La ministra el Interior, Carolina Tohá, abordó el proyecto que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles -conocido como usurpaciones- que este miércoles fue despachado a ley por el Senado. En sala, la jefa de gabinete anunció el ingreso de un veto presidencial a los aspectos que apuntan a la legítima defensa privilegiada.
En conversación con radio ADN, la ministra señaló que el Gobierno está evaluando el tipo de veto que presentará para la norma. "Hay que encontrar una técnica legislativa apropiada que tenemos que estudiar bien, porque por una parte, queremos vetar ciertos aspectos de la ley que son muy conflictivos y que nosotros consideramos que éticamente nuestro deber es vetar, pero al mismo tiempo, no queremos que se sacrifiquen otros aspectos que son positivos y que son los que estaban en el espíritu inicial".
Originalmente, Tohá relevó que el proyecto buscaba "elevar las penas, transformar este delito en un delito permanente que habilita la acción de las policías en cualquier momento. En esas dos cosas tenemos acuerdo, ahí no hay ninguna disputa. En lo que hay disputa es en este habilitar esta legitima defensa privilegiada permanente, que no se agregó en la Cámara de Diputados, se agregó en el Senado (…) en la Cámara de diputados se intentó revertir, no fue posible y ayer cuando se votó en el Senado, no había posibilidad de revertirlo porque estaba aprobado por ambas Cámaras".
El segundo aspecto que el Ejecutivo busca vetar, agregó la ministra, es que la igualación de las penas para la usurpación que se perpetra "con violencia o intimidación", respecto a la que se hace "con violencia a la cosas". "Va a valer lo mismo si alguien usurpa un bien, si te saltas la reja o amenazas con una pistola la cabeza al propietario y eso no puede ser", criticó.
En esa línea, la titular de Interior consideró que sería una posibilidad de combinar un veto supresivo con uno sustitutivo. Ahora bien, acotó que "no queremos hacer ningún anuncio, porque no queremos causar confusión respecto al camino a ocupar".
"Lo que si tenemos claro es que habrá veto, tenemos 30 días y que en ese veto, los elementos fundamentales en los que hay acuerdo no los queremos tocar, tampoco queremos tocar un tercer aspecto en que se logró completo acuerdo y es excluir a los campamentos de esta modalidad", acotó.
Con todo, la jefa de gabinete advirtió que "aquí se trata de transmitir que el Ejecutivo, el oficialismo, quería impedir que esta ley avanzara. El Ejecutivo estaba de acuerdo con esta ley, pero no con esta aberración que se le puso en el camino".
Consultada por las diferencias que dejó el proyecto entre Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad en la Cámara, Tohá acusó que "se extremó el proyecto de esta manera, en gran parte para generar conflicto dentro de la alianza de Gobierno".
"Con el corazón del proyecto había acuerdo, pero cuando llegamos a votar en el Senado y en la Cámara, el proyecto que nosotros le proponíamos y con el cual hubo acuerdo en el oficialismo, ya no era el que estaban votando. De hecho, si este proyecto llegara a ley, va a ser conocido en el futuro, yo les aseguro, como el proyecto que genera legitima defensa privilegiada respecto a las usurpaciones", destacó.
Y añadió que "eso generó que la disposición del Ejecutivo, que era aprobar en general el proyecto, y en particular oponernos a este aspecto, se desordenó, porque algunos votaron en general en contra, porque esto ya era demasiado, no era lo que el Ejecutivo había propuesto y se armó todo este desorden y estas lecturas cruzadas, que yo lamento. Creo que tenemos que hablarlo internamente dentro del oficialismo".
