Mientras al interior del ex-Congreso los partidos del pacto Unidad para Chile (Convergencia Social, Revolución Democrática, Socialista y Comunista) se mantienen trabajando en la redacción de una nueva propuesta de Constitución, fuera del proceso sectores de izquierda ya piensan en rechazar la propuesta que salga del Consejo Constitucional.
Desde su inicio, el actual proceso tuvo a personalidades de izquierda en contra. El Acuerdo por Chile de diciembre pasado fue acusado de ser hecho a puertas cerradas, a favor de una clase política que tutelaría el debate, decían, con un anteproyecto redactado por expertos. Luego, antes de la elección de consejeros constitucionales de mayo, más de 70 personas —entre ellos el historiador Gabriel Salazar y el filósofo Rodrigo Karmy— y 23 organizaciones llamaron a votar nulo en una carta titulada "Abajo el espurio y antidemocrático Acuerdo Constitucional".
Y hace dos semanas, distintos dirigentes liderados por el exconvencional PC Hugo Gutiérrez se dieron cita en el encuentro "Chile vota en contra", en el cual reflexionaron bajo el lema "un camino para la campaña". Asistieron, por ejemplo, Luis Mesina (No+ AFP) y la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista).
Demanda abierta
Los expresidentes Sebastián Piñera y Michelle Bachelet han coincidido en que esta es la "última oportunidad" de redactar una nueva Constitución. Y diferentes analistas han planteado que el país requiere una nueva Carta para enfrentar no solo las demandas sociales, sino también los problemas del sistema político que dificultan gobernar. Sin embargo, desde sectores de la izquierda han desdramatizado qué ocurriría si es que el actual proceso no termina con una Constitución aprobada en las urnas en diciembre próximo.
El secretario general del PC, Lautaro Carmona, dijo a "El Mercurio": "Que sepa la derecha que aquí no termina el proceso constituyente, porque el mandato es una nueva Constitución, y ‘nueva’ quiere decir ‘no la misma ni peor’". Añadió que le “encantaría que cerráramos este capítulo (constitucional), pero siempre y cuando se logre que sea un instrumento para fortalecer, profundizar la democracia en el país, y no al revés".
La opinión de Carmona es compartida en el partido. Desde la bancada de diputados PC, Boris Barrera argumenta que "venimos luchando por un cambio de Constitución desde que se impuso la del 80", haciendo alusión a que seguirán abogando por aquello.
Fuera del Congreso, para el historiador Sergio Grez (también firmante de la carta que en mayo llamó a votar nulo), "si se rechaza esta nueva propuesta de Constitución, si triunfa el voto en contra en diciembre, la cuestión constitucional permanece abierta. Esto significa que la tentativa de la casta política por cerrar el desafío del 18 de octubre, cerrarlo de manera antidemocrática, mediante un proceso constituyente absolutamente controlado por el Parlamento en el cual la ciudadanía no tiene sino un rol meramente decorativo, fracasó y tanto la cuestión constitucional como la cuestión constituyente quedan abiertas para un futuro".
Asamblea constituyente
Por su parte, el 28 de agosto, el movimiento de pobladores Ukamau señaló en un comunicado que tanto el rechazo en septiembre de 2022 como la elección de mayo pasado han puesto a las fuerzas progresistas “en medio de una derrota táctica que podría transformarse en estratégica si no corregimos el rumbo”.
Así, instan a que se requiere un repliegue de las fuerzas: “El repliegue no es un retroceso, sino una acción consciente y planificada. La elección cuidadosa de las luchas, la consolidación de fuerzas y la preparación para los desafíos futuros son elementos clave en este ajuste táctico. La fase de repliegue también debe incluir una dedicación de tiempo a la formación política, desarrollando vínculos más fuertes con las comunidades locales, y construyendo alianzas con otros grupos y organizaciones”, indicaron.
A juicio del escritor y activista Dauno Tótoro, “hay que retomar la pelea por una verdadera Asamblea Constituyente que sea libre y soberana”.
El propio Presidente Gabriel Boric ha afirmado que “en la eventualidad de que fuera rechazado, yo por lo menos creo que durante nuestro Gobierno no habría condiciones para llevar adelante un nuevo proceso” y analistas de distintos sectores han opinado que la ciudadanía está cansada como para impulsar un nuevo proceso, pero Tótoro afirma que “de lo que está cansada (la gente) es de procesos constitucionales por arriba, pactados por arriba, que no tienen nada que ver con la realidad y las necesidades de las grandes mayorías del país”.
Reformas
También la diputada independiente Camila Musante, quien en mayo anunció que votaría nulo en la elección de consejeros, opina que si la ciudadanía vota contra el texto del Consejo, “se cerraría un ciclo de procesos constituyentes, pero no se cierra en absoluto la puerta de poder cambiar el texto constitucional. Afirmar aquello sería desconocer dónde reside el poder constituyente originario”. En ese caso, dice, “debemos preparar reformas constitucionales en las demandas que fueron eje del estallido social y con las cuales aún tenemos una deuda como país: salud, educación, pensiones. Pero por otra parte debemos crear una agenda legislativa que nos permita hacernos cargo de las demandas más urgentes para devolver confianza en el pueblo de Chile, de que el Congreso Nacional legisla para dar solución efectiva a los problemas que aquejan a las chilenas y chilenos”.
Marco Enríquez-Ominami, quien asistió al encuentro “Chile vota en contra” opina que “hoy, a esta hora, no tengo razones para votar a favor del nuevo texto (...)” y cree que en caso de un nuevo rechazo en el plebiscito “simplemente hay que asumir que a partir de ahora habrá que ocuparse de los temas trascendentales como la seguridad, la educación, los temas de corto plazo en creación de empleo de mediano plazo, en derechos sociales de largo plazo, de cambio de modelo de desarrollo. Y si alguno de estos cambios requiere reforma constitucional, las hará el Congreso y pasaremos por la Constitución si es necesario. Pero lo sensato hoy es comprometerse a no seguir pidiendo un tercer proceso”.
Si es que gana el “En contra” en diciembre, desde el Socialismo Democrático y la Democracia Cristiana estarían por modificar la actual Constitución en el Congreso.
El diputado Eric Aedo (DC) dice que en la eventualidad de que el texto resultase rechazado, “el Congreso debiese tomar su rol constituyente de hacer las modificaciones necesarias para la buena marcha del país”.
Desde el Partido Socialista, su presidenta, Paulina Vodanovic, señala que se encuentra agotando todas las instancias para poder arribar a un diálogo amplio entre oposición y oficialismo. Sin embargo, el senador Juan Luis Castro (PS), es categórico al decir que “si triunfa el rechazo, ya no queda espacio político ni ciudadano para un nuevo proceso constituyente. Solo caben reformas por cuatro séptimos en el Parlamento”.
En el PPD, la presidenta de la tienda, Natalia Piergentili, ya manifestó que también apoyaría la idea de reformas a la actual Constitución y el diputado de la colectividad Raúl Soto coincide en que habría que "reformar lo que se pueda en el Congreso Nacional". Eso sí, transparenta la viabilidad de esa opción: "Tampoco es muy auspicioso dado el mal clima político que tenemos".
