seguridad y luego logar sacarlo adelante".
"Quiero agradecer a los diputados, a los senadores que consistentemente lograron en el trabajo en comisión, en Sala, lograron sacar adelante un proyecto que es de sentido común y que logra armonizar nuestra legislación con la de otros países en la que en definitiva se protege el derecho de propiedad", profundizó.
En la misma línea, el jefe de bancada de diputados de RN, Jorge Rathgeb, dijo no entender "lo que ha señalado el Gobierno, que no quiere promulgar una ley aprobada en ambas cámaras del Congreso Nacional. Aquí tiene la posibilidad de presentar un veto, incluso yendo en contra de lo que han votado sus propios parlamentarios de Gobierno".
"El Gobierno debe entender que aquí hay una manifestación de la soberanía popular en el sentido de que la mayoría del Congreso Nacional ha aprobado una ley y ellos tienen que solamente promulgarla para convertirla en ley de la República y que rija desde lo antes posible", agregó.
El presidente de la UDI, senador Javier Macaya, también resaltó la aprobación del proyecto "para el término de la impunidad en materia de usurpaciones", y emplazó al Gobierno "para que no haga uso de su facultad de vetar esta ley".
"Si bien es cierto está dentro de sus facultades constitucionales ejercer el veto, nos parece que más que una cuestión en contra de la actual oposición que hoy día estamos tratando de sacar adelante una iniciativa que se ponga del lado de las víctimas, lamentablemente la señal que le va a estar dando el Ejecutivo a las víctimas de las usurpaciones, es absolutamente negativa, es ponerse del lado de la impunidad", enfatizó el líder del gremialismo.
Mientras que el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), subrayó que "uno de los problemas severos que existen en Chile es la absoluta falta de estado de derecho respecto a las usurpaciones, y este es un proyecto que lleva muchos años en discusión, por eso fue parte de la agenda de seguridad. Obviamente el Gobierno podría intentar un veto, veremos el mérito, pero lo que sí es clave es que haya ley que enfrente las violaciones al derecho de propiedad que en muchas partes de Chile existe, particularmente en el sur del país, por el tema de usurpaciones. Esa es una forma de recuperar el estado de derecho".
