Informes, sumarios, comisiones, indagatorias judiciales. Son múltiples las dimensiones que abarca el
desde que estalló a mediados de junio, y que a 77 de conocerse continúa trayendo coletazos para el Ejecutivo, incluyendo la obligada renuncia del ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson (RD) y un posterior cambio de gabinete.
En medio del proceso de búsqueda de esas responsabilidades, algunos personeros ligados a RD -la tienda más cuestionada por la crisis de credibilidad-, decidieron dar un paso al costado, asumiendo costos políticos. No obstante, las aristas legales y administrativas son clave para establecer un relato apegado a los hechos y las posibles sanciones.
El paso más reciente en esa línea se conoció ayer, luego que la Contraloría General de la República (CGR) culminara, a dos meses de iniciar sus labores investigativas, el informe final sobre los contratos entre la fundación Democracia Viva y la seremi de Vivienda de la Región de Antofagasta, hecho "matriz" del Caso Convenios.
También se conoció hace pocos días el resultado de la llamada "comisión Jaraquemada", instancia que tuvo un plazo de 45 días para entregar propuestas a la necesidad de regular de mejor forma el vínculo entre instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado, precisamente para evitar los casos de corrupción.
En paralelo, en el Congreso, avanza la comisión que está investigando el Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el marco del Caso Convenios. En la jornada del lunes, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, solicitó que parte de la instancia fuera "secreta", puesto que dijo tener información que no se podía entregar públicamente.
A esto, se suma que las distintas fiscalías regionales trabajan en indagatorias por las aristas del Caso Convenios, las que podrían tomar varios meses, a raíz de las múltiples diligencias, declaraciones y documentos que se deben obtener. Esto, porque a la fecha, son más de 20 las líneas de investigación abiertas para al menos 47 fundaciones. Revisa a continuación, el detalle de los avances de los procesos abiertos por el Caso Convenios.
Informe de Contraloría
En el informe evacuado ayer por la Contraloría, se detalla, entre otras cosas, que la asignación de los recursos para la ejecución de los proyectos relacionados con los convenios suscritos entre el Seremi Minvu y el Serviu, ambos de la Región de Antofagasta, con las respectivas entidades privadas sin fines de lucro, "fue de manera directa, sin que los actos administrativos pertinentes que los autorizaron se encuentren fundados y acrediten documentadamente los motivos que lo justificaron".
También se constata que para el caso de las iniciativas asignadas a la Fundación Democracia Viva a través de tres convenios por un total de
$426.000.000, "ni en las resoluciones emitidas por el Seremi Minvu y el Serviu, ambos de Antofagasta, como tampoco en los respectivos convenios se mencionan los fundamentos que justifiquen la designación de los proyectos a dicha entidad".
Agrega que "no se aportaron otros antecedentes que acrediten la motivación de tal elección, considerando, además la falta de concordancia entre el objeto de la fundación y las actividades que esta debía ejecutar y de su experiencia en ellas, relacionadas con el Programa de Asentamientos Precarios".
El informe también hace referencia a que, el ex seremi de Vivienda, Carlos Conteras, a raíz del vínculo que mantenía con Daniel Andrade (representante de Democracia Viva), "eventualmente habría vulnerado el principio de probidad, toda vez que carecería de la imparcialidad necesaria en su actuación; por lo que le asistía el deber de abstenerse de participar en el proceso asociado a esa entidad privada, sin que haya dado cumplimiento a dicha obligación", subrayó Contraloría.
Esta tarde, el ministro Carlos Montes dijo respecto al informe que "nos parece muy clarificador y en la línea de lo que veníamos diagnosticando previamente". Asimismo, indicó que "creemos que en pocos días más vamos a poder entregar el informe que nos ha solicitado la Contraloría, que nos dio 30 días, para poder decir en qué manera el conjunto el sugerencia o propuestas, las tenemos que implementar".
Asimismo, abordó otros de los puntos del informe de la Contraloría, donde se señala que "en dependencias del Seremi de Vivienda de Antofagasta se desempeñaban, al menos, 12 personas que fueron contratadas por los organismos receptores de fondos para la ejecución del Programa de Asentamientos Precarios, las que desarrollaban actividades propias de esa secretaría" y que tenían acceso a los sistemas, el ministro comentó que "esto se lo entregamos al Ministerio Público un mes y medio antes".
"Le entregamos copia de solicitudes de la jefa de campamentos de Antofagasta a la fundación para que contratara a personas con nombre y apellido. Esto existe en otras partes del Estado, lo que pasa es que esto no estaba contenido en el convenio, por lo tanto, no tenía una base de acuerdo previo, pero en general esto se usa en el Estado, y acá no se puso donde correspondía y por eso constituye una ilegalidad mayor", cerró.
Informe de incumplimientos de Democracia Viva
El jueves, se conoció que la Seremi de Vivienda de la Región de Antofagasta envió un informe a la Corte de Apelaciones, en el que reporta el término de los tres convenios con la fundación Democracia Viva y donde acusan de "incumplimientos" en el correcto uso de los recursos asignados.
Los dos primeros convenios datan del 20 de septiembre de 2022, dirigidos a la ejecución de proyectos de habitabilidad primaria en los campamentos Ecuachilepe e Irarrázaval de Antofagasta, por los cuales se transfirieron $370 millones, y el tercer convenio, fue suscrito el 25 de octubre de 2022, para la ejecución de diagnósticos socio territoriales y planes de intervención en campamentos, por el cual se transfirieron $56 millones.
El informe de 30 páginas detalla que los dos primeros convenios alcanzaron un 29% de avance y que el tercero, un 16%.
Respecto a la liquidación realizada por la Seremi de Vivienda de Antofagasta, informaron que en el primer convenio, el total rendido aprobado es de $28.518.161 y el saldo sin rendir de $171.481.839. En el caso del segundo convenio, el total rendido aprobado es de $2.287.625 y el saldo sin rendir era de $167.712.375. Mientras que en el tercero, el total rendido aprobado es de $3.425.698 y el saldo sin rendir de $52.574.302.
Esto, da una suma de $391 millones sin rendir, los cuales, debiera retornar la fundación. Sin embargo, desde Democracia Viva, han asegurado que solo les corresponden devolver el 75% del total de los montos transferidos entre los tres convenios ($426 millones), es decir, $295 millones, lo que ya habrían concretado.
"Comisión Jaraquemada" entrega informe
El lunes, la Comisión Asesora Ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL) y el Estado, también conocida como "comisión Jaraquemada", entregó al Presidente Gabriel Boric el informe con 46 medidas que ayuden a combatir los casos de corrupción.
La instancia fue creada precisamente por la polémica que generó el Caso Convenios, y tuvo 45 días para sesionar, tareas que finalizaron el 26 de agosto pasado. En total, fueron 30 sesiones -entre ordinarias y extraordinarias- que dieron forma al trabajo de los expertos, quienes escucharon a 42 representantes de organizaciones sociales, la academia, organismos del Estado e internacionales, y se recibieron un total de 58 propuestas ciudadanas, vía correo electrónico y por un formulario especialmente habilitado para estos efectos.
Entre las medidas que propuso la instancia, está la creación de una
ley general de transferencias, "que regule de manera general y supletorio las transferencias estatales a instituciones privadas con y sin fines de lucro"; crear un
Registro Nacional de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas en Chile, de carácter electrónico; y aumentar estándares de control a corporaciones municipales y regionales en el sistema de gestión y control oficial de cada municipio.
En materia de sanciones, se propone establecer un catálogo, que sean proporcionales a la gravedad -tales como multa, amonestación, menor recepción de fondos públicos o suspensión- adicionales a la cancelación de la personalidad jurídica de la IPSFL en cuestión. También se propone incorporar norma de incompatibilidades "para relaciones de pareja no formalizadas e hijos en común", en materia de contratación y transferencias.
Comisión investigadora en curso
El pasado 8 de agosto se constituyó la comisión investigadora por el Caso Convenios en la Cámara de Diputados, instancia destinada a fiscalizar los actos de Gobierno relacionados con la transferencia de recursos públicos realizadas en el programa "Asentamientos precarios" del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Luego de tamizar toda la información, "la idea es poder entregársela al Ministerio Público, de poder entregársela al Gobierno y por supuesto, poder trabajar en dos áreas con respecto al Congreso: Una, la realización de leyes para que esto no vuelva a pasar, número uno y segundo, y en más corto plazo, la ley de presupuesto", comentó a inicios de agosto el presidente de la instancia, diputado José Miguel Castro (RN).
En la instancia han expuesto el Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes y la titular de la cartera de Culturas, Carolina Arredondo. Asimismo, se ha citado al exministro Giorgio Jackson, Felipe Ward y Cristián Monckeberg.
Esta semana, el ministro Montes le solicitó a los miembros de la comisión destinar algunos minutos para mantener una reunión "en secreto": "Estamos ante una situación muy grave, porque se trata de plata de los campamentos, quisiera que tuviéramos la mayor disposición para ir a las causas y buscar las soluciones (…) por las características de la exposición, quiero solicitar que al final de mi exposición puedan haber algunos minutos de sesión secreta porque tengo información que no puedo entregar públicamente", pidió el secretario de Estado.
En tanto, para el próximo lunes, están convocados los gobernadores regionales, como Patricio Vallespín (gobernador de Los Lagos), Rodrigo Díaz (gobernador del Bío Bío) y Ricardo Díaz, gobernador de la región de Antofagasta.
La instancia, que cuenta con mayoría opositora, está conformada por los diputados José Miguel Castro (RN), Juan Carlos Beltrán (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Renzo Trisotti (UDI), Chiara Barchiesi (Republicana), Johanna Ahumada (IND - Comité Social Cristiano), Eric Aedo (DC) y Rubén Oyarzo (PDG). En representación del oficialismo: Raúl Soto (PPD), Daniel Manoucheri (PS), Ericka Ñanco (RD), Mercedes Bulnes (IND-FA) y Carolina Tello (PC).
