La querella va en contra de Carlos Contreras (izquierda) y Daniel Andrade.
Emol
Una querella criminal por fraude al fisco interpuso este viernes el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en el marco del denominado caso Democracia Viva.
El organismo precisó que la acción judicial va en contra del representante legal de la fundación -y ex pareja de la diputada Catalina Pérez-, Daniel Andrade, y del ex seremi de Vivienda de la Región de Antofagasta, Carlos Contreras.
Esto, luego de que ayer la Contraloría General de la República publicara su informe sobre el caso, donde ratificó la existencia de hechos de corrupción y en el que apuntó directamente a Contreras por faltas a la probidad.
A través de un comunicado, el CDE detalló que la querella fue "presentada ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta", y se funda en "antecedentes que se han podido recabar y que dan cuenta de una serie de ilícitos cometidos por el ex seremi quien, sin considerar el marco regulatorio existente para la asignación de recursos para el Programa de Campamentos (actual PAP), o la revisión técnica de los antecedentes por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), encargados en la región, inició directamente un proceso de selección de las entidades receptoras y la distribución de los recursos".
"En dicho marco, el querellado Contreras procedió de tal forma sin involucrar a las demás autoridades que tenían injerencia técnica en el proceso de asignación, interviniendo de manera contraria a lo previsto en el marco jurídico respectivo, faltando gravemente a la probidad y perjudicando con ello el interés público fiscal", complementó el organismo.
En ese contexto, de acuerdo con lo señalado en la querella interpuesta por el CDE, se suscribieron tres convenios de transferencias de fondos con la Fundación Democracia Viva, representada por Daniel Andrade Schwarze, con quien el ex seremi sostenía un vínculo de público conocimiento, causando con ello un perjuicio fiscal de a lo menos $391.768.516.
Al respecto, el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, señaló que "estamos frente a un caso en que la administración de los recursos se realizó fuera de cualquier criterio objetivo. La prueba documental y testimonial recogida en la investigación permite presumir que ello no se debió a una mera falta de expertiz o de gestión, sino a la comisión de un fraude al Fisco".
"La querella se funda en antecedentes y hechos de la investigación penal que, en esta etapa procesal, permiten cumplir con el estándar de suficiencia requerido para su interposición y que apuntan a una administración desleal de recursos públicos que, de acuerdo con la Ley de Presupuestos, debían ser utilizados en fines distintos a los que fueron destinados, contraviniendo expresamente el marco regulatorio de los convenios suscritos y provocando, en consecuencia, un perjuicio al patrimonio fiscal", subrayó Letelier.
