Por ocho votos a favor de sus consejeros, la oposición aprobó este lunes en la comisión de Función Jurisdiccional, la inclusión de un nuevo capítulo a la propuesta constitucional, bajo el título de "Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas".
De acuerdo a la enmiendas de unidad de propósito visada esta jornada, "el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, es un órgano dotado de personalidad jurídica, de carácter descentralizado funcionalmente y desconcentrado territorialmente. Se relacionará con el Presidente de la República a través del ministerio que tenga a su cargo las relaciones con el Poder Judicial".
"Este servicio tendrá por objeto garantizar el acceso a la justicia de conformidad a los derechos las garantías de acceso a la justicia e igualdad ante la ley consagradas en esta Constitución. En su funcionamiento, procurará poner a las personas en conocimiento de sus derechos, así como de los medios para ejercerlos, promoviendo para ello la utilización del arbitraje, la mediación y otros medios alternativos de resolución de conflictos", se lee en el texto.
La consejera Lorena Gallardo (RN) agradeció a republicanos y la UDI por apoyar la enmienda de su bancada, afirmando que la idea es "garantizar el acceso a la justicia a todos por igual y la Defensoría de las Víctimas es un anhelo justo, sin un color político determinado y que sólo esta enfocado a atender la demanda de miles de víctimas".
La consejera Gallardo lamentó las cuatro abstenciones del oficialismo en la votación, pese a que dijo que el viernes abordaron el tema con ellos. La consejera Ivon Guerra (UDI) celebró la aprobación del capítulo y el hecho de que la "Defensoría de las Víctimas tenga rango constitucional".
Ante las críticas hoy a las enmiendas de republicanos por parte del oficialismo, el presidente de la comisión, Antonio Barchiesi (republicanos), dijo que "yo lamento que en la Convención pasada controlada por la izquierda no hayan tenido la necesaria sintonía con los chilenos para avanzar en una Defensoría de las Víctimas. Lamento también que hace pocas semanas atrás la izquierda haya ido a la Corte Suprema para impedir por secretaría para que en este proceso incluyéramos el capítulo".
"Y lamento que hoy no hayamos aprobado con 12 votos a favor la creación de este capítulo y su contenido", recalcó Barchiesi, a la vez que criticó que desde el oficialismo cuestionaran el tipo de víctimas al que va enfocado el capítulo.
Más tarde la consejera aludida, María Pardo (CS), explicó que ellos pidieron votación separada de algunos artículos, ya que si bien compartían varios puntos, tenían diferencias con el que decía relación con "una unidad especializada a cargo de la defensa de ciertas víctimas relativas al ámbito de competencia de la Fiscalía supraterritorial".
A su juicio, lo que se hace "es priorizar a algunas víctimas respecto de las demás. Nos hemos referido a este inciso como aquel que se refiere a las víctimas VIP, nos parecen que son todas importantes". Según la consejera quedarían fuera las víctimas de robo con violencia, robo con intimidación y de delitos sexuales.
Por otra parte, en la comisión de Sistema Político llamó también la atención la aprobación una enmienda con votos de la oposición -salvo el de la consejera Gloria Hutt (Evópoli) que se abstuvo-, que establece que los culpables de acusaciones constitucionales, no podrán desempeñar funciones funciones públicas por cinco años, salvo que sean de elección popular.
