El ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó la posibilidad de que el Gobierno decrete el cierre del penal Punta Peuco en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.
Una eventualidad que no descartó el Presidente Gabriel Boric en entrevista con Mesa Central de Tele 13 radio. "Hay distintas alternativas sobre Punta Peuco. Ese tipo de cosas se hacen, no se anuncian", señaló, añadiendo que "si es, sabrán. No quiero generar una polémica".
Al respecto, el secretario de Estado, indicó que "cuando uno ve el origen de Punta Peuco, que es un decreto supremo -en Chile los penales se crean por decreto supremo del ministerio de Justicia- el penal se crea en 1995 como un penal especial, ese es su origen, pero
como ha dicho el Presidente, si hay medidas que en ese caso se ejecutan y no se anuncian".
En cuanto al eventual cambio del destino penitenciario de Punta Peuco, Cordero afirmó que "eso es lo que puede pasar en cualquier tipo de penal. Lo cierto es que hoy día las personas que son condenados, que están ingresando condenadas por delito de violación de derechos humanos, hace un rato ya no están ingresando a Punta Peuco, sino que a Colina, porque Punta Peuco tiene capacidad para 130, hoy día está sobrepasada".
Consultado por el presunto levantamiento del secreto del informe Valech, el titular de Justicia partió por explicar que "hay una norma de secreto absoluto que luego, cuando se constituye el Instituto de Derechos Humanos (INDH), se permite a los funcionarios del instituto acceder a su contenido para efectos de sistematización de información y otras cosas similares".
"Durante largos años existió un debate, han existido fallos de por medio, jurisprudencia de la Contraloría, pero hoy día más bien el escenario está en las siguientes condiciones: cualquier persona que prestó su testimonio tiene derecho a solicitar su carpeta (…) lo segundo, es que una cantidad importante de las victimas que han decidido ejercer acciones, sea penales por un lado y sobre todo civiles, han accedido a copias de esos antecedentes para efectos de respaldar sus demandas y hay un tercer elemento, y es que las investigaciones penales, los jueces una vez que toman declaración a la víctima, preguntan si es posible acceder a esa información y si lo acepta, el juez oficia al INDH para que se entregue esa información", comentó.
En ese sentido, Cordero explicó que el Ejecutivo está bregando para que los funcionarios del Plan de Búsqueda asuman un rol similar al del Instituto.
"Es posible encontrar información que permita construir trayectorias de personas detenidas desaparecidas. Entonces, cuando el Presidente dice previo consentimiento y para el fin de Plan de Búsqueda, es poder tener en la indagación, en ese expediente, con reglas similares en el caso del personal de Plan de Búsqueda al que tiene el INDH y en el evento que existan antecedentes, que estos puedan ser utilizados previo consentimiento de las personas", precisó.
