En medio de los distintos debates que han surgido de cara a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, y en un ambiente que el propio Presidente Gabriel Boric ha reconocido como "eléctrico, cargado" -haciendo alusión a los enfrentamientos con la oposición-, el Gobierno busca seguir adelante con los desafíos de la jornada del próximo lunes, y marcar hitos y compromisos en materia de resguardo a la democracia y derechos humanos.
Uno de esos hitos, junto al reciente lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda, apuntaría a la posibilidad de que el Gobierno avance hacia una fórmula que permita levantar -en parte- el secreto de los testimonios contenidos en el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como "comisión Valech", creada en 2003 bajo el mandato del ex Presidente Ricardo Lagos.
Para dar forma a dicho informe, se recibieron los testimonios de más de 35.000 personas que vivieron prisión política y sufrieron tortura en el periodo de dictadura, entre el 11 de septiembre de 1973 y 10 de marzo de 1990.
En 2004, fue promulgada la ley 19.992 que establece que el secreto de los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas, se mantendrá durante un plazo de 50 años, los que quedarán bajo la custodia del Ministerio del Interior. Además, se recalca que "mientras rija el secreto previsto en este artículo, ninguna persona, grupo de personas, autoridad o magistratura tendrá acceso a lo señalado en el inciso primero de este artículo".
Ayer, el Presidente Boric comentó a Mesa Central de Canal 13 que -a raíz de otro de los debates instalados- su Gobierno jamás ha tenido la pretensión de instalar una "verdad" sobre el golpe de Estado, lo que sí, afirmó, es que "hay ciertos hechos que son verdades históricas indiscutibles, y que están legitimados por de Estado, que son la comisión Rettig y Valech...y están los fallos judiciales".
Un debate de larga data
El debate por levantar la reserva del informe de la Comisión Valech no es nuevo. Mientras quienes piden levantar el secreto han acusado en algunas instancias de "pactos de silencio", otros, que apuntan a mantener el resguardo del secreto, sostienen que se trata de respeto a las víctimas de los vejámenes y las violaciones a los derechos humanos que sufrieron.
En septiembre de 2017, el ex Presidente Ricardo Lagos, dijo estar
"dolido" por las acusaciones que precisamente apuntaban a un "pacto de silencio con los militares", respecto al secreto del informe. "
Lo que me duele es que algunos injurien, porque para mí es una injuria decir 'este señor hizo un pacto de silencio' (...) Tiene que ver con mi honor personal y con eso no se juega", manifestó Lagos en entrevista con La Tercera.
Los dichos se dieron en el contexto de la iniciativa de la ex Presidenta Michelle Bachelet, cuyo gobierno impulsaba una moción para levantar el secreto, en búsqueda de "avanzar en justicia". A fines de septiembre, la madre de la ex Presidenta, Ángela Jeria, también había manifestado su postura al respecto: "sería ideal, pero yo creo que hay que respetar los acuerdos", comentó.
Durante el desarrollo de la fallida ex Convención Constitucional, también se instaló el debate, luego que la Comisión de Derechos Humanos del extinto órgano aprobara una moción que buscaba derogar la cláusula de secreto. La iniciativa tuvo reacciones inmediatas por parte de los ex integrantes de la Comisión Valech, quienes a través de un comunicado, también firmado por Lagos, advirtieron que validar la moción en el Pleno "afectaría gravemente la fe pública y defraudaría a las propias víctimas y familias".
"Las víctimas, muchas fallecidas y entre las que viven, en su gran mayoría ya adultos mayores, merecen que se les respeten sus dolores, al igual que sus cónyuges, parejas, hijos e hijas, nietos y nietas, que en muchos casos no han conocido por años de los tormentos sufridos por sus familiares directos. Además, el secreto de los antecedentes, no rige para la víctima o en su caso respecto de sus familiares, en caso que esta hubiere muerto", señalaron en el texto.
Nuevas peticiones por los 50 años
Quien también ha impulsado en reiteradas ocasiones que se levante el secreto del informe Valech es la diputada PC y vicepresidenta de la Cámara, Carmen Hertz, quien junto a las parlamentarias Lorena Pizarro, María Candelaria Acevedo y Mercedes Bulnes, presentaron el año pasado un proyecto en esa línea.
La parlamentaria dijo a El Mercurio que "
el levantar el secreto del informe Valech es muy importante para hacer efectivo el Plan Nacional de Búsqueda para determinar el método de exterminio", y acusó que "seguir con ese secreto es contrario a los estándares internacionales, sin perjuicio de que la identidad de la víctima se mantenga en reserva a menos que lo autorice. El relato y los nombres de los agentes es fundamental para que el Plan Nacional de Búsqueda tenga efecto", indicó Hertz.
Esta semana, la abogada defensora de derechos humanos y demandante civil en casos de tortura Karinna Fernández, expresó a CNN Chile su rechazo "a la idea que se planteaba por algún senador de que esto era un compromiso, porque claramente el secreto es, y así lo establece el derecho internacional, un compromiso con la impunidad, con el silencio. Esos pactos de silencio es algo que está prohibido por el derecho internacional, pero además, se opone justamente al acceso a la información, que también es un derecho de la sociedad en su conjunto".
En tanto, el ex ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, dijo al citado medio que "a mí me costaría mucho tomar esa decisión (y pasar por encima de la voluntad de las víctimas), entonces cuál es la fórmula alternativa, es levantar con anonimato (...) La información que nos importa es saber quiénes son los victimarios para llevar a cabo las investigaciones y, en esas investigaciones, preguntarles ‘¿qué sabe usted?’, eso es lo que no sabemos, eso es lo que tenemos que buscar". agregó
Por su parte, esta mañana, el ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo a Tele13 Radio que "hay una norma de secreto absoluto que luego, cuando se constituye el Instituto de Derechos Humanos (INDH), se permite a los funcionarios del instituto acceder a su contenido para efectos de sistematización de información y otras cosas similares".
"Durante largos años existió un debate, han existido fallos de por medio, jurisprudencia de la Contraloría, pero hoy día más bien el escenario está en las siguientes condiciones: cualquier persona que prestó su testimonio tiene derecho a solicitar su carpeta (…) lo segundo, es que una cantidad importante de las víctimas que han decidido ejercer acciones, sea penales por un lado y sobre todo civiles, han accedido a copias de esos antecedentes para efectos de respaldar sus demandas y hay un tercer elemento, y es que las investigaciones penales, los jueces una vez que toman declaración a la víctima, preguntan si es posible acceder a esa información y si lo acepta, el juez oficia al INDH para que se entregue esa información", comentó.
